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“Zombies”: la Legislatura bonaerense montó una oficina “fantasma” para ubicar a empleados díscolos, ñoquis o indeseables
Por Hugo Alconada Mon
La dependencia funciona en el segundo subsuelo del palacio legislativo, donde abundan los relatos sobre bolsas de consorcio y quitaron los carteles identificatorios de varias oficinas
No tiene nombre, pero la apodan “la oficina fantasma”. Las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense montaron una dependencia donde arrumbaron a un número indeterminado de empleados de la Legislatura que no van a trabajar, no tienen para quién trabajar o nadie quiere tener bajo sus órdenes, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas. A esos empleados los llaman “los zombies”.
La existencia de esa oficina es un secreto a voces entre los veteranos de la Legislatura, que marcan el ostracismo de los empleados o su caída en desgracia junto a otras dos dependencias: “Digesto Legislativo” y “Servicios Auxiliares”. Las tres dependencias administrativas registraron movimientos notables desde que estalló el escándalo protagonizado por los Albini y Julio “Chocolate” Rigau.
La oficina sin nombre llevaría el número 11 en su puerta y se ubica en el segundo subsuelo del Palacio Legislativo, a la vuelta de “Digesto Legislativo”. En ese subsuelo también funciona una oficina de Vicepresidencia de la Cámara y por allí suele moverse una figura clave para entender cómo funciona la maquinaria política durante los últimos años: Néstor “Pochi” Méndez, primo del otrora diputado bonaerense, Raúl “Cabezón” Pérez, operador clave del Frente Renovador y armador nacional de Sergio Massa.
En el segundo subsuelo de la Cámara abundan los relatos de bolsas de consorcio que van y que vienen. También por las adyacencias del primer subsuelo, donde funciona un cajero automático del Banco Provincia y tiene su oficina el secretario de Modernización de la Cámara, Sergio Errecalde, otro eslabón clave para comprender cómo funciona la Legislatura.
“A oficinas como ‘Digesto’, ‘Servicios Auxiliares’ o la que no tiene nombre se manda a los empleados que son ‘quilomberos’ o que fueron designados en planta permanente por un diputado que después se fue y los empleados no consiguieron dónde reubicarse. Sólo algunos se presentan a laburar, pero son como ‘zombies’”, precisó un informante. “Después están los ‘ñoquis’. Si tienen ganas de hinchar las pelotas, crucen cuántos empleados figuran en cada oficina y cuántas computadoras hay disponibles. ¡O sillas!”, ironizó.
La oficina de “Servicios Auxiliares” cobija a, entre otros, Cecilia D’Ovidio, a Guillermo Koster, consuegro de “Chocolate” Rigau, y antes revistó allí Juan Carlos Vallejos. Son tres de los 48 titulares de las tarjetas de débito que tenía Rigau cuando lo detuvieron. Y D’Ovidio y Koster integraron, también, el pelotón de 15 titulares de esas tarjetas que pasó varios días tras las rejas a pedido de la fiscal Bettina Kacki.
Recorrer los subsuelos de la Legislatura permite corroborar, además, que alguien quitó los carteles identificatorios de las puertas de varias oficinas, ya sea por el recambio de legisladores y la readecuación de fuerzas que generó las elecciones de este año o por los temores a un allanamiento que generó la apertura de una causa penal judicial tras la detención de “Chocolate” Rigau.
Los temores se agudizaron la semana pasada cuando, apenas horas después de la derrota de Sergio Massa en el balotaje, el juez de Garantías Guillermo Atencio ordenó detener al subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y a su hijo, Facundo, otrora empleado de la Cámara, apoderado de Unión por la Patria en la provincia y concejal en esta ciudad.
Esa primera oleada de temor, sin embargo, se retrajo con el paso de los días, según indicaron fuentes legislativas a LA NACION. “Lo que había que emprolijar, ya lo emprolijaron, y lo que tenía que desaparecer, ya lo quemaron”, afirmó una voz que acumula más de treinta años de experiencia en los recovecos palaciegos.
La Dirección de Personal afrontó días vertiginosos. Tras la detención de “Chocolate” Rigau, lidió con las órdenes de autoridades de la Cámara –que responden a Unión por la Patria y Juntos por el Cambio-, jefes de bloques y diputados. Así inició sumarios administrativos a cada uno de los 48 titulares de las tarjetas de débitos, cuyas conclusiones se desconocen. La premisa que recibió el titular del área, Pablo Parente, fue acotar el escándalo al mínimo, confirmaron fuentes de esa dirección.
LA NACION consultó a las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense. Consultó datos sobre la oficina “fantasma”, como también sobre la gestión de recursos humanos en esa dependencia, en Digesto Legislativo y en Servicios Auxiliares. Dos días después indicaron que no harían comentarios para hacer.
Superior de Albini en los papeles, Parente también debió lidiar con numerosos “ñoquis” y prestanombres que temieron seguir los pasos de los 15 titulares de tarjetas de débito que pasaron varios días tras las rejas. La fiscal Bettina Lacki los acusó de integrar una presunta asociación ilícita, aunque el juez Atencio terminó por encuadrarlos como presuntos partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y los excarceló.
“Ñoquis” y prestanombres encarnan realidades muy distintas. “‘Ñoquis’ son aquellos que cobran el salario entero, pero no van a trabajar; los ‘prestanombres’, en cambio, cobran y devuelven la plata”, explicó otro veterano de la Legislatura, con ánimo instructivo. “Los de esta historia [por la de ‘Chocolate’ Rigau y los Albini] son ‘prestanombres’”.
“Se salió de cauce”
Si algunos “ñoquis” y prestanombres se presentaron ante la Dirección de Personal por interés propio, otros acudieron por orden de quien los designó, para evaluar su situación y, de ser necesario, asignarlos a alguna dependencia para simular la prestación de tareas. Pero el problema, cuentan en la Cámara, es que algunos acumulan años sin “marcar tarjeta” para ingresar o salir de su oficina laboral.
“Si la fiscal revisa bien, va a encontrar que hay muchos que no aparecen ni para ‘marcar’ [tarjeta] y otros que son todo lo contrario: le entregaron la tarjeta a otra persona, que ‘marca’ por ellos y jamás en su vida pidieron ‘carpeta’ [médica] como si tuvieran una salud de hierro, aunque si buscas en clínicas privadas de la ciudad vas a encontrar que muchos estuvieron internados, incluso en terapia intensiva”, ironizó otra fuente legislativa que, como muchas otras, accedió a aportar datos bajo el resguardo de su nombre para evitar represalias. “Y si quieren mirar algo más, pregunten si a esos 48 no los obligaron a afiliarse a alguna mutual”.
El desvío ilícito de fondos a través de empleados, subsidios y becas comenzó a gestarse entre 15 y 20 años atrás, estimaron seis ex diputados peronistas, radicales, socialistas y del PRO consultados por LA NACION. “Pero se salió de cauce en los últimos años”, según uno de ellos. “Antes había un acuerdo: el que ponía el nombre se llevaba un porcentaje y entregaba otro tanto, digamos el 30 por ciento, para financiar la política, pero tenía que ir a trabajar y si no lo hacía, se le daba por caído el contrato a los tres o cuatro meses. Ahora no; ahora hay muchachos que manejan 50, 100 contratos cada uno, y se la llevan toda”.
Los antecedentes escandalosos en la Legislatura –tanto en Diputados como en el Senado- se acumulan. Desde la “diputadora” que protagonizaron diputados peronistas durante la gestión de Eduardo Duhalde al pedido de desafuero en 2003 del entonces vicepresidente del bloque de la UCR, Gustavo Marelli, y de los legisladores Enrique Marín Vega, Juan Carlos Stavale y Juan Carlos Plana -ex radicales, luego ARI-, por los presuntos delitos de fraude al Estado y malversación de caudales públicos en el otorgamiento de subsidios irregulares. O el arresto en 2016 de Néstor “Pájaro” Felgueira, un empleado histórico de la Legislatura, con recibos de sueldo y contratos de locación, y la condena en junio de este año del senador por Unión PRO, Antonio Nieto, su hijo Leonardo y el secretario administrativo del bloque, Alfredo Digiano, por defraudación a la administración pública por embolsar los salarios de 39 prestanombres
Esos y otros antecedentes reflejan que el desvío de fondos públicos para financiar elecciones o enriquecer legisladores abarca a casi todos los espacios políticos, que no emitieron ni un comunicado de prensa desde que detuvieron a “Chocolate” Rigau en septiembre pasado. Evitan los micrófonos el presidente de la Cámara, Federico Otermin (alfil de Martín Insaurralde), y los vicepresidentes Adrián Urreli (Juntos por el Cambio), Carlos “Cuto” Moreno (kirchnerista), Rubén “Turco” Eslaiman (massista) y Fabián Perechodnik (Juntos por el Cambio), al igual que los jefes de los bloques Frente de Todos, César Valicenti, y radical, Maximiliano Abad. Y hasta los legisladores de La Libertad Avanza, críticos supuestos de “la casta”.
Fuente La Nación
