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Segun una fuente calificada de Total News, habría indicios que parte de las pruebas y testigos son gestionados por gente que trabaja en la Secretaría de DDHH.
El desembolso de los fondos para la operación llegaría en forma de subsidios a la lechería, y otra actividad con formato de Cooperativas, como pagador intermediario, algo que de investigarse podría iluminar la causa.
La secretaria de DDHH se presenta como querellante para estar informado, y de esa forma, poder tener un control del daño.-TNA-
Adrián Martínez Moreira fue procesado por 62 hechos como organizador de una asociación ilícita, falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública junto a otras cuatro personas.
El juzgado federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires procesó a cinco personas como integrantes de una organización criminal que se dedica a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias.
Adrián Martínez Moreira fue procesado como organizador de la asociación ilícita y por otros delitos como falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública en 62 hechos. Junto a él, también fueron procesados como miembros de la asociación ilícita otras cuatro personas, Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.
En la causa se investigaron distintos hechos realizados por la organización con el objetivo de obtener beneficios económicos: a través de denuncias y pruebas falsas, se presentaron en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y expedientes vinculados al cobro de indemnizaciones contempladas en las leyes reparatorias por graves violaciones de derechos humanos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado.
De esta manera, se busca impulsar activamente este proceso para obtener una resolución judicial que permita dar claridad y transparencia ante estos hechos, que han tenido impacto en las víctimas y en la normal administración de justicia.
