Expresaron su malestar por los anuncios oficiales sobre un tipo de cambio a $340. Se publicó el decreto para las exportaciones de las economías regionales. El objetivo es que ingresen unos US$2000 millones antes del 31 de agosto.
La decisión del Gobierno nacional de elevar a $340 el dólar agro que ya rige para las economías regionales (por decreto publicado en el Boletín Oficial) e incluir al maíz, generó rechazos en diferentes sectores del campo.
La medida se tomó en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de que ingresen unos US$2000 millones hasta el 31 de agosto.
Si bien todavía no rige para el cereal hasta su oficialización en el Boletín Oficial, los ruralistas advirtieron que provocará distorsiones en el mercado y encarecerá los costos para productores de actividades intensivas que tienen al cereal como su principal insumo.
“Si hay algo que no nos da confianza, son las medidas que anunciaron anoche. Entendemos la necesidad del Gobierno ante la negociación del FMI, pero la confianza se genera tomando medidas claras, justas y previsibles en el tiempo”, aseguró el presidente de la SRA, Nicolás Pino, al encabezar, en la Exposición de Palermo, la apertura del encuentro donde este lunes participarán los principales candidatos presidenciales, incluido el ministro de Economía, Sergio Massa.
“Genera enormes distorsiones en toda la cadena de valor”, disparó, por su parte, Maizar, la entidad que reúne a la cadena de maíz.
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“El gigantesco Estado asistencialista genera desorden fiscal, endeudamiento público y emisión monetaria. Las víctimas de esto siempre han sido la inversión, el crecimiento y la generación de empleo. Es necesario el uso de instrumentos genuinos para enfrentar las distorsiones de las variables clave y a la vez dar previsibilidad y certidumbre”, agregó la entidad en un comunicado.
Desde Maizar indicaron que vienen promoviendo “de manera incansable las enormes oportunidades que tenemos para agregarle valor al maíz, como así también la búsqueda continua del aumento de producción del cultivo y sus productos de transformación, fomentando las inversiones, los esfuerzos conjuntos y la incorporación de tecnología, aprovechando el diferencial que tenemos para irrumpir en los mercados con productos con baja huella de carbono”.
Sin embargo, “este tipo de medidas intempestivas complejizan ese escenario alentador”, apuntaron.
Según la entidad presidida por Pedro Vigneau, esta medida frena la innovación, ocasiona problemas para el abastecimiento normal y deforma el mercado de maíz para exportar e industrializar a nivel local. “A su vez, denota la falta de reglas claras y de un panorama integral de hacia dónde queremos ir como país”, enfatizó.
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Asimismo, alertaron que “los mercados compradores internacionales toman nota de los cambios abruptos y constantes de la oferta argentina, y castiga con mermas de precios y decisiones de buscar maíz en otros países competidores”.
“De nada sirve seguir con parches, lo que sirve es una política agroindustrial federal, la eliminación de los derechos de exportación y una unificación del tipo de cambio. El gran desafío está en recuperar la cultura del trabajo, rescatando la transparencia competitiva y evitando la miopía estratégica y la actitud oportunista. La agrobioindustria siempre ha mostrado su compromiso con el desarrollo de nuestro país”, concluyeron.
En tanto, el reconocido consultor del mercado porcino, Juan Uccelli, evaluó que las nuevas medidas provocarán “un aumento sustancial” de costos para todos los que producen proteína animal, sin ninguna posibilidad de ser trasladados a precios.
“Es una nueva equivocación del gobierno de los errores cometidos, que terminan pagando las producciones de proteína animal”, apuntó.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), Fernando Storni, había adelantado su oposición a la resolución en diálogo con TN.
El dirigente consideró que un nuevo dólar agro “agravaría la situación y generaría una pérdida directa” por cada animal engordado. “Nos pondría nuevamente en jaque y provocaría una descapitalización, como se dio el año pasado en gran parte del segundo semestre, con empresas que no podían reponer hacienda en el marco de la sequía”, agregó.
Fuente TN
