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La desaparición de la joven Cecilia Strzyzowski es asimilada ya a un femicidio que salpica al poder político de Chaco. Inevitables resultan las comparaciones con la muerte de la adolescente María Soledad Morales en Catamarca, en 1990, y con el crimen de Leyla Nazar y Patricia Villalba en Santiago del Estero, en 2003.
Ambos antecedentes se caracterizaron por movilizaciones populares que, frente a las evidentes acciones de encubrimiento de los victimarios, exigieron el esclarecimiento de los crímenes, pero terminaron excediendo su fin inmediato, poniendo en jaque al poder político y posibilitando la caída de dos dinastías políticas: la de los Saadi en Catamarca y la de los Juárez en el distrito santiagueño.
En la mañana del 10 de septiembre de 1990, el cadáver de María Soledad Morales, de 17 años, fue hallado a un costado de la ruta 38. Dos días antes había concurrido a una fiesta con sus compañeras del colegio y no regresó a su casa. Había sido drogada, violada y asesinada. Desde un principio, se sospechó que las evidentes desprolijidades registradas en la fase inicial de la investigación policial apuntaron a ocultar la responsabilidad de “hijos del poder” catamarqueño. Entre otras acciones de encubrimiento, se denunció que el cuerpo de la adolescente había sido lavado antes de que se extrajera cualquier huella dactilar en oportunidad de la pericia forense. La indignación social frente a la escandalosa actuación policial y la desconfianza en un poder judicial dominado por el gobernador Ramón Saadi dio origen a las Marchas del Silencio. Estas fueron promovidas por las compañeras de María Soledad en el Colegio del Carmen y San José, junto a los padres de la víctima y la monja Marta Pelloni, rectora del establecimiento educacional. Las marchas fueron creciendo en número: primero, se extendieron a toda la comunidad educativa y, finalmente, terminaron convocando a toda la sociedad. La quinta y la sexta convocatoria reunieron a unas 15.000 personas, un número muy relevante para una capital provincial que albergaba a unos 100.000 habitantes.
La particular mística de esas marchas despertó la atención de todo el país y de la prensa nacional, que advirtió que esos estridentes gritos de silencio simbolizaban una protesta que iba más allá del esclarecimiento de un crimen. Expresaban los primeros síntomas de una reacción social contra una autocracia familiar que había convertido a Catamarca en un feudo y que había copado los tres poderes del Estado. El nepotismo del clan Saadi, las prácticas clientelistas y la falta de independencia de la Justicia provincial quedaron en evidencia, junto a la ineficacia y la ausencia de voluntad para hallar a los culpables de la muerte de María Soledad.
La dinastía Saadi comenzó a derrumbarse con la intervención federal dispuesta por el gobierno de Carlos Menem en abril de 1991. Ese mismo año, concluida la intervención, Ramón Saadi intentó volver al poder, pero fue derrotado en las urnas por el radical Arnoldo Castillo. La Justicia tardó mucho más: solo ocho años después de la muerte de María Soledad, condenó a Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional, a 21 años de prisión, y a Luis Tula, como partícipe secundario, a 9 años.
No era la primera vez, sin embargo, que el pueblo catamarqueño asumía grandes causas. En 1862, un grupo de mujeres encabezadas por Eulalia Ares de Bildoza, esposa de un coronel, tomó la Casa de Gobierno provincial para deponer al entonces gobernador, Moisés Omil, quien había arribado al poder luego de un irregular proceso electoral en una asamblea legislativa. Fue la llamada “revolución de las mujeres”, que forzó al mandatario provincial a huir a Tucumán.
El llamado doble crimen de La Dársena, acontecido en Santiago del Estero en el verano de 2003, también provocó fuertes consecuencias políticas, muy semejantes a las del caso de María Soledad. El caso se inició con la desaparición de dos jóvenes mujeres, Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba, cuyos cuerpos fueron encontrados en un descampado conocido como La Dársena, a unos 20 kilómetros de la capital santiagueña. Leyla había sido asesinada durante una fiesta de sexo y drogas, tras lo cual su cuerpo fue descuartizado, en tanto que a Patricia fue secuestrada y estrangulada pocas semanas más tarde porque sabía qué le había ocurrido a Leyla.
Miles de santiagueños se movilizaron en reiteradas ocasiones junto a los familiares de las víctimas ante la sospecha de maniobras para encubrir a los responsables de las muertes. Estas marchas de silencio también conmovieron los cimientos del régimen a cargo de Carlos Juárez y su esposa, Nina Aragonés, por entonces al frente de la gobernación provincial. Poco más de un año después del doble femicidio, el Congreso de la Nación dispuso la intervención federal de los tres poderes de Santiago del Estero, ante las denuncias de persecución política, espionaje, abuso policial y manipulación judicial que pesaban sobre el gobierno juarista. También en este caso, la justicia llegó más tarde: en 2008, Antonio Musa Azar, exjefe de Inteligencia de la provincia, fue condenado a prisión perpetua por violación y asesinato, al igual que tres policías.
No parece, al menos por ahora, probable que el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, enfrente las mismas consecuencias que vivieron los regímenes de Catamarca y Santiago del Estero, pese a que el estribillo “Fuera Coqui”, en alusión a su apodo, se hizo oír, y a que los imputados por la desaparición y el supuesto femicidio de Cecilia Strzyzowski acompañaran al mandatario provincial en listas de candidatos para las elecciones primarias de la provincia que se desarrollarán este domingo. Pero es claro que, hacia el futuro mediato, el gobierno provincial puede estar en problemas si la Justicia no actúa como de ella se espera.
De acuerdo con los analistas de opinión pública, Capitanich sigue siendo el favorito para retener la gobernación chaqueña. Sin embargo, los recientes episodios lo inhabilitarían para proyectarse más allá de su provincia. Cabe recordar que el mandatario provincial había sido mencionado en reiteradas ocasiones como potencial postulante a ocupar un lugar en la fórmula presidencial del kirchnerismo, una alternativa que hoy sí parece remota.
Cecilia Strzyzowski ingresó a la casa de sus suegros, el 2 de junio, poco después de las 9 de la mañana, y desde entonces no se la volvió a ver. Sus suegros son Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes se habían postulado como diputado provincial e intendenta de Resistencia, respectivamente, apoyando a Capitanich. Lideran una agrupación que recibe un fabuloso aporte de fondos públicos para el desarrollo de viviendas sociales –pata local del programa Sueños Compartidos, que concluyó en un escándalo años atrás–, además de desarrollar escuelas en las cuales no se duda en izar las banderas de Cuba y Venezuela ni en adoctrinar a los alumnos en el ideario socialista y en la promoción de la violencia que, según denuncias, ejerce Sena.
El alto nivel de cercanía política entre el gobernador y el citado matrimonio quedó en estos días en evidencia y hace posar los ojos en los perversos sistemas que alimentan el clientelismo con recursos públicos y fomentan la corrupción y la impunidad.
Fuente La Nacion
