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Por Mauricio Ortín*
A principios de los años setenta, la sociedad y el gobierno presidido por el general Juan Domingo Perón recibió el ataque criminal sistémico de parte de las bandas marxistas ERP y Montoneros con el objetivo confeso de tomar el poder por las armas.
Los terroristas, muchos de los cuales habían sido entrenados en Cuba, declararon formalmente la guerra al estado de derecho. Decenas de proclamas y documentos así lo prueban; también, obviamente, los hechos de guerra mismos; tales como, toma de cuarteles, de pueblos y atentados homicidas contra aquellos que eran considerados enemigos de clase.
En semejantes circunstancias y luego de ensayar infructuosamente con tácticas de represión legales e ilegales (respectivamente, la represión a través de la policía y de la banda paramilitar Triple A), el gobierno constitucional decidió recurrir a las Fuerzas Armadas.
Era evidente que las fuerzas policiales, la federal y las provinciales, no estaban en condiciones de entenderse con semejante problema. Habían sido sobrepasadas.
La clase política y la mayoría de la sociedad recibió con alivio la orden de la presidente María Martínez de Perón para que el ejército se hiciera cargo. Era poner toda la carne al asador. A la guerra, guerra. Meses después, en la reunión que el presidente provisional Italo Lúder mantuvo con el general Jorge Rafael Videla, posterior al asalto al Regimiento de Infantería 29 de Formosa por parte de Montoneros, el poder político extendió mediante decreto a todo el territorio nacional la zona de operaciones militar, que hasta entonces se limitaba a la provincia de Tucumán.
El término “aniquilar” del documento oficial no deja dudas de lo que el gobierno solicitaba a las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo? ¡Como sea! Ni Lúder, ni Balbín, ni el Congreso Nacional, ni la Iglesia, ni los sindicatos plantearon objeción alguna. Eran ellos o nosotros.
Conviene recordar que las desapariciones y asesinatos de subversivos comenzaron a poco de asumir la presidencia Héctor Cámpora y no el 24 de marzo de 1976. El plan peronista de exterminio (es la palabra que usó Perón) a las bandas criminales ERP y Montoneros se extendió desde 1973 hasta 1980 (la masacre de Ezeiza en junio de 1973 y la represión a la Contraofensiva en 1980, marcan principio y final). Una verdadera política de Estado que se implementó en el gobierno constitucional y culminó durante el gobierno militar.
COMO FARSA
La historia se repite (pero como farsa, según Marx). A más de cuarenta años de los sangrientos años ’70 la situación de inseguridad en la ciudad de Rosario clama por una solución drástica y urgente. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ha reconocido la derrota del Estado a manos del narcotráfico. Ante el requerimiento de los periodistas, dijo: “Los narcos han ganado…”.
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por su parte, declaró que la provincia no puede sola con el narcotráfico y solicitó el apoyo de Aníbal, el derrotado.
La predecesora de este último, Sabina Frederic, ex integrante del gabinete de científicos del actual presidente, también dijo lo suyo. Pidió que nada menos que Messi haga una campaña para que los rosarinos entreguen las armas que están en su posesión ¡Genial! Seguro que los integrantes de la banda de Los Monos, si se los pide Messi, van a hacer cola para deshacerse de sus escopetas, pistolas y fusiles. Y se acabó el problema (Y, ya que está, que Messi le pida lo mismo a Vladimir Putin y chau guerra y viva la paz).
En un tono más responsable, Patricia Bullrich, ha señalado que si ella es presidente llamará a las Fuerzas Armadas para terminar con el problema de narcotráfico en Rosario. Hay que reconocer que su propuesta va por otro camino que la de Frederic. Las Fuerzas Armadas en los ’70 acabaron con un problema de inseguridad cien veces más homicida.
Ahora bien, cualquier militar con memoria puede decir “a esta película ya la vi y le conozco el final”. Con razón pueden sospechar que los van a usar para matar y morir; y, luego, con el trabajo sucio hecho, los van a entregar a la jauría de los fiscales y los abogados querellantes de lesa humanidad para que los difamen, persigan y condenen por violar los derechos humanos.
Y, ya pudriéndose en las cárceles, ni Patricia Bullrich, ni Carrió, ni Bergoglio, ni Alfredo Leuco, les acercarán un vaso con agua. Serán los genocidas de Rosario de Santa Fe, serán equiparados ellos con los nazis, y los narcotraficantes con las víctimas del Holocausto.
Para la izquierda y el kirchnerismo, los militares son el brazo armado de la burguesía. Ambos, según los textos de Trotsky, Lenin y Marx, colectivos a eliminar físicamente. Hagan lo que hagan están condenados. Por ende, señor jefe del Estado Mayor de la Fuerzas Armadas, antes de cumplir con una orden (de este o del próximo gobierno) que terminará de destruir lo poco que queda de las Fuerzas Armadas de la Nación: ¡Renuncie!
*Miembro del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta
Fuente La Prensa
