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A la quinta puede ser que sea la vencida. La Ciudad de la Justicia, el proyecto de reunificar las 28 sedes judiciales de Madrid en un único emplazamiento, vuelve a resurgir de sus cenizas, después de tres intentos previos frustrados y una renuncia a acometerlo. Vuelve, aunque con algunos cambios: menos edificios esta vez, sólo uno de ellos con singularidad arquitectónica, y la vuelta a la gestión directa.
En este punto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se enmienda a sí mismo y abandona la idea de dar una concesión a una empresa que se encargue de la construcción, gestión, mantenimiento y explotación de la Ciudad de la Justicia a cambio de un canon. En su lugar, sacará un concurso público de proyecto y obras y asumirá directamente el coste y la explotación de las instalaciones. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha tardado poco más de tres meses en poner a rodar nuevamente esta idea de unificar las sedes judiciales, ahora desperdigadas por Madrid.
La historia de esta ambición comenzó en 2005, cuando la presidenta Esperanza Aguirre anunció el Campus de la Justicia, un megaproyecto en Valdebebas donde los mejores arquitectos del mundo construirían espectaculares edificios. Aquello comenzó con un presupuesto de 500 millones de euros de la época, pero en 2009 se paró la construcción, con sólo un inmueble levantado –el ‘donut’, que ahora se ha recuperado como Instituto de Medicina Legal–: la crisis económica se lo llevó por delante.
Aquel primer Campus era promovido y gestionado por una sociedad pública adscrita a la Consejería de Justicia. Al pararse la obra, la sociedad pública fue liquidada.
El siguiente presidente regional, Ignacio González, recuperó la idea con algunos cambios: lo llamó Ciudad de la Justicia, y en 2015 anunció que retomaban las obras sacándolo a concurso público con un canon. Pero las elecciones autonómicas sacaron a González de la Real Casa de Correos y la presidenta que ocupó después el cargo, Cristina Cifuentes, enterró el proyecto en el año 2017, tras advertir la Cámara de Cuentas graves irregularidades en el mismo.
Dos fiascos
En 2021, Díaz Ayuso anunció que la Ciudad de la Justicia renacía, con la idea de construirlo por concesión indirecta: la adjudicataria construiría los edificios, los gestionaría y explotaría, se encargaría de su mantenimiento y a cambio recibiría un canon anual. Pero el concurso así convocado fue declarado desierto en dos ocasiones: la primera por falta de ofertas económicas, y la segunda –restringida a diez empresas–, por incumplir los pliegos la única firma que se postuló.
Ahora, la Consejería vuelve a la carga con esta iniciativa: sobre los mismos terrenos de Valdebebas, se va a licitar un contrato de proyecto y obra para la construcción de esta Ciudad Judicial. Que quieren que tenga diez edificios, entre los que habrá un hito arquitectónico, como es ahora el ‘donut’ del Instituto de Medicina Legal.
Se construirá sobre una superficie de 236.475 metros sobre rasante y 198.711 bajo ella, lo que supone un 50 por ciento más de espacio del que ocupan ahora las 28 sedes repartidas por todo Madrid. Con ello se intenta, explicaron fuentes de la Consejería, dotar a las instalaciones de capacidad suficiente para absorber el incremento futuro de la demanda.
A la vez que el transporte
Los trabajos se realizarán por fases, de manera que permitan acompasar su construcción con la finalización del intercambiador de transportes de Valdebebas y la llegada allí de la ampliación de la línea 11 de Metro. Recuerdan que la Ciudad de la Justicia la utilizarán cada día unas 30.000 personas, por lo que un adecuado transporte público es esencial.
Las obras costarán, calculan, 660 millones de euros, y se desarrollarán por fases. La fase cero será la redacción del anteproyecto, en la que ya trabaja la dirección general de Infraestructuras Judiciales, y que estará lista en diciembre. En marzo de 2024 se quieren sacar a licitación los pliegos y en el verano del año próximo se espera tener la adjudicación. De este modo, en el segundo semestre del año la empresa ganadora del concurso podrá redactar el proyecto de obra.
Primeros traslados
La fase 1 se desarrollará en los años 2025 y 2026, y en ella se adjudicarán los dos lotes en que se dividirán las obras: uno primero para la urbanización total, un aparcamiento público de 60.000 metros cuadrados, el edificio del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), dos edificios de la Audiencia Provincial y 105 juzgados de primera instancia. Y un segundo lote con los edificios del orden civil, penal y fiscal, los archivos y edificios auxiliares: suponen un 75 por ciento del proyecto total. Podrá haber un mismo adjudicatario para ambos lotes, o dos. En esta fase se trasladará a la Ciudad de la Justicia el TSJM, desde su actual sede en la calle General Castaños.
La fase 2 se desarrollará en 2027, y en ella se levantarán dos edificios para albergar el resto del Orden Civil: 19 juzgados de lo Mercantil, 49 de lo Social y 34 de lo Contencioso-Administrativo). Las fases 3 y 4 van a realizarse en los años 2027 a 2030, y finalizarán tres edificios para Penal (54 juzgados de Instrucción, 37 de lo Penal, 11 de Violencia sobre la Mujer, 7 de Menores y 6 de Vigilancia Penitenciaria), y otros espacios para la Fiscalía, el Archivo Judicial Territorial y otras necesidades auxiliares.
La Ciudad de la Justicia permitirá ahorrar los 40 millones de euros anuales en alquileres de sedes, 30 millones por contratos de mantenimiento y seguridad y 4-5 en consumos que ahora se gastan. Y además, dejará libres edificios propiedad de la Comunidad, algunos tan emblemáticos como el que ocupan hoy los Juzgados de la Plaza de Castilla.
Fuente ABC
