Una lluvia negra cae sobre la campaña de Massa

Por Eduardo van der Koy

El caso de espionaje ilegal que involucra a dirigentes del oficialismo golpea al ministro candidato.

Las frases más repetidas por Sergio Massa en los últimos días han sido tres: no soy kirchnerista; mi gobierno será el que encabece a partir de diciembre; Cristina Fernández no formará parte de ese gobierno. Más allá de pretender desmenuzar el grado de veracidad de aquellas afirmaciones, estaría surgiendo una evidencia: el ministro-candidato tendría dificultades para dar un estirón sustancial al 37% de los votos que obtuvo en las elecciones y garantizarse la victoria en el balotaje.

En una lectura de imágenes, Massa estaría consiguiendo en este tramo de la campaña una centralidad que a Javier Milei le cuesta. Hay razones lógicas. Es el candidato y funcionario del Gobierno. Tiene a disposición (y las usa) todas las herramientas del Estado. Mandó a un receso a Alberto Fernández, a la vicepresidenta y al kirchnerismo. El candidato libertario está reordenando sus planes después de la alianza repentina que celebró con Mauricio Macri. Parece focalizarse más en las recorridas de campaña que en las declaraciones.

La mayor dificultad para Massa sería que su actual credo anti kirchnerista se estrella con recurrencia contra las evidencias de la realidad. Venía sorteando con firuletes verbales el conflicto que el kirchnerismo, en especial Cristina, mantiene con el Poder Judicial y la Corte Suprema. Habla de la necesidad de la independencia de los poderes. Cuando es interrogado sobre la condena a la vicepresidenta por la obra pública arriesga que “no pone las manos en el fuego por nadie”.

La obligación de atraer votos lo coloca en un límite. Contrasta con aquello que opinó en agosto del 2022, ya como titular de Economía, cuando el fiscal Diego Luciani pidió la condena de 12 años de cárcel para Cristina por la obra pública. Que el Tribunal que la juzgó redujo a la mitad. “Es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes”, tuiteó entonces.

El juicio político a la Corte Suprema que impulsa el kirchnerismo en Diputados representa una valla que no ha logrado traspasar. Increíblemente declaró desconocer las razones del dictamen que debe ser aprobado en la Cámara Baja antes de ser remitido al Senado, responsable de sustanciar el supuesto enjuiciamiento. Los argumentos son tres fallos que desagradaron a Cristina: aquel de la aplicación del 2×1 en tiempos macristas para los delitos de lesa humanidad, luego rectificado; la inconstitucionalidad por la composición del Consejo de la Magistratura y el dictamen a favor de la Ciudad a raíz del recorte en la coparticipación dispuesto por Alberto en pandemia.

La sospecha no recae solo sobre aquel desconocimiento que adujo el ministro-candidato. Dos de los diputados que integran la Comisión de Juicio Político pertenecen al Frente Renovador. Son Ramiro Gutiérrez y Micaela Román. Sus votos resultan clave para que el dictamen final pueda tener aprobación por 16-15. Sin ellos se caería. Massa quiere hacerse el desentendido en el tramo crucial de la campaña.

Para colmo, alrededor del procedimiento del juicio estalló otro escándalo que derrumbaría el último mito de Alberto. Que en su Gobierno se habría puesto fin al espionaje ilegal. Lo que llamó sótanos de la democracia. Una larga investigación del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita determinó que un ex agente policial detenido (Ariel Zanchetta) realizaba espionaje sobre infinidad de dirigentes. Una de las terminales privilegiadas de la información era el diputado ultra K Rodolfo Tailhade. Un hombre clave en toda la estrategia judicial de Cristina. Delegado en la Magistratura. Motor, por otra parte, del juicio político contra la Corte Suprema.

Para evitar que esa lluvia negra termine por anegar la campaña de Massa, el Gobierno tomó dos decisiones. Prorrogó hasta el 9 de diciembre las sesiones ordinarias. Evitaría, de esa manera, que el dictamen del juicio político alumbre antes del balotaje. En paralelo, el oficialismo abortó la sesión de ayer en Diputados que podía convertirse en un festival para la campaña opositora.

El conflicto posee variedad de perfiles. En el medio estaría también Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Massa y jefe de gabinete de Alberto. Fue interventor en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre junio de 2022 y febrero de este año. Todas las tropelías de espionaje reveladas ahora ya se cometían. Salió de la cueva cuando Juan Manzur emigró como jefe de ministros.

Otro personaje ensombrecido es Fabián Rodríguez. Ligado a La Cámpora y amigo de Máximo Kirchner. Trabajó para Axel Kicillof y en la actualidad es subdirector de servicios al contribuyente de la AFIP, que dirige el ultra kirchnerista Carlos Castagneto. Ese hombre también recibía información especial de parte del policía Zanchetta.

Probablemente Massa deje pasar la lluvia negra como hizo con el escándalo de Martín Insaurralde. En el comando de Milei, en cambio, trabajan minuciosamente para disparar el tema todas las veces que se pueda en el debate presidencial del domingo. Habrá que estar atento a las fugas que ensaye el ministro-candidato.

Algunas sorpresas viene cargando. Nunca imaginó un cruce público tan duro de Juan Schiaretti por el juicio político a la Corte Suprema “de parte del gobierno kirchnerista de Sergio Massa”. Literal y picante. Su amigo Roberto Lavagna también fue condenatorio, aunque con mayor diplomacia. Le importa muchísimo más lo del gobernador cordobés: esa provincia sabe que la tiene perdida, pero debe capturar algo, al menos, de los 6.79% de votos que el mandatario provincial recogió el 22 de octubre.

Massa hizo el lunes en esa provincia un acto de campaña donde “pidió perdón a los cordobeses” por la discriminación que habría sufrido por el reparto de fondos. El mismo sistema que el ministro-candidato se encargó de manipular desde que asumió la cartera en agosto. Su presencia no careció de apoyos. Si de volumen político. Por casualidad o no, ni Schiaretti, ni el gobernador electo Martín Llaryora, ni el intendente electo de la ciudad capital, Daniel Passerini, estuvieron en la provincia en esas horas.

El gobernador de Córdoba no dejó pasar la cantidad de promesas que hizo Massa en su visita. Con precisión implacable replicó una por una. Mencionó entre varios el tema del biocombustible. Pidió federalismo “todo el año y no cuando faltan pocos días para una elección”. Como con el juicio a la Corte tuvo otra definición lapidaria. “El gobierno kirchnerista de Sergio Massa viene haciendo un desastre económico”, pontificó. El cordobés, sin ser candidato, parece haberse convertido también en protagonista de la campaña por el balotaje.

Fuente Clarin