Una asociación vecinal denunció este martes que una mujer de 78 años iba a ser desahuciada del piso donde reside hace medio siglo por un impago de 88 euros. El importe de unas obras que no abonó a la propiedad y por la que le subieron el alquiler de 191 a 280 euros mensuales. Pero un juzgado de Barcelona ha rechazado paralizar el desalojo al considerar que la anciana no es vulnerable. Según consta en el auto, consultado por este diario, era propietaria de la mitad de un piso, también en la capital catalana, por cuya venta, el pasado febrero, se embolsó casi 80.000 euros. «Contaba con alternativa habitacional desde 2010 y, actualmente, cuenta con un montante económico que le permite mantenerse por sí misma», apunta la resolución.
Fue en noviembre de 2019 cuando la propiedad inició el procedimiento judicial para echar a la mujer del piso, después de que una sentencia previa de la Audiencia Provincial estimase «resuelto el contrato suscrito entre las partes». La primera orden de desalojo se fijó para abril de 2020, pero se paralizó por la pandemia, ya que el Gobierno aprobó un decreto ley para interrumpir los lanzamientos durante la emergencia sanitaria. En octubre de ese mismo año hubo un segundo intento, que tampoco prosperó porque no acudió el médico forense. En febrero de 2021 también se anuló porque la mujer presentó un informe de servicios sociales, por lo que se abrió una pieza separada para determinar si era o no vulnerable.
El pasado abril la propiedad presentó la documentación que, apunta el juzgado, «manifiesta la no vulnerabilidad de la inquilina». Señala así que los informes de servicios sociales «son siempre el mismo», y en éste no constan datos económicos, pese a que la mujer alega que su renta es de 437 euros mensuales, «no se aporta ninguna justificación de ello». Tampoco está empadronada en el inmueble ninguna otra persona. Señala así la juez que «no hay causa legal que permita demorar más la entrega de la vivienda», tras cuatro años de espera por parte de su dueña.
Recoge así la resolución que la inquilina era propietaria de la mitad de un piso, desde julio de 2010. «Esto no le impidió que bajo la normativa excepcional de la Covid-19 se retrasara el lanzamiento», reprocha la juez. La vivienda se vendió a principios de este año, por lo que la mujer recibió 79.334 euros, por lo que «no se encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica», concluye, y apunta además que la propiedad no tiene que «soportar la situación personal de una arrendataria sin derecho a ocupar la vivienda. A mayor razón, la arrendadora no es una gran tenedora de vivienda, sino una persona física».
La inquilina era propietaria de la mitad de un piso desde julio de 2010. «Esto no le impidió que bajo la normativa excepcional de la Covid-19 se retrasara el lanzamiento», reprocha la juez
La inquilina es Blanca Espinosa y vive en el piso de la calle Boters, en el barrio Gótico, desde 1968. Hasta las obras, el alquiler de renta antigua que pagaba era de 191,8 euros mensuales, luego las cuotas subieron hasta los 280 euros. (Los propietarios, pese a ser renta antigua, pueden repercutir los costes de las obras de conservación a a los inquilinos). Fue entonces cuando no abonó al completo dos mensualidades y la propiedad recurrió a la justicia. Desde la asociación vecinal Resistim Gòtic apuntan que luego sí sufragó lo adeudado y denuncian que quieren echarla para alquilar el espacio a turistas. Este miércoles a mediodía, una veintena de personas se han concentrado ante el inmueble para tratar de impedir el lanzamiento.
Horas antes, esta misma mañana, el pianista James Rhodes ha detallado en RAC1 que se había ofrecido a abonar las cuotas de alquiler durante dos años, pero que el abogado de la propiedad se había negado. La propia inquilina detalló en una entrevista en la misma emisora: «Un pianista se ofrece a pagar. No sé quién es, pero me lo acaba de decir la asistente [social]».
Fuente ABC
