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Por Sebastián Menescaldi
El autor de la nota celebra el intento del Gobierno por remover trabas y restricciones. Dice que el gran desafío ahora para las empresas es fijar precios.
El DNU de “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” tiene en su espíritu la vuelta al mercado. En el artículo 2, dice: “El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.
La base para lograr esto es intentar eliminar las restricciones a la oferta y servicios como aquellas normativas que distorsionen la fijación de precios. A lo largo del DNU, diferentes segmentos ven eliminadas restricciones para poder fijar los precios en el mercado. Quizás lo más afectado será el mercado de alquileres, teniendo en cuenta que cerca de 8 millones de personas rentan vivienda, según datos del Censo 2022.
Este segmento fue uno de los más afectados por la “Ley de Alquileres”, que provocó una fuerte caída de la oferta y un incremento de los precios, que fue 50% superior al promedio de la economía, y 70% superior a la fórmula de actualización que regulaba la actividad. La derogación de la ley probablemente permita ampliar la oferta de unidades en el corto plazo, en un marco donde locadores y locatarios podrán fijar el contrato en sus términos, sin estar obligados a disponer de reglas innecesarias.
Así, sería previsible que alquilar no sea un calvario. También el decreto establece la remoción de trabas y favorece la competencia en otros mercados, donde a veces el Estado “pisaba” los precios, como con la yerba o la medicina prepaga. Estrategia del Estado que luego redundaba en una caída y estancamiento de la oferta o una reducción en la calidad del servicio.
También el decreto busca ampliar la oferta disponible o reducir trabas burocráticas, como con las tarjetas de crédito donde permite a otras entidades no financieras otorgar las mismas, la posibilidad de vender remedios libres en lugares diferentes a las farmacias o la política aeronáutica de “cielos abiertos” que permitirá más y mejores servicios, con competencia de precios.
En definitiva, la desregulación favorece en general a los consumidores, que por la interferencia del Estado en algunos mercados debían soportar sobrecostos. Desde el otro lado, los empresarios también podrán ampliar su oferta, en la medida que sea necesario o ante la expectativa de un crecimiento de la demanda.
Ahora, para que las nuevas reglas funcionen, será necesario seguir impulsando la competencia. Si las medidas actuales solo permiten fijación de mayores rentas por la falta de alternativas, no habrán podido cumplir con el fin que atesoraban. Los precios no se reducirán ni la oferta se expandirá.
Por otro lado, el nuevo desafío de las empresas será el de fijar precios de mercado. Entender las leyes de la oferta y la demanda, en un contexto donde en los últimos años el mercado interno era un coto de caza. Sin competencia y con mayor concentración, las empresas podían fijar precios y cantidades a costa de los consumidores cautivos, cuya demanda era insaciable.
Así, muchos precios no tenían ninguna relación con otros países: zapatillas, ropa, computadoras, autos o neumáticos en el mercado local estaban muy por encima de los valores internacionales. Hoy estas condiciones se empiezan a revertir, con una previsible mayor competencia y una demanda que se ve disminuida por la caída del poder adquisitivo.
Finalmente, desde el Estado también quedan cosas por hacer. Hoy existen diversos mecanismos que impiden conocer el verdadero precio de las cosas y que provocan el sobrecargo de costos innecesarios. Por ejemplo, planes oficiales en cuotas subsidiados, con tasas de interés por debajo del mercado. Eso provoca un sobrecosto en los precios de mercado que deben pagar los consumidores. Algo similar ocurre con el abuso de las promociones y descuentos especiales, que provocan la fijación de precios por encima de los de mercado para absorber los costos de los mismos por parte de los comercios.
Fuente Clarin
