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El ingreso mínimo vital (IMV) es la ayuda social aprobada en esta legislatura con una mayor tasa de cobertura, es decir, la que llega a un mayor porcentaje de los potenciales beneficiarios que auguró el Gobierno. Pero sigue sin ser suficiente. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la reciben 627.000 familias, de las 850.000 que preveía el departamento dirigido por José Luis Escrivá cuando la aprobó en la primavera de 2020. Esa es la versión oficial que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha desmontado en una opinión publicada este jueves. El Ejecutivo ha reaccionado de forma airada, en el enésimo enfrentamiento con el organismo presidido por Cristina Herrero.
Según la Autoridad Fiscal, la prestación solo llega a 284.000 hogares, menos de la mitad de los que presume el Gobierno en sus informes mensuales. “Los datos del ministerio son de altas, es que ha llegado a todos ellos, pero no contabiliza las bajas”, ha explicado Herrero. En otras palabras: el número de beneficiarios en 2022 era el que señala la AIReF, mientras que el Ejecutivo infla las cifras teniendo en cuenta todos los que lo han recibido a lo largo de los últimos tres años. “Es como si en pensiones sumásemos el número de pensionistas a lo largo de la historia“, ha remachado la presidenta de la institución.
Antes incluso de que acabase la rueda de prensa de la AIReF, fuentes del ministerio se han apresurado a deslegitimar el documento: “La opinión publicada hoy se ha elaborado sin interlocución con el área del ministerio que dirige esta política (la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social). Tampoco se desprende del informe que se haya contactado con los agentes colaboradores de la secretaría en el desarrollo e implementación de esta política: organizaciones del tercer sector, ayuntamientos, comunidades autónomas”.
La propia Herrero ha aclarado que, si no hubiese habido ese contacto, la Autoridad Fiscal no habría podido elaborar la opinión, que tiene un rango superior al de otros informes que elabora el organismo. De hecho, la AIReF ha mantenido dos reuniones con representantes del Gobierno y ha incorporado algunas de sus aportaciones “cualitativas” durante los 10 días que obliga la ley para que el Ejecutivo pueda hacer alegaciones. Sin embargo, no ha cambiado los datos. “Son inapelables”, ha dicho Herrero, antes de confirmar que envió el documento al ministerio dos semanas antes de su publicación.
No es la primera vez que Escrivá tienen un encontronazo con sus antiguos compañeros de la institución independiente, de la que fue presidente entre 2014 y 2020, antes de acceder al ministerio. Pero esta guerra ya es a campo abierto. El Gobierno considera que algunas de las cifras que aporta la AIReF “adolecen de escasa calidad” y acusa al organismo de sobreestimar el número de potenciales beneficiarios. “Las estimaciones para calcular potenciales beneficiarios —pieza central de la opinión— no tienen en cuenta, entre otros, los requisitos no económicos del IMV (residencia, composición y antigüedad de la unidad de convivencia), que son muy importantes, puesto que su no cumplimiento supone el 40% del total de denegaciones”. Esta discrepancia resulta fundamental, ya que, si la cifra de quienes podrían recibir la ayuda se reduce, la tasa de cobertura aumenta.
“Escasos avances”
La AIReF ve “escasos avances” en el despliegue de la medida respecto al primer informe que emitió por estas mismas fechas del año pasado, precisamente —entre otros aspectos— porque esa tasa de cobertura ha disminuido, al pasar del 40% al 35%, con un coste de 1.900 millones de euros, menos de la mitad del que podría llegar a tener. El organismo independiente establece un público potencial de 800.000 familias, frente a las 700.000 del año pasado. El Ejecutivo había situado la cifra en 850.000 cuando aprobó la medida, pero sin tener en cuenta los posibles perceptores del País Vasco y Navarra, debido a la falta de datos fiscales proporcionados por las haciendas forales.
Este aumento de los hogares que lo necesitan es el que explica el descenso de la tasa de cobertura, ya que la cifra de perceptores que calcula la AIReF es exactamente igual a la del año pasado. La propia Herrero ha lamentado que no exista un criterio objetivo para establecer el número de potenciales beneficiarios, lo que ha dado lugar a la controversia.
También persisten, a juicio de la AIReF, los mismos problemas que dificultan que esta política pública llegue a los hogares: una elevada tasa de familias que no la solicitan pese a tener derecho a ella, la dificultad de la Administración para detectar cuáles son las personas vulnerables, los solapamientos con las rentas mínimas de las comunidades autónomas y el alto porcentaje de revisión de la concesión y de su cuantía. Un dato: el 16% de los beneficiarios acaban viéndose obligados a devolver el subsidio cuando en septiembre del año siguiente se revisan las solicitudes, con una media de 2.500 euros por cada devolución.
En estos momentos, 469.000 familias españolas que podrían estar recibiendo el ingreso mínimo vital ni siquiera lo han solicitado. Esta tasa de non take-up (58%), como se conoce en la jerga, es similar a la del año pasado y a la de otros países europeos. Además, el 69% de las solicitudes se denegaron, en línea con lo reflejado en el informe anterior.
La Autoridad Fiscal aboga por imponer una declaración universal del IRPF que permita otorgar la ayuda de manera automática
Para mejorar estas cifras, la Autoridad Fiscal aboga por imponer una declaración universal del IRPF que permita otorgar la ayuda de manera automática a través de un descuento de impuestos a los hogares en esta situación, como ya se hace con otras medidas de apoyo a la maternidad, por ejemplo. Sin embargo, el director de Evaluación del organismo, José María Casado, ha evitado aclarar si la mejor opción sería concentrar todas las ayudas a los vulnerables a través de este mecanismo, como piden diferentes los expertos del laboratorio de ideas EsadeEcPol. Lo importante, ha dicho, es que los datos fiscales se compartan entre administraciones para que la concesión automática agilice los diferentes subsidios, como los energéticos, que también han sufrido graves problemas para llegar a sus destinatarios.
Son todos los que están
Como en muchas políticas públicas en España, el problema es que no están todos los que son. Sin embargo, sí son todos los que están. La AIReF pone el dedo en la llaga en el hecho de que muchos potenciales receptores no reciben el IMV, pero reconoce que quienes lo están recibiendo sí lo necesitan. Para evidenciarlo, la opinión certifica que dos de cada tres perceptores gozan de la paga desde 2020, y más de la mitad no ha recibido ningún salario en los tres años anteriores a la prestación. Además, el organismo aplaude la actualización del 15% aprobada por el Gobierno, que permite a cuatro de cada cinco familias que lo reciben mantener el poder adquisitivo a pesar de la persistente inflación.
El problema no es que los requisitos sean un coladero, como a veces se critica, sino todo lo contrario: las condiciones son demasiado exigentes y el proceso arduo —la media de tramitación alcanza los 120 días, y el Ejecutivo ha tenido que dar incentivos salariales a los interinos para que gestionen los expedientes en sus horas extra, como adelantó este periódico—, lo que deja a muchas familias fuera, sobre todo las que están peor informadas o van a obtener una cantidad menor. “Aunque no está desplegando su potencial, sí está llegando a los más vulnerables“, ha reconocido Herrero, en un discurso muy contenido en las críticas, que contrasta con la agresividad mostrada por el ministerio.
El ingreso mínimo vital (IMV) es la ayuda social aprobada en esta legislatura con una mayor tasa de cobertura, es decir, la que llega a un mayor porcentaje de los potenciales beneficiarios que auguró el Gobierno. Pero sigue sin ser suficiente. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la reciben 627.000 familias, de las 850.000 que preveía el departamento dirigido por José Luis Escrivá cuando la aprobó en la primavera de 2020. Esa es la versión oficial que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha desmontado en una opinión publicada este jueves. El Ejecutivo ha reaccionado de forma airada, en el enésimo enfrentamiento con el organismo presidido por Cristina Herrero.
Fuente El Confidencial
