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Por Daniel Santoro
La ex presidenta firmó un decreto en el 2009 para que Vialidad Nacional tuvieron un manejo discrecional de las obras viales en Santa Cruz y direccionar las licitaciones a favor del empresario K. Y éste con las ganancias luego le pagaba “alquileres” a los Kirchner.
Los jueces del TOF 2 confirmaron una metodología de robo al Estado desarrollada durante más de 10 años que involucró el control de los Kirchner de los gobiernos nacional y de Santa Cruz y el reparto discrecional de unos 3.000 millones de dólares.
Los fundamentos muestran cómo Néstor y Cristina montaron una estructura de hombres de confianza en el Estado que se dedicó a beneficiar, con apariencia de legalidad, a Lázaro Báez, su socio comercial aunque no era amigo de la ex presidenta.
Lo hicieron, dicen los fundamentos de la condena a 6 años de la vice, con sobreprecios, pagos financieros adelantados -que no existían antes del 2003-, falta de control sobre las obras y un decreto presidencial de Cristina, el número 54 del 2009.
El circuito se cerraba cuando Báez pagaba, con las ganancias de los fondos del Estado “obtenidos ilegalmente” a los Kirchner por los “alquileres” de sus hoteles, entre otros negocios conjuntos. explicaron los jueces. Así los Kirchner podían aumentar su patrimonio en blanco ante la AFIP.
En los fundamentos se destacó que Cristina firmó el 29 de enero de 2009 el Decreto 54/2009 que “solucionaría la parálisis financiera de Vialidad Nacional y permitiría cambiar paulatinamente el modus operandi en relación a la forma de pagar del organismo”.
Además, “brindaría una opacidad ciertamente necesaria al accionar de Nelson Periotti en relación al pago de las obras, y habilitaría posteriormente la instauración de un nuevo beneficio en favor de las firmas controladas por Lázaro Antonio Báez”, agregó.
Además, ese decreto le sacó a Vialidad, a cargo de Nelson Periotti -otro de los condenados- “los límites hasta ahora impuestos por los decretos anteriores -en cuanto habilitaban el uso de los fondos del fideicomiso sólo en algunos casos concretos-, para liberar una vía de financiamiento totalmente discrecional al Administrador General de la DNV y exenta de los controles propios del presupuesto de la administración nacional”.
Para poner en marcha del “plan criminal” Cristina Kirchner “se involucró personalmente en los intereses empresarios de Austral SA y en el cese de su actividad comercial -y delictiva- en el ámbito de la obra pública vial en Santa Cruz, rubro que supo ser la fuente del lucro indebido obtenido por el empresario durante años y del cual se benefició económicamente la ex Presidenta y su núcleo familiar“, agregaron.
Esos “lazos promiscuos” que no distinguían el interés de lo público y lo privado, permitieron que la vice y Báez realizaban en paralelo a la obra pública “negocios inmobiliarios y hoteleros” mientras “en forma simultánea” se ejecutaba la maniobra de defraudación al Estado.
Así la maniobra defraudatoria que le permitió a Báez ser adjudicatario de 51 procesos licitatorios “de forma irregular y simulada”. Todo buscaba aparentar legalidad, pero la decisión estaba tomada con antelación: sistemáticamente debía ganar el mismo empresario”.
En cuanto al rol de la entonces Presidenta de la Nación, consignaron que “la comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente”.
Las maniobras tuvieron un “fin económico” en “beneficio del empresario y sus socios comerciales”, indicaron los jueces, quienes en el veredicto del juicio oral dispusieron que si la sentencia queda firme en la Cámara de Casación y la Corte se decomisen 84 mil millones de pesos entre los bienes de los condenados para recuperar lo robado al Estado. Se trata de una suma considerada producto del delito y récord en la historia judicial argentina.
En palabras de los jueces, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de 46.000 millones de pesos”.
Así calificaron la maniobra defraudatoria como “un esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”.
Fuente Clarin
