Escrivá endurece más el recargo a las rentas altas para pagar pensiones a petición del PDeCAT

El recargo a las rentas más altas para sufragar las pensiones, que el Gobierno ha denominado “de solidaridad”, será aún mayor que el acordado con los sindicatos en el borrador de la reforma del sistema. El Ejecutivo ha incluido en el real decreto ley, aprobado este jueves en el Consejo de Ministros —y que mañana se publicará en el Boletín Oficial del Estado—, una modificación a la propuesta inicial a petición del PDeCAT. El partido nacionalista, heredero de la liberal Convèrgencia i Unió, ha conseguido que esa contribución extra, que se aplica sobre la parte del salario que queda por encima de las bases máximas de cotización, tenga un carácter progresivo.

El texto definitivo contempla tres tramos diferentes, en contraste con la subida lineal pactada por el Ejecutivo y los sindicatos, que iba creciendo desde el 1% en 2025 hasta el 6% en 2045, a un ritmo de 25 décimas por año. Ahora, en cambio, el recargo dependerá de la cuantía de los salarios. Para las rentas que excedan en un 10% la base máxima de cotización —que actualmente se sitúa en 54.000 euros—, se aplicará entre un 0,92%, al principio del periodo, y un 5,5%, al final; para las que la superen entre un 10% y un 50%, la cotización adicional comenzará en el 1% y llegará hasta el 6%, mientras que para las que la excedan en más de un 50%, el recargo irá aumentando desde el 1,17% en 2025 hasta alcanzar el 7% en 2045.

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Puede parecer un lío, pero lo que ha ocurrido es que el Gobierno ha concentrado aún más el esfuerzo en las rentas más altas, profundizando en el espíritu del texto pactado con los sindicatos. Fuentes del Ministerio de Seguridad aseguran que este matiz tiene un efecto fiscal neutro. En otras palabras: en 2045, el recargo de solidaridad recaudará lo mismo, pero lo hará con un pequeño alivio para las clases medias respecto al proyecto inicial y una contribución incluso mayor a lo planteado en un principio para quienes superen los 90.000 o 100.000 euros, en función de cómo evolucionen los salarios.

Aunque sin entrar en cifras, el PDeCAT anunció esta modificación en una nota de presa enviada la noche de este miércoles, después de plantear la idea en la reunión de la Comisión del Pacto de Toledo que tuvo lugar esa misma tarde. “Si es realmente de solidaridad, tendría que ser progresiva no solo en su implantación, sino también en las cuantías sobre las que se aplica”, dijo entonces el diputado Genís Boadella, que también advirtió sobre la posibilidad de que acabase funcionando como un impuesto regresivo. Escrivá recogió el guante, y esta misma mañana reveló en el Consejo de Ministros la modificación, de la que ahora se conocen los detalles.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social reconocen que la mayor carga de esa contribución sobre la parte del salario que hasta el momento no cotizaba recaerá sobre la empresa, en una proporción de cinco a uno respecto al trabajador para cualquiera de los tres tramos establecidos por la norma. De hecho, la tasa de solidaridad ha sido uno de los argumentos esgrimidos por la patronal CEOE para rechazar la reforma, mientras que el Partido Popular ha denunciado que supone un “impuesto al talento”, responsable de que se grave más a las rentas más altas. No es exactamente así.

Hasta ahora, las bases máximas de cotización estaban topadas, es decir, a partir de una determinada cantidad (54.000 euros brutos anuales), el salario dejaba de contribuir a la Seguridad Social. La reforma aprobada este jueves por el Consejo de Ministros incrementa ese límite, a razón de 1,2 puntos anuales que se sumarán a la evolución del índice de precios de consumo (IPC). Pero el cambio, por sí mismo, no impedía que una parte del sueldo, la que estuviese por encima de la cifra calculada en cada momento, siguiese exenta de contribuir al sistema. El recargo de solidaridad pone fin a esa situación, aunque ahonda en la reducción de la contributividad —un pilar básico del modelo español— que ya generó el destope: las bases máximas subirán un 38% de aquí a mitad de siglo, 10 veces más que las pensiones máximas. En definitiva, los salarios más altos cada vez recibirán menos en comparación con lo que cotizaron previamente y, además, tendrán que contribuir por la parte que antes estaba liberada.

Escaso impacto sobre la recaudación

El recargo de solidaridad no es, ni mucho menos, la medida que más ayudará a asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social cifran su impacto sobre la recaudación en “algo más de una décima“ del PIB para 2050. Esta cifra contrasta con la del aumento de las bases máximas, que repercutirá “entre cuatro y cinco décimas”. El alza de ambas contribuciones será progresiva, hasta llegar a esos guarismos en la década de los cuarenta, coincidiendo con el momento de mayor tensión en el sistema por la masiva jubilación de la generación del baby boom, muy numerosa y con salarios elevados.

Sin embargo, el Gobierno reitera que, cuando se cruce el ecuador del siglo, la situación comenzará a mejorar. La intensidad del alivio dependerá de diferentes factores, como la evolución de los sueldos o el incremento de la población activa, muy condicionado por el impacto de la inmigración. El Ejecutivo presentará en las próximas semanas una previsión de ingresos y gastos que pondrá negro sobre blanco las cifras. Se trata de uno de los compromisos que había adquirido con Bruselas en el componente 30 del plan de recuperación, y que se ha ido retrasando ante la ausencia de acuerdo para la segunda parte de la reforma de las pensiones. En ambos casos, la Seguridad Social debería haber completado el hito antes del 31 de diciembre de 2022.

A falta de datos exactos, las primeras proyecciones del Ejecutivo indican que cerca de la mitad de la carga contributiva sobre los salarios no recaerá en las rentas altas, sino en todos los trabajadores. Lo hará a través del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una contribución del 0,6% que se aplica desde este año y que irá subiendo a un ritmo anual de una décima hasta situarse en el 1,2% entre 2029 y 2050. La recaudación, que Seguridad Social estima en unos 6.000 millones de euros al año, no irá destinada a sufragar las pensiones directamente, sino que alimentará el fondo de reserva, una suerte de hucha que sirve como salvaguarda del sistema por si vienen mal dadas.

El Gobierno prevé que esta caja se empiece a vaciar en 2032, pero a un ritmo muy lento. De hecho, el mayor montante se alcanzará “a principios de la década de los cuarenta”, según reveló Escrivá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Para entonces, el fondo de reserva de la Seguridad Social habrá acumulado entre 120.000 y 130.000 millones de euros. Según fuentes del ministerio, el ritmo de salidas se irá incrementando de forma constante a partir de ese momento, hasta alcanzar su máximo en 2050, con 0,82 puntos del PIB. Ese año, el último con el mecanismo en vigor, saldrá de la hucha el doble de lo que entrará.

En el conjunto del periodo, el mecanismo de equidad intergeneracional supondrá una recaudación media por ejercicio de unas cuatro décimas de PIB. Es una cifra similar a la del incremento de las bases máximas —aunque, a diferencia de estas, apenas crecerá a lo largo del tiempo—, y muy superior a la del recargo de solidaridad. No hay que olvidar que, según la última Encuesta de estructural salarial, del Instituto Nacional de Estadística, poco más del 6% de los españoles recibe un sueldo superior al de las bases máximas actuales. En este caso, el sensible aumento del esfuerzo de unos pocos equivaldrá al modesto aumento del esfuerzo de muchos.

Sumadas, las tres medidas solo suponen poco más de un punto de los 3,5 de recaudación adicional que, según reconocen en el Ministerio, harán falta para equilibrar el sistema durante las tres próximas décadas. El resto del esfuerzo corresponderá a las medidas aprobadas en 2021, durante la primera parte de la reforma. Entre ellas, están todo tipo de incentivos y penalizaciones para aproximar la edad real de jubilación a la edad teórica, además del diseño original del MEI, que se situaba en el 0,6% y solo iba a estar vigente en un principio hasta 2032.

La mayoría de los expertos no se cree las cuentas de Escrivá, que serán revisadas cada tres años por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Entre ellos, sus excompañeros del centro de estudios de BBVA y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), con los que el ministro mantiene un enfrentamiento constante durante los últimos meses. Pero la fe que importa para que la reforma llegue a buen puerto es la de la Comisión Europea, que de momento no ha puesto objeciones. Lo único que le interesa a Bruselas es que las cuentas cuadren. El cómo se deja a la voluntad política de los Estados, y en España el Gobierno progresista ha decidido garantizar el poder adquisitivo de las pensiones a costa de las rentas del trabajo.

Fuente El Confidencial