Por Nicolas J
Avia Terai, Chaco, Argentina – En un nuevo episodio que sacude al país, una avioneta vinculada al narcotráfico se estrelló ayer con 300 kg de cocaína a bordo, en la localidad de Avia Terai. Sin embargo, las autoridades guardan un perturbador silencio, alimentando sospechas –ya bastante concretas- de desconocimiento, complicidad y financiamiento ilícito por parte de aquellos encargados de velar por la seguridad pública.
El gobierno nacional ha reiterado su negativa a aplicar la polémica ley de derribo, alegando que tal medida sería contraproducente. No obstante, estas acciones solo parecen encubrir una verdad incómoda: la estrecha relación entre el narcotráfico y algunos sectores gubernamentales. Es conocido por todos que, en los hangares de Ezeiza, se encuentran toneladas de efedrina y otros “materiales controlados” abandonados durante años, sin que nadie reclame su propiedad. Estos cargamentos sospechosos estarían asociados al empresario cercano al gobierno, Hugo Sigman. Ahora el fentanilo chino que inunda EEUU, ya hizo pie en Argentina.
El incidente ocurrido el pasado 18 de julio en Chaco pone en evidencia, una vez más, la preocupante falta de acción –por falta de órdenes- y el debilitamiento intencional de las fuerzas de seguridad interior y defensa del país, quienes parecen incapaces de frenar las intrusiones transfronterizas. Lo que una vez fue considerado un país solo de tránsito para el narcotráfico, ahora se ha convertido también en un importante centralizador de producción. Tema del que, por ejemplo, la Guardia Civil Española con asiento en Barcelona, asesorada por privados Argentinos con altos conocimientos al respecto, ha preferido ya no operar en conjunto con la Policía Federal Argentina –con quienes había iniciado trabajos hace un tiempo- dado que según fuentes de la fuerza Española, la misma carece de credibilidad de sus mandos y de sus mandantes superiores.
La problemática no encontrará una solución duradera mientras no se ataque los actores más encumbrados de la estructura política nacional, provincial, municipal y local. Son aquellos que se benefician financieramente del narcotráfico.
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Es necesario un enfoque integral que ataque las redes criminales desde sus raíces, incluyendo a aquellos actores liminares de la política, nexos, que operan en el terreno. Queda en tela de juicio –con bastante certeza de su complicidad- la capacidad de las agencias de inteligencia criminal para enfrentar esta creciente amenaza.
La creencia en un Estado de derecho y en la seguridad ciudadana se ve socavada por la omisión y la inacción de las autoridades, generando un profundo descontento y una sensación de impunidad en la sociedad. La lucha contra el narcotráfico requiere de un compromiso real y efectivo, así como de una total transparencia en la rendición de cuentas por parte de aquellos que tienen el deber de proteger a la población.
La avioneta caída en Avia Terai y los evidentes vínculos entre el narcotráfico y figuras políticas destacadas plantean un desafío urgente de intervención, auditoría y fuerte control para las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad nacional. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas para este nuevo período de gobierno que comenzará en Diciembre de 2023, para abordar esta preocupante situación, que socava los fundamentos de un Estado de derecho y pone en peligro la tranquilidad y el bienestar de todos los argentinos.
