Riesgo de apagón general en Gran Canaria, como el sufrido en La Gomera>

Antonio Morales ha exigido al Ministerio acciones urgentes para acabar con la inseguridad y el riesgo de apagón general en Gran Canaria, porque como ha advertido, «estamos ante un riesgo de cero energético que es fruto de la inacción, el desconocimiento y el olvido de Canarias, y no podemos seguir dependiendo de un Ministerio que desconoce nuestra realidad».

De los 100 grupos de generación de energía instalados en Canarias, más de 60 tienen superan los 25 años y muchos incluso los 40, cuando su vida útil es de 25 y que no se han instalado nuevos en la última década.

El archipiélago vive «la inacción, el desconocimiento, la desidia y el olvido de Canarias», por lo que aseveró que «no podemos seguir dependiendo de un Ministerio, da lo mismo el color, que desconoce nuestra realidad, nuestra singularidad«.

El sistema eléctrico canario actual presenta una fragilidad especial, por su condición de insularidad y aislamiento. Una situación precaria que, en la última década, se ha vuelto peligrosamente insegura, por la falta de inversiones para sustituir los grupos de generación obsoletos. «Un hecho que se ocultó a los cabildos insulares, que tuvieron conocimiento de ello este verano, tras el apagón que se produjo en La Gomera«.

Mantuvo que, de acuerdo con la actual normativa, corresponde al Miteco sacar un concurso público y financiar los equipos de nueva generación. «Pero eso no se ha hecho». Y este panorama «se agrava por el hecho de que se hace mucho más complicado el mantenimiento de los equipos existentes y operativos, porque Red Eléctrica de España (REE) informa negativamente, ya que, si los paran para mantenerlos, dejarían de generar lo que necesita la isla». Endesa, ha dicho, «se salta estos informes negativos, porque su cumplimiento pondría en riesgo las infraestructuras energéticas y las vidas de los operarios«.

En este escenario, puso de relieve que los riesgos aumentan cada día y que sería necesario un real decreto ley para atajar la inacción de estos últimos 10-15 años, para inversiones nuevas, para desmantelar lo obsoleto y para generar un modelo descentralizado y distribuido. «Desgraciadamente, estamos ante un riesgo que no se va a solucionar en breve y lo peor es que una verdadera emergencia los obligaría a actuar, pero después de haber causado un daño irreversible a la isla«, subrayó.

Buenas intenciones, efecto perverso

Es la ‘Ley 17/2013 de 29 de octubre, para la garantía de suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos extrapeninsulares’, la que se impide a Endesa incorporar nueva potencia e invertir en nuevos grupos, y obliga a realizar una convocatoria pública de libre concurrencia para poner en marcha cualquier iniciativa en este sentido. Una norma que buscaba no dejar la generación de energía solo en manos de Endesa, automáticamente, y que abre a cualquier otra empresa la posibilidad de invertir, con el visto bueno de los gobiernos canario y central, que reconocería el coste y lo pagaría el sistema.

«Las intenciones no eran malas, pero el efecto ha sido perverso«. Y diez años después, el concurso no se ha hecho y, en estos momentos, el retraso en garantizar la seguridad energética canaria ya es de entre 10 y 15 años», aseveró. Y es que, tal y como detalló, de los 100 grupos de generación existentes en Canarias, más de 60 tienen superan 25 años, e incluso muchos de ellos los 40, cuando la vida útil de estos grupos es de 25. Además, en la última década, no se ha instalado un grupo nuevo en el archipiélago. «Después de 25 años, estos grupos dejan de estar en las mejores condiciones y muchos pasan a estar inoperativos y, en esos casos, Endesa los da de baja«, describió. »El Ministerio los debería reponer a través de un concurso público, pero eso no se ha hecho«, sentenció.

Del mismo modo, indicó que la seguridad del sistema energético insular requiere que cada isla disponga de dos plantas de generación. Y, actualmente, Gran Canaria y Tenerife, junto a otras, solo cuentan con una. En concreto, se trata de las centrales principales de Juan Grande y Granadilla, y las de Jinámar y Caletillas, aunque estas últimas están bajo mínimos y prácticamente inoperativas.

El informe de este 2023, ha advertido, habla de problemas muy serios, cifra un déficit de 180 MW en Tenerife y de 120 MW en Gran Canaria, y prevé que, en enero de 2024, ese déficit será superior a los 300 MW en las dos islas y, en total, faltarán 1.000 MW en todo el archipiélago.