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Sánchez acelera cambios para contener la crisis interna por el caso Salazar
Madrid, 8 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-En un intento de cortar de raíz la crisis política que golpea al oficialismo español, el presidente Pedro Sánchez ordenó una reconfiguración urgente en su entorno más cercano tras la aparición de nuevas implicaciones en el llamado “caso Salazar”, la investigación interna que sacude a Moncloa y profundiza el malestar dentro del PSOE. La salida de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de Presidencia, se convirtió este domingo en la medida más contundente adoptada por el Ejecutivo para distanciarse del escándalo y transmitir la idea de una reacción inmediata ante las denuncias de acoso sexual dirigidas contra Francisco Salazar, hasta hace pocos meses asesor de máxima confianza del presidente.
El cese de Hernández, señalado por las denunciantes como presunto “encubridor” de las conductas atribuidas a Salazar, se oficializará este martes 9 durante el Consejo de Ministros, y tendrá además consecuencias orgánicas: el funcionario abandonará también su puesto en la Ejecutiva del PSOE andaluz, donde ocupaba la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva. Fuentes gubernamentales consultadas describieron su salida como una decisión “acordada y compartida”, señalando que, desde que tuvo conocimiento pleno de las denuncias, el propio Hernández habría reconocido que su continuidad “no era sostenible”. Desde el entorno presidencial subrayaron que, pese a su dimisión, el exdirector “niega los hechos” y se aparta para no arrastrar más desgaste hacia el Gobierno.
La maniobra se precipitó tras trascender que el nombre de Hernández figura en las denuncias presentadas por varias trabajadoras de Moncloa, quienes describen un ambiente laboral “irrespirable” bajo la supervisión de Salazar, con comportamientos que, según relataron, iban desde comentarios hipersexualizados hasta gestos de abierta intimidación. Testimonios incorporados a la investigación interna revelan expresiones del asesor como peticiones para que las víctimas “enseñaran el escote” o elogios de carácter sexual sobre su vestimenta, incidentes que sirvieron para exponer un clima extendido de abuso de poder en el corazón del Ejecutivo.
La decisión de prescindir de Hernández se tomó en estrecha coordinación con el jefe de Gabinete, Diego Rubio, y con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, responsable a nivel partidario de la estructura en la que el funcionario también se desempeñaba. El movimiento confirma que la cúpula del PSOE busca eliminar cualquier rastro del entramado que permitió la continuidad de Salazar, y responde a la presión interna de un partido que exige mayor firmeza frente a denuncias de violencia machista.
Sánchez, consciente del impacto electoral y moral que atraviesa a las bases feministas del PSOE, intentó este fin de semana recomponer la iniciativa política durante los actos del Día de la Constitución. Allí asumió “en primera persona” la responsabilidad por la débil gestión inicial del caso y la lentitud de los mecanismos de actuación previstos en la comisión antiacoso, creada recién en mayo. El presidente se defendió de las acusaciones de connivencia asegurando que se trató de “un error no buscado” y reivindicó que, una vez estallada la crisis en julio, Salazar fue apartado de todos sus cargos y funciones. “No hemos sido conniventes, sino contundentes”, insistió.
Sin embargo, puertas adentro del Gobierno y del partido crece la percepción de que la reacción llegó tarde. Altos cargos reconocen hoy que “no se acompañó adecuadamente a las víctimas”, que “no se estuvo encima” del proceso y que la respuesta oficial padeció “deficiencias claras”. Incluso dentro del Ejecutivo admiten que las dilaciones asociadas a los tiempos jurídico-administrativos no justifican la falta de celeridad mostrada en una crisis que, advierten distintos referentes socialistas, puede tener consecuencias profundas en el electorado femenino, un sector clave para la supervivencia política del PSOE.
El clima interno es de “desolación”, reconocen fuentes partidarias, que observan cómo el caso avanza desde el terreno judicial hacia un golpe directo a la identidad política del socialismo español. La combinación de denuncias explícitas, errores de gestión y responsabilidades difusas amenaza con erosionar la credibilidad del Gobierno y proyecta un escenario de desgaste que Sánchez intenta, ahora con cambios acelerados, contener antes de que la crisis se transforme en un conflicto estructural dentro de su coalición.
