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Por Mauricio J. Campos -Especial Total News Agency-
Segunda parte
Crecimiento exponencial
(2000-actualidad)
Hoy, desencadenada esta última etapa de transformación, y ya plenamente insertos en el siglo XXI, se pueden apreciar resultados y determinados índices como los que se exponen enseguida a modo ilustrativo.
En 2004, según el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (Lora, Cristian y Morales, Gabriel), había 38.000 vigiladores habilitados legalmente y otros 7.000 trabajando en negro en empresas no registradas, sumando 45.000 guardias privados contra 42.000 policías bonaerenses. El total de vigiladores en todo el país se estimaba en más de 100.000, contando la tercera parte de ellos con permiso para portar armas. Con solo 11 inspectores de la policía provincial, la Dirección General Fiscalizadora de agencias de seguridad privada llevó a cabo, en pocos meses, inspecciones en 532 agencias de las 754 existentes, encontrando irregularidades en el 94 % de ellas. Entre las anomalías destacaban el armamento y equipos de comunicaciones no declarados, así como vigiladores sin la autorización para portar dichas armas.
Para 2005, según datos de la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada, citados por el diario La Nación, en la provincia de Buenos Aires había 786 agencias de seguridad registradas con 38.255 vigiladores habilitados. En la ciudad de Buenos Aires estaban registradas 260 empresas de seguridad, con unos 11.000 vigiladores habilitados. Había además 7.600 objetivos denunciados donde las empresas cumplían tareas de vigilancia. Había nueve empresas de seguridad electrónica habilitadas para prestar servicio con alarmas instaladas en 12.000 domicilios particulares, bancos y compañías. “Pero puede calcularse que, por cada uno de los 50.000 vigiladores habilitados para trabajar en las dos jurisdicciones, hay otros tantos en negro. La mitad de los vigiladores que están en la calle son ilegales, coinciden diversas fuentes oficiales que se encargan de controlar esta actividad y que piden reserva de su identidad” (La Nación, 2005). CAESI agrupaba a unas 200 empresas que empleaban entre 85.000 y 90.000 vigiladores en todo el país. En el período de un año, entre 2004 y 2005, señalaba también La Nación, se realizaron 908 inspecciones y solo en 36 casos no se encontró ninguna falta. Otras 692 inspecciones derivaron en la apertura de causas por diversas irregularidades y 180 actas de inspección quedaron pendientes para resolver su calificación legal. En 2005, en la provincia había 830 causas iniciadas por haberse constatado actividades de seguridad sin autorización. Del total, 303 correspondían a agencias no habilitadas y el resto eran de serenos clandestinos.
Otro ejemplo, que cita el diario Nueva Era (2007): “Afirman que en el país hay más vigiladores privados que policías. Hay más de 200 mil hombres encargados de la seguridad privada, de los cuales unos 150 mil trabajan en empresas registradas y 50 mil en negro. Desde el 2001, la actividad creció un 5% anual”. En 2002, solo el sector de la seguridad electrónica cayó el 32 % (Revista Innovación, 2011).
En 2008, desde la Cámara de Diputados, se informaba que en la ciudad de Rosario, una de las más conflictivas del país por la proliferación del crimen organizado y el narcotráfico, se encontraban habilitadas 169 empresas para prestar el servicio de seguridad privada con un total registrado de 5.600 agentes efectivos. “Considerando que el número de efectivos policiales que prestan servicios en la ciudad de Rosario asciende a 4.500 policías, resulta evidente la necesidad de regular esta actividad, sumamente sensible al orden público y a la paz social” (Gutiérrez, Alicia). Para 2013, la cantidad de vigiladores en Santa Fe ascendía a 9.000.
La demanda del mercado de la seguridad en cuanto a tecnología (Baluarte, 2005), se concentraba en elementos para la prevención de incendios, sistemas biométricos, paneles de alarma, barreras para protección perimetral, cámaras (CCTV), sistemas de grabación digital, de intrusión, monitoreo satelital y controles de acceso. Argentina estaba a la vanguardia en la aplicación de seguridad electrónica en América Latina, pero muy por detrás de Estados Unidos, Japón, Israel y otros países de alta tecnología como Francia o Alemania. Los fabricantes exportaban sus productos a varios países de Sudamérica, Estados Unidos, México y Nueva Zelanda. En Europa llegaban a España, Portugal e Irlanda.
Sostenía Clarín en 2007: “10.000 son las personas que emplea actualmente el sector de seguridad electrónica, según los datos proporcionados por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica. CASEL agrupa a unas 70 empresas abocadas al diseño y montaje de redes electrónicas que se utilizan para satisfacer los requerimientos de seguridad de casas, oficinas, fábricas y bancos; y a las firmas que se dedican a la protección de datos. Este negocio creció un 15% en el último año y muchas empresas mejoraron su facturación entre un 30 y un 35%. El empuje económico incrementó el poder adquisitivo y, por consiguiente, la necesidad de garantizar la seguridad patrimonial, física y de los datos. Esta demanda de seguridad se tradujo en un incremento de los Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), los detectores de incendios, las alarmas de seguridad y cualquier dispositivo electrónico tendiente a crear una sensación de seguridad y mayor control en los lugares de trabajo”.
Para 2011, con el auspicio de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se presentaron los datos preliminares del estudio de mercado realizado por CASEL, concluyendo que las ganancias del sector llegaron a los 488 millones de dólares, estimando una tasa de crecimiento anual del 30 % y posibles ganancias de hasta 642,8 millones de dólares en 2012. La seguridad electrónica representaba el 16 % de la facturación total del mercado de la seguridad en Argentina (Revista Innovación, 2011).
Por otro lado, desde la revista Baluarte señalaba Ovalles (2005), la compleja situación con respecto al crecimiento delictivo y el aumento de la violencia, dado que en los años 80 se promediaron más de 400 mil delitos, en los 90 la cifra fue de más de 700 mil (con un aumento del 69 %) y, en la primera mitad del nuevo siglo (2000-2004), las estadísticas indicaban más de 1.200.000 (es decir, un incremento del 75 %). Dicho aumento fue más acentuado en provincia y Ciudad de Buenos Aires. Debido a este inquietante estado de inseguridad, se originó desde la gobernación un dudoso plan que intentaba coordinar el trabajo entre la policía y los vigiladores, para que estos “asuman su obligación legal de informar a la policía sobre cualquier hecho delictivo y hagan operativos conjuntos” con las fuerzas de seguridad oficiales, así como la controvertida idea de “prevenir o reprimir delitos y confeccionar un parte periódico sobre los hechos que observen” (Lora, Cristian y Morales, Gabriel, 2004). De igual manera, se puso sobre el tapete la existencia de empresas extranjeras de seguridad privada militarizadas, cuyo amplio espectro de acciones incluía el espionaje industrial y político.
Nuevamente en 2013, y a través de su portal de noticias, INFOBAE anunciaba que, en la provincia, los agentes de seguridad privada podrían actuar como policías, agregando que “si se aprueba el proyecto de un legislador (…) tendrían armas, acceso a información policial, y estarían habilitados para actuar incluso en cortes de calles”. Estos proyectos, surgidos en la Legislatura, despertaron un fuerte rechazo ante la posibilidad de que los vigiladores y custodios contaran con atribuciones propias de la policía.
Señalaba Paz (2013, citado por INFOBAE): “La seguridad privada no es autoridad pública ni puede ejercer su tarea como tal, no tiene por fin el perseguir el delito, no puede realizar requisas personales o de vehículos, no puede realizar detenciones ni allanamientos ni acciones de desalojo, ni ser un elemento de represión, sino que le cabe fundamentalmente dentro de su ámbito y en forma restrictiva la tarea preventiva de vigilancia, disuasión y alerta temprana” (Art. 1 al 3 y 14 de la Ley 12.297). En público, la única opción legal es la de todo ciudadano: la legítima defensa (La Nación, 2001).
En esa misma fecha, INFOBAE (2013), exponía los datos aportados en el trabajo titulado El fenómeno actual de la Seguridad Privada en América Latina y su impacto sobre la Seguridad Pública, realizada por José Gabriel Paz, director del Instituto de Geopolítica, Defensa y Seguridad de la Universidad del Salvador, Argentina. El texto fue presentado en el V Congreso Internacional: Retos y Perspectivas de la Seguridad Pública, que tuvo lugar en noviembre de 2012 en la Universidad de Guadalajara, México.
Del informe se desprendían las siguientes cifras, expresando el artículo Agentes de seguridad privada duplican a los policías en la región de INFOBAE, que esto sucedía “ante la impotencia y la complicidad del poder público contra el delito” y que, de esta manera, “crecen las empresas que pretenden cubrir el vacío”.
Sobre 16 países de América Latina encuestados o relevados, se constató la existencia de 1.460.179 oficiales de policía. Los agentes de seguridad privada ascendían a 3.262.290, es decir, un 223 % más. Entre los ejemplos, se citan a Guatemala, con 22.655 policías y 120.000 custodios (530 %), y a Brasil, con 330.940 policías y 1.675.415 guardias privados (506 %). Por otro lado, Bolivia representaba el extremo opuesto con 36.045 policías y apenas 500 custodios privados (1 %). Solo en Perú y El Salvador la fuerza pública superaba al ámbito privado. De las 8.000 empresas privadas de México, solo el 8,2 % contaban con registro, mientras que en Brasil, las compañías ilegales ascendían a más de 3.000.
Otra vez vuelve a plantearse el tema de las organizaciones militarizadas, de las cuales explica Paz (2013): “Son estructuras privadas de gran envergadura que ofrecen un amplio espectro de servicios, medios y milicias de carácter multinacional. Difieren de las anteriores en que sus prestaciones son de naturaleza militar, tales como protección armada de personas físicas, jurídicas o instalaciones en zonas sensibles o de conflicto, actividades de reconocimiento y vigilancia terrestre, marítimo, aeronáutico y satelital, resguardo de infraestructuras críticas y objetivos estratégicos, entrenamiento militar, logística e inteligencia, apoyo a actividades de combate, y un sinnúmero de otras operaciones vinculadas con el campo de lo militar”. Varias de estas todavía trabajan en Argentina.
En su artículo Espías y vigilantes, Santiago O´Donnell (2013) expone, a partir de la publicación de 200 documentos de unas 80 empresas de la industria privada, revelados por Wikileaks y distintos medios periodísticos internacionales, que “las nuevas tecnologías de espionaje masivo vulneran todas las barreras posibles del derecho a la privacidad” y ejemplifica con ofertas que incluyen misiles y sistemas antiaéreos; sensores y radares; equipos de detección de armas químicas y explosivos nucleares. En la fecha señalada, una de estas compañías ocupaba más de 25.000 empleados en todo el mundo en 700 proyectos en 80 países para más de 400 clientes.
Según datos aportados por Saavedra (2014), una investigación de 2012 estimaba que el sector de la seguridad privada empleaba entre 19.5 y 25.5 millones de personas a escala mundial. Luego, señalaba: “Las empresas de seguridad tienen entre 1.7 y 3.7 millones de armas de fuego livianas y pequeñas a nivel internacional. Este estimado se basa en una extrapolación de los inventarios reportados. Si se incluyeran las armas no declaradas e ilegales, evidentemente este número se incrementaría notablemente”. Como ejemplo, basta con citar que a principios de 2023 fue asaltado un depósito de armas ubicado en la provincia de Buenos Aires, perteneciente a una conocida agencia prestadora de servicios de seguridad cuyos dueños fueron procesados por robos millonarios contra sus propios clientes. En este caso, el robo a la empresa de seguridad y transporte de caudales incluyó 88 armas de fuego, entre ellas, 45 pistolas, 10 escopetas de alto calibre y 23 chalecos antibalas. El artículo agregaba que, “el saqueo genera mucha preocupación pues se cree que todo va a parar al mercado negro y hechos de violencia delictual”.
En 2018, señalaba Clarín que “en el país, el ejército de la seguridad privada ya cuenta con 250 mil hombres y mujeres. Cerca del 70% están en Capital y la provincia de Buenos Aires. Unos 175 mil en total. En esas mismas jurisdicciones, las Policía de la Ciudad y la bonaerense suman entre las dos alrededor de 115.000 oficiales. Pero cerca del 45% está en la informalidad, según las estimaciones de las cámaras del sector. Esa fue una de las problemáticas que se abordaron en las mesas de trabajo en el VIII Encuentro de Seguridad Privada, organizado por las cámaras CAESBA y CAESI”. La mayoría de los custodios privados se desempeñaban en el sector público, los eventos deportivos (desde 2011, en el fútbol) y los comercios. Solo el 10 % eran mujeres, integradas en sectores específicos como aerolíneas, supermercados o en recepciones de empresas y edificios.
El artículo de Clarín también aborda la aplicación de los avances tecnológicos, desde el habitual seguimiento satelital de vehículos para evitar la piratería, hasta la incorporación de las nuevas variantes (y polémico rol) de los llamados vigiladores tótem, que observan a través de pantallas ubicadas en los accesos de los edificios y empresas y que son controladas por medio del monitoreo a distancia. Además de los asistentes virtuales, actualmente se ha extendido el uso de las cámaras de reconocimiento facial, las bombas de humo no tóxico y se experimenta con perros-robots, diseñados utilizando la inteligencia artificial (IA). Añade La Nación (2022) que “hay una tendencia mundial hacia la auto instalación de productos y el monitoreo y control a través del teléfono celular. Aunque en Latinoamérica la adopción de este tipo de productos es más lenta por un tema cultural”. Actualmente los drones también juegan un rol esencial.
De los datos aportados por la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad Privada e Investigación (CAESI) y difundidos por La Nación (2019), se desprendía la existencia de 140.000 vigiladores empleados por el sector, aunque el estimado era de 200.000, con el 40 % trabajando en la informalidad.
Poco después, el portal de noticias Río Negro (Torrengo, entrevista a Valcarce, 2019), destacaba “cómo un verdadero ejército de 150.000 personas, a menudo precarizadas, trabaja para un sector que factura 25.000 millones de pesos al año. La inseguridad es su principal alimento”. Las cifras varían según la información de los distintos medios, lo que da la pauta de las dificultades que ha de enfrentar también el Estado al intentar regular la actividad. Pero los datos, sugeridos por el artículo para esa fecha, indicaban 3.000 custodios armados, destinados fundamentalmente al transporte de caudales.
Otros datos, incorporados en la nota y extraídos del INDEC, señalaban que:
- El 85 % de las empresas de seguridad ofrece servicios de vigilancia y el 68 % brinda prestaciones de seguridad electrónica (alarmas, cámaras de vídeo o seguimiento satelital).
- Existe una amplia oferta de servicios móviles: custodia de mercaderías, transporte de valores, prestación que hace el 52 % de las empresas.
- Solo el 16 % de ellas transporta valores.
- El 37 % ofrece servicios de seguimientos, averiguaciones o de consultoría y auditoría.
- Prosegur y Securitas son las compañías líderes en el mercado argentino de seguridad privada. Tienen 15.000 empleados cada una. En segundo lugar está G4S Search, con 4.000.
- Las tres firmas comparten una característica: son filiales de grandes grupos internacionales que operan Europa, Asia y América, cotizan en bolsa y son controladas por capitales extranjeros.
- De las 1.719 empresas de seguridad que funcionan en la Argentina, 23 de ellas tienen más de 1.000 empleados; 25, entre 500 y mil; 105, entre 200 y 449; 149, entre 100 y 199; 242, entre 50 y 99; 854, entre 1 y 10.
En este punto, cabe recordar lo establecido por el artículo 23 de la ley 12.297, que especifica: “Las empresas de seguridad privada no podrán contar con más de mil (1.000) personas. Si existiera asociación o unión transitoria, las empresas deberán dar cuenta de ello a la Autoridad de Aplicación en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos. El incumplimiento de dicha obligación traerá aparejada la cancelación de la habilitación. La Autoridad de Aplicación evaluará la procedencia del pedido atendiendo a razones de interés o seguridad pública debiendo en todos los casos tener presente el número de personas que habrán de integrarlas”.
En el transcurso de la Cumbre Iberoamericana de Seguridad Privada, organizada por la revista Seguridad en América (México, 2020), la Cámara de Empresas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (CAESBA), dio a conocer los siguientes datos con respecto a nuestro país, situación no muy distinta a la acaecida en la región.
Según las cifras totales aportadas para este período, de las aproximadamente 1.000 empresas de monitoreo de alarmas existentes, tan solo el 30 % desempeñaba tareas en el ámbito de la formalidad; el restante 70 %, lo hacía en la informalidad. La cantidad de los clientes captados, llegaba a 300.000. Por otro lado, de las 900 empresas de seguridad física, apenas el 70 % se encuadraba en la formalidad pero, junto al restante 30 %, movilizaban una fuerza de 200.000 vigiladores, de los cuales solo el 60 % estaba registrado. Los vehículos destinados a las labores de seguridad en los principales centros urbanos (Rosario, Mendoza, Córdoba, CABA y provincia de Buenos Aires), ascendía a 20.000. Solo el 22 % del mercado era explotado por empresas locales, siendo el resto absorbido por corporaciones multinacionales, con un monto de 625 millones de dólares involucrado en las transacciones.
En 2021, y con motivo de cumplir su 50° aniversario, la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad Privada e Investigación (CAESI), organizó un Congreso en el cual se reunieron “especialistas, representantes de las empresas que integran CAESI, proveedores de la industria, funcionarios nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que abordaron los principales temas que integran la agenda de esta actividad” (Visión, 2021) y donde se remarcó en repetidas oportunidades la necesidad de impulsar una ley nacional de seguridad privada, federal, que regule la actividad en todo el país y establezca la uniformidad de criterios legales. Dicha cámara está integrada por 300 empresas que controlan el 90 % del sector. Se abordaron, entre los principales temas, la importancia de la articulación entre la seguridad pública y la seguridad privada, la integración de los diferentes sistemas (con énfasis en la automatización), la gestión de eventos masivos, la inclusión de género y discapacidad, la mejora en la calidad de los servicios prestados y la capacitación.
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