Vencido el ultimátum al Reino Unido, el Gobierno de Javier Milei prepara una ofensiva judicial internacional para detener el proyecto Sea Lion. La explotación, impulsada por una petrolera israelí y otra británica, contempla una inversión inicial de 1.800 millones de dólares y podría alcanzar una capacidad de producción de 180.000 barriles diarios en futuras etapas. Una resolución judicial argentina ya había ordenado suspender las actividades.
Buenos Aires – 13 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. El Gobierno argentino se dispone a llevar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, la controversia con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas, después de que venciera este lunes el ultimátum de dos semanas concedido a Londres para detener el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, desarrollado en aguas de la Cuenca Malvinas Norte. La decisión constituye una nueva etapa del reclamo argentino, que ahora busca transformar las protestas diplomáticas en medidas judiciales internacionales capaces de paralizar un emprendimiento de enorme importancia económica y estratégica para el Atlántico Sur.
La presentación, cuya formalización se espera durante esta semana, es coordinada por el canciller Pablo Quirno, con participación de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, y de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal. Hasta la mañana de este martes no se había confirmado públicamente el ingreso del pedido de medidas provisionales al Tribunal, una distinción importante porque el vencimiento de la intimación no implica por sí mismo la apertura de una causa en Hamburgo ni la suspensión automática de las operaciones.
La estrategia fue anunciada el 28 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei instruyó iniciar el mecanismo de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo inmediato es solicitar medidas provisionales para impedir que las empresas responsables de Sea Lion continúen avanzando en el desarrollo de los yacimientos mientras se sustancia el procedimiento arbitral, que podría extenderse durante varios años.
El emprendimiento está encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante. Ambas obtuvieron autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas del archipiélago, cuya legitimidad desconoce la Argentina por considerar que se trata de recursos naturales situados en una zona sometida a una controversia de soberanía reconocida internacionalmente.
Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Malvinas y a unos 480 kilómetros del territorio continental argentino, sobre aguas de aproximadamente 450 metros de profundidad. La inversión aprobada para su primera etapa asciende a unos 1.800 millones de dólares, con perforaciones de desarrollo previstas para comienzos de 2027 y el inicio de la producción durante el primer trimestre de 2028.
Las dimensiones económicas del proyecto ayudan a comprender la resistencia británica a cualquier suspensión. La primera etapa contempla una capacidad aproximada de 55.000 barriles diarios, mientras que los planes de ampliación anunciados podrían incorporar otras instalaciones flotantes y elevar la capacidad conjunta hasta 180.000 barriles diarios, siempre que se concreten las inversiones y autorizaciones previstas. No se trata solamente de una operación empresarial: el desarrollo de una industria petrolera de semejante magnitud podría modificar profundamente la estructura económica del archipiélago y consolidar durante décadas la presencia británica en el Atlántico Sur.
La posición argentina encuentra uno de sus fundamentos centrales en la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, que reconoció expresamente la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e instó a alcanzar una solución negociada. A ella se suma la Resolución 31/49 de 1976, que exhortó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente el proceso de negociación.
Desde Buenos Aires se considera que la autorización de nuevas perforaciones, la instalación de infraestructura petrolera y la extracción de hidrocarburos constituyen precisamente una alteración unilateral de la situación existente, con consecuencias económicas y ambientales que podrían resultar irreversibles. Londres, por su parte, sostiene que posee soberanía sobre las islas y defiende el derecho de sus habitantes a desarrollar los recursos económicos del territorio. El Reino Unido también invoca el referéndum celebrado en 2013, mientras la Argentina mantiene que aquella consulta no modifica la naturaleza de la controversia reconocida por las Naciones Unidas.
El desafío jurídico argentino radica en que el Tribunal del Mar no tiene competencia general para resolver la soberanía territorial sobre Malvinas. Por ello, la presentación deberá concentrarse en las obligaciones internacionales relacionadas con la protección del ambiente marino, la explotación de recursos y la preservación de los derechos de las partes mientras subsista la controversia.
El artículo 290 de la CONVEMAR permite que se adopten medidas provisionales cuando existan fundamentos suficientes para preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino. Sin embargo, los jueces deberán determinar primero si existe jurisdicción preliminar y si las circunstancias justifican una intervención urgente. La circunstancia de que la explotación comercial esté prevista para 2028 no elimina la posibilidad de una medida preventiva, pero obligará a demostrar qué actividades actuales o próximas podrían ocasionar perjuicios antes de que concluya el arbitraje.
La ofensiva internacional se suma a una decisión judicial argentina de especial importancia. El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras vinculadas con Sea Lion, al admitir parcialmente una acción preventiva promovida por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. La resolución también alcanzó perforaciones, instalaciones de extracción, infraestructura portuaria y otras actividades necesarias para desarrollar el emprendimiento.
Aunque esa cautelar tiene un alcance jurídico relevante dentro de la jurisdicción argentina, su ejecución efectiva frente a empresas y operaciones situadas bajo administración británica presenta obstáculos evidentes. Precisamente por ello, una eventual resolución internacional favorable tendría consecuencias diferentes, al colocar directamente al Reino Unido ante obligaciones derivadas del sistema de solución de controversias de la CONVEMAR.
La presión argentina ya produjo efectos comerciales concretos. El 5 de octubre, Rockhopper reconoció públicamente que dos contratistas vinculados con Sea Lion dejaron de cumplir sus compromisos, en medio de las medidas impulsadas desde Buenos Aires, y que las compañías trabajaban para reemplazarlos. El reconocimiento constituye un dato significativo: las advertencias legales argentinas comenzaron a afectar la cadena de proveedores de un proyecto que, hasta ahora, las empresas aseguran mantener dentro de sus cronogramas.
A la controversia diplomática se agregó un nuevo enfrentamiento por la intervención de Interpol. Según informaciones conocidas este martes en Londres, el Gobierno británico solicitó al organismo internacional rechazar eventuales notificaciones rojas promovidas por la Argentina contra personas involucradas en la explotación petrolera. Las autoridades británicas califican esas iniciativas como políticamente motivadas, mientras Buenos Aires sostiene que quienes participen en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina deben afrontar las consecuencias legales correspondientes. La eventual actuación de Interpol estará sujeta a sus propias normas, que prohíben intervenir en asuntos de carácter predominantemente político.
El conflicto presenta, además, una dimensión geopolítica que excede los intereses económicos de las compañías participantes. La intervención de capitales israelíes y británicos, la proyección de nuevas instalaciones energéticas y el eventual desarrollo de infraestructura portuaria y logística podrían reforzar la importancia estratégica de las Malvinas dentro del sistema de posiciones que el Reino Unido conserva en el Atlántico Sur. Para la Argentina, impedir que esas inversiones consoliden situaciones de hecho constituye un objetivo diplomático que trasciende al gobierno de turno.
El desenlace inmediato dependerá de que la Cancillería formalice su presentación en Hamburgo y consiga demostrar que el avance del proyecto requiere medidas urgentes de protección. Si el Tribunal admite el planteo, podría dictar restricciones mientras se constituye el tribunal arbitral; si lo rechaza, el procedimiento de fondo podría continuar, pero las petroleras conservarían un margen mayor para avanzar con las perforaciones programadas. Entretanto, Navitas y Rockhopper mantienen como objetivo comenzar a extraer petróleo en 2028, una fecha que convierte los próximos meses en un período decisivo para la estrategia jurídica argentina.
Fuentes consultadas: Cancillería argentina y comunicado oficial del 28 de septiembre de 2026; Ministerio Público Fiscal de la Nación; Tribunal Internacional del Derecho del Mar; Organización de las Naciones Unidas, resoluciones 2065 y 31/49; Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; Rockhopper Exploration, comunicaciones del 30 de septiembre y 5 de octubre de 2026; Navitas Petroleum; Infobae; La Nación; EFE; The Guardian.
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