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Andrés Basso, otro de los jueces que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, denunció que su teléfono fue hackeado. La interferencia habría sido realizada por el mismo hacker que accedió a los mensajes de Rodrigo Giménez Uriburu, otro de los magistrados que firmaron la sentencia contra la vicepresidenta, cuando estaban alegando las defensas en el tramo final del juicio oral y público. Se trataría, además, de la misma persona que para la misma época accedió de manera ilegal al celular del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.
Basso había advertido problemas con su celular el 7 de septiembre pasado, cuando empezaban los alegatos de los abogados defensores, y lo denunció a la empresa que le presta el servicio. Pero ahora sabe que el celular de Giménez Uriburu corrió la misma suerte y por eso formalizó una denuncia judicial.
La causa está en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Gerardo Pollicita, que ya pidió las primeras medidas de prueba para conocer qué ocurrió con la línea telefónica del magistrado.
Estos casos se suman a los teléfonos intervenidos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Cámara de Casación, que al igual que los otros afectados integran el lote de jueces cuestionados por el kirchnerismo.
Los hackeos ocurrieron en la primera semana de septiembre, en el caso de Basso y Rodríguez Uriburu, y en octubre, en el caso de Borinsky. Pero había un antecedente de la vulnerabilidad de la intimidad de los jueces. En junio del año pasado se descubrió que los sobres con sus declaraciones juradas de bienes, que en parte son secretas, fueron vulnerados dentro de la oficina que los preservaba en el Consejo de la Magistratura.
Los jueces cuyas declaraciones juradas fueron vulneradas son los mismos que luego denunciaron que sus celulares fueron hackeados. Ahora se sabe que todos fueron víctimas de la misma maniobra realizada mediante un mecanismo por el cual un hacker duplicó la tarjeta SIM de esos teléfonos (SIM-Swap) y bajó la información de sus servicios de WhatsApp y Telegram.
Para duplicar la línea, el hacker llamó a la empresa de telefonía, dijo ser el titular de la línea y mencionó que necesitaba un nuevo chip. Tras contestar algunas preguntas con datos personales, recibió una nueva tarjeta SIM que colocó en otro teléfono y bajó toda la información de los servicios de mensajería asociados a ese número.
Tras la denuncia de la interferencia en el celular de D’Alessandro, la fiscal de la justicia de la Ciudad Daniela Dupuy estableció que quien realizó ese hackeo fue el misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, de 22 años.
El joven confesó que realizó esa tarea y que cobró 15.000 pesos por cada “objetivo”. Y que fue él quien consultó en el sistema Nosis los datos del juez Basso.
Pollicita instó la investigación penal y pidió la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es un organismo que depende de la Corte.
Fuentes judiciales dijeron a La Nación que Pollicita mencionó en su dictamen que el caso se inició cuando desconocidos lograron acceder, el 8 de septiembre de 2022 a las 20.30 horas, al control de la línea telefónica del juez Rodrigo Giménez Uriburu y a sus cuentas de Telegram y WhatsApp. Luego se intentaron posibles fraudes pidiendo plata en su nombre a personas de sus contactos.
Basso ahora denunció que el 30 de septiembre de 2022 perdió el control de su teléfono de Movistar, porque tramitaron una tarjeta SIM en su nombre. Por eso, el fiscal pidió a Movistar los datos para detectar las SIM cards, líneas telefónicas y sus titulares, dispositivos IMEI, IP de interés y proveedores del servicio de internet o compañías prestatarias del servicio celular involucrados en la maniobra. También busca localizar antenas y celdas de activación de esos dispositivos e individualizar los lugares geográficos y personas de interés. Asimismo, sugirió que se pida a la fiscal Dupuy copias de su causa y los elementos que dieron fundamento a las órdenes de allanamiento que realizó.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, denunció hace 15 días que fueron solicitadas cuatro líneas telefónicas a su nombre, cuando él no había contratado ningún teléfono. Se abrió una investigación penal ante la sospecha de que era el comienzo de otra maniobra para crear chats y diálogos inexistentes.
Fuente La Nacion
