Por Iván Velázquez*
Dejando a un lado todo tipo de ideologías, credos y cuestiones subjetivas, el Estado argentino se encuentra ante un hecho tan duro como la realidad misma.
El Crimen Organizado a través del narcotráfico ha permeabilizado el tejido social del cual ha obtenido basamento para su arraigo y recursos humanos para llevar a cabo su accionar delictivo; no obstante para ello ha permeabilizado todas las estructuras del Estado generando un nuevo enemigo multidimensional ante el cual en el actual contexto en que nos encontramos con respecto al rol del primero en el ejercicio de su función propia se ve anulado en su capacidad para prevenirlo, detectarlo, combatirlo o neutralizarlo.
A raíz de un muerto por día, ciudades como Rosario en la Provincia de Santa Fe con una tasa de homicidios que iguala a las regiones más calientes del planeta en las que operan las más conocidas y principales bandas criminales del continente nos muestran empíricamente que la in-seguridad es ya una problemática que no puede esconderse bajo la alfombra de la agenda política del gobierno de turno y que por el contrario debe tomarse la iniciativa para hacer frente a este flagelo antes de que como se ha visto en otros lugares del mundo, fortalezcan su control territorial mediante el apoyo social por un lado y en el armamentístico por el otro logrando la militarización de sus organizaciones al punto que superen en poder de fuego, despliegue y logística a las del propio Estado.
Ante este cuadro crítico de situación y dadas las dimensiones en las que el narcotráfico opera siendo estas la social, la económica, la política y hasta la sanitaria entre otras a las cuales interrumpe en el normal desempeño del Estado en el que a veces puede lograr reemplazarlo o suplir su ausencia es que la lucha contra el narcotráfico debe ser considerada una cuestión de Seguridad de Estado.
De aquí podrán surgir distintas corrientes de opinión sobre si es conveniente la intervención de las Fuerzas Armadas previa modificación de la Ley de Seguridad Interior o si en su lugar deben actuar las Fuerzas de Seguridad o hasta incluso la intervención provincial; no obstante es menester actuar lo más pronto posible y para ello no hay que recurrir a soluciones mágicas, solo hay que tener la voluntad política de hacerlo y usar la inteligencia como se debe.
En efecto se necesitan fuerzas de seguridad, policiales y funcionarios judiciales bien formados y pagos, pero si consideramos a las organizaciones criminales como empresas podemos ver que el fin de toda organización es económico y por ende es este el combustible que le permite al motor criminal seguir operando y comprando voluntades para así mantenerse, consolidarse y expandirse por lo que no se precisa más que un buen sistema de inteligencia financiera y criminal para poder detectar y confiscar los activos puesto que sin estos, las organizaciones dejan de contar con el combustible necesario para su funcionamiento y sucumben.
Según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) el crimen organizado y el lavado de activos así como la inseguridad afectan tanto a la seguridad humana como al desarrollo y a la propia economía del país en la que genera una disrupción inyectado circulante que corriendo por fuera del circuito normal no hace otra cosa que destruir la misma fomentando el crecimiento de estas organizaciones.
Ahora sabiendo que no hace falta mucho más que voluntad y entrecruzamiento de bases de datos tales como la de AFIP y otros organismos de contralor financieros, entidades bancarias y la propia UAFE que sabe hasta que gastamos en el último mes para corrernos con una advertencia o en algunos casos si es de interés político con alguna inspección, ¿podemos creer que no es capaz de detectar los movimientos financieros de organizaciones criminales con vistas a confiscar sus activos porque carecen de la inteligencia e información necesaria y pecar de ingenuos?, ¿ O realmente se esconde algo más oscuro además de la falta de voluntad política?
Sea como sea, es imperativo que se adopten medidas para combatir a este flagelo más allá de dar bonitos shows frente a las cámaras con personal de las Fuerzas de Seguridad que además se encuentran atados de pies y manos y arbitrar los medios del Estado como la Inteligencia, el poder Judicial y el uso de la fuerza para dar batalla a este flagelo puesto que de lo contrario en breve no nos sorprenderá cuando los delincuentes se hagan del control territorial y libren sangrientas luchas urbanas contra las fuerzas del orden colgando cadáveres de los puentes o dejando decapitados en las calles como ocurren en otras partes del continente, situación a la cual distamos de estar tan solo a un paso.
*Licenciado en Seguridad.
Diplomado en Seguridad Ciudadana.
Experto universitario en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia.
Magister en políticas de defensa y Seguridad Internacional.