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En 2022 Kicillof firmó el decreto y comenzaron a entregar los 2.500 millones para camaras y seguridad, pero eso nunca se realizó. El Ministro de transporte, Jorge D onofrio, un hombre del riñón de Sergio Massa “no controlo” y ahora acusa a las empresas. -TNA-
El misterio detrás de los $2.500 millones que Axel Kicillof les mandó a los colectiveros y nadie sabe dónde están
Por Nicolás Diana
Los fondos millonarios los envió la Provincia a través de subsidios a las empresas de transporte. El dinero solo podía usarse para poner cámaras de seguridad, pero solo un 20% las instaló. La falla en los controles y las acusaciones de “malversación”.
Hay $2.500 millones que nadie sabe dónde están ni para qué se usaron. Son los fondos que el gobierno de Axel Kicillof les entregó a las empresas de transporte de colectivos para que instalen cámaras de seguridad en las unidades y que nunca se controló de manera adecuada a dónde fueron a parar. El destino de ese dinero es una incógnita y se convirtió en un escenario de acusaciones entre las empresas de transporte y los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
Los fondos millonarios se empezaron a entregar de manera mensual -en montos de $160 millones- a mediados de 2021 y en formato de subsidios provinciales tras una resolución que firmó Kicillof. Según anunció en ese momento la gobernación, el dinero solo podía ser usados para instalar cámaras en las casi 8 mil unidades de colectivos que dependen del distrito. Pero la plata, en la mayoría de los casos, no se destinó a las mejoras en seguridad y es un misterio qué pasó con esos fondos.
Solo un 20 por ciento de las empresas instalaron cámaras a pesar de que todas recibieron los subsidios. En el medio, no hubo controles de la Provincia para determinar para qué se usaron.
Desde la gestión Kicillof, tras el asesinato del chofer de la línea 620 Daniel Barrientos, salieron a acusar a las empresas de colectivos. El primero en hablar fue el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien sostuvo las responsabilizó por no invertir los subsidios.
El ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio también culpó a las compañías. Dijo que existió un “incumplimiento de parte de las empresas” y recordó que en 2018 se sancionó una Ley -durante la gestión de María Eugenia Vidal- en la Provincia que fue la que determinó que las empresas debían colocar las cámaras. “Pero eso no sucedió”, dijo D’Onofrio.
Uno de los cortes de choferes de colectivos tras el asesinato de Daniel Barrientos de la línea 620 de La Matanza. Foto Germán Adrasti.
Según admitió, Kicillof recién en 2021 “firmó un decreto por el cual se le dieron 2.500 millones de pesos en subsidios a las empresas para poner cámaras y chips” para registrar todo lo que pasaba en la unidades.
Pero más allá de las responsabilidades de las empresas, la Provincia nunca controló de manera completa el destino de esos fondos y recién tras la muerte de chofer Daniel Barrientos salió a culpar a las empresas de colectivos
El ministro de Seguridad bonaerense se apersonó en el corte de la General Paz y fue agredido físicamente por los allí presentes.
De hecho el lunes, tras el asesinato del chofer y luego de los golpes que recibió Sergio Berni, Kicillof acordó con la UTA -el gremio del transporte a nivel nacional- poner en marcha un “seguimiento” para controlar la instalación de las cámaras de seguridad.
Ese control tardío se hará a través de una Comisión de Seguimiento entre las carteras de Justicia, Seguridad y Transporte de la Provincia, a la que también se sumó Roberto Fernández, el titular de la UTA.
La falla en los controles
Desde el área de Transporte en la Provincia sostienen que en enero pasado presionaron a las empresas para que informen si habían instalado las cámaras y los chips -como los de un celular- que permiten una conexión a internet para transmitir los datos hasta los centros de monitoreo ubicados en La Plata y Mar del Plata.
Con ese relevamiento detectaron -un año y medio después del comienzo del envío de los fondos- que solo el 20 había instalado los dispositivos y que un porcentaje aún menor tenía los chips en funcionamiento. O sea, había empresas que tenían cámaras en las unidades que no transmitían nada.
Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en un robo en Virrey del Pino, La Matanza.
Hay un dato aún más inquietante sobre la falta de controles. Según la Ley, cada unidad debe pasar por un control de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que evalúa si cumple los requisitos de seguridad de seguridad que incluyen a las cámaras de monitoreo. ¿Cómo lo pasaban la mayoría de los colectivos que no tenían instalados los sistemas de video-control?
Con esos datos, siempre según fuentes de Transporte, intimaron a las empresas a ponerse al día. Pero el problema es que los fondos que habían mandado ya no estaban disponibles. Se habían destinado, en el mejor de los casos, a gastos corrientes. “Nos dicen que las usaron para cambiar cubiertas o costos operativos”, sostienen desde Transporte y acusan a las empresas de “malversación”.
Nada dicen de las fallas en los controles previos.
Fuente Clarin
