Argentina
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Por Juan Archibaldo Lanús Entre los grandes estados del planeta, la Argentina, que ocupa el octavo lugar por su territorio, es el único que enfrenta crisis financieras recurrentes con efectos muy negativos sobre la economía e impactos desastrosos en las condiciones de vida de su pueblo.
¿Por qué habiendo logrado un relativamente exitoso modelo de bienestar y desarrollo, la Argentina ha caído en un ciclo de fracasos o ensayos fallidos?
Hacia 1960 gozábamos de un ingreso por habitante similar a Japón o España, un PBI equivalente a las economías de toda Latinoamérica, una baja desocupación e insignificante pobreza, pero desde hace más de cuatro décadas hay causas profundas que impiden su crecimiento.
Transformar el ahorro nacional en inversiones, manejar con acierto el déficit fiscal y presupuestario, son cuestiones aún por resolver como la indomable inflación. ¡Hasta el mito de la nación excepcional que fuimos ha caído en la abulia de la desesperanza popular!
A mi juicio la causa más directa es la siguiente. La economía real – producción, comercio y actividades bancarias esta engarzada en una trama de intereses que tiene por objetivo la provisión de un flujo permanente de recursos destinados a pagar las más altas tasas de interés del mundo a los titulares de la deuda pública que el Estado ha contraído.
Esta deuda es el fruto de una política iniciada en 1976 –y completada hacia principios del año 2000 – que está permanente garantizada por una extraterritorialidad institucional que los grupos dirigentes de casi todos los partidos han asegurado a través de la renuncia a la soberanía del propio Estado y de la prórroga de la jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York y Londres.
Esta desposesión de la soberanía del Estado beneficia a los políticos argentinos al sustraer los litigios judiciales de los tribunales locales donde sus responsabilidades serían más visibles a la opinión pública, ya que nadie se hace cargo de los compromisos generados por una política que condicionó a la economía real con obligaciones estatales, sin calcular el riesgo de su capacidad de repago.
No es la primera vez que nuestro país incurre en desaforadas quimeras. Cuando en 1890 cayó Juarez Celman, el mito del progreso permanente, el endiosamiento del dinero y éxito económico, se transformaron en una alucinación.
Carlos Pellegrini, el nuevo presidente, tuvo 9 días para pagar la deuda y la garantía de los ferrocarriles, pero en el Banco Nacional “no había nada”.
En 1891 , Miguel Cané , desde Europa, le escribió a Roque Sáenz Peña: “somos incapaces de gobernarnos, vivimos con verdadero espanto el porvenir“. Sin embargo, asumieron con realismo la responsabilidad de negociar con los acreedores y años después rescindieron todos los contratos de los ferrocarriles con cláusulas de garantía en oro, que insumían un tercio de los gastos del presupuesto. Un verdadero “robo”, como dijo el diputado cordobés Magnasco, que calificó esas operaciones como una “matufia”.
El caso argentino me parece claro. Contratamos con el FMI un empréstito superior a 11 veces nuestra cuota, de dificilísimo repago, a lo que debía sumarse la enorme deuda que el Estado venía arrastrando. A principios de este año 2023, de acuerdo a la ley de Presupuesto aprobada por el Congreso, la deuda del Estado es de 408.000 millones de USD, a la que se adicionará el año que viene 111.000 millones USD .
Al servicio de esa deuda que es el más grande rubro de los gastos presupuestarios, se suma el otro capítulo que es el endeudamiento “cuasi fiscal” del Banco Central , cuya independencia lo mantiene ajeno al control de los gobiernos y del Congreso.
La deuda de las LELIQ a cargo del Banco Central asciende a 13,9 billones de pesos, con una tasa de interés del 91%, subido el 15 de este mes al 97% anual, que al refinanciarse se convierte en una tasa anual efectiva de 145.5% El producto que antecedió a las LELIQ se llamaba LEBAC y fue creado hace más de veinte años por inspiración de un director del Banco Central quién a través de estos títulos pensó que la “codicia le vencería al temor“ .
Sin duda tuvo razón porque la Argentina paga las tasas más altas del mundo por su deuda pública. Esos dos ductos de megasubsidios – el nivel de las tasas de interés justifica esta calificación – a través de los cuales el sector público paga a los titulares de la deuda y de los inversores en títulos que emite el Banco Central, constituyen la principal causa de la inflación y del déficit público.
Y a pesar de tales fallidos experimentos, se ha proclamado una política antiinflacionaria que mantiene la creación de moneda sin limitaciones por el Banco Central, cuyas directrices están destinada a favorecer a grupos de inversores especulativos.
La sumisión que impone esta estructura institucional de dependencia ha creado un statu quo que los sucesivos gobiernos, por falta de imaginación o coraje, han preservado tanto política como legalmente.
Creada con la extraña complicidad de casi todos los representantes políticos durante más de 40 años, asegura los fondos necesarios para garantizar la renta de los capitales que han creado la estructura de dependencia que he descripto, pero frena el crecimiento y el bienestar de la población, y absorbe fondos que podrían destinarse a la educación, salud, inversiones productivas y mejorar los ingresos de los trabajadores.
Esta sumisión estructural de dependencia es la causa del estancamiento argentino. Deberíamos reflexionar con calma pero con urgencia, para encontrar un camino de salida de una política en la que nos ha encerrado la visión “neoliberal “ del proceso militar, y que a pesar de 40 años de democracia, continúa sin cambios en todo a lo que la deuda se refiere. Con patriotismo y sin vergüenza, tenemos que encontrar un nuevo rumbo con una esperanza de crecimiento y bienestar.
Porque como decía San Luis, lo que no se asume no se redime.
Juan Archibaldo Lanús es diplomático e historiador. Fue vicecanciller y embajador en Francia.
