Los familiares de los acusados afirmaron que las detenciones fueron “irregulares” y realizadas “por policías de civil, en vehículos sin patente y en la vía pública”. Todo surgió a partir de un audio que se viralizó el 31 de diciembre sobre una supuesta infidelidad de la esposa del ex gobernador de Jujuy.
Luego de los rumores que comenzaron a circular sobre la paternidad del exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y su esposa Tulia Snopek, la justicia provincial detuvo e imputo a dos personas que publicaron mensajes en redes sociales.
El escándalo comenzó el 31 de diciembre con la filtración de un audio, donde se afirmaba que Morales no había autorizado a la banda Los Tekis para tocar en un festival en febrero, aludiendo que la causa era una supuesta infidelidad de Snopek con un integrante de la banda. Además, aseveraba que la mujer y el líder del conjunto folclórico, Mauro Coletti, eran los padres verdaderos de la niña.
Por este motivo, Snopek hizo una presentación en el Ministerio Público de Acusación de Jujuy, donde requirió “la investigación, averiguación e identificación de los autores, cómplices, instigadores o partícipes en grado cualquiera de estas inescrupulosas y, repito, falsas noticias, para ser -en su caso- sancionados penalmente”.
Desde el equipo jurídico del matrimonio, subrayaron a PERFIL que se trata de una “infamia que no tiene ni pies ni cabezas que afecta a la menor y la familia de los involucrados”. Asimismo, detalló que, hasta el momento, la pareja no se presentó como querellantes, sino que se “limitaron a denunciar” porque hay una supresión de identidad. “Es un delito grave. No solo se viola la intimidad y el honor del menor, sino que es un delito severo de supresión de identidad”, añadieron, a la par que indicaron que también se realizaron daños colaterales y morales.
En ese marco, la justicia jujeña ordenó la aprehensión del docente Marcelo Nahuel Morandini y de Humberto Roque Villegas, trabajador independiente. Ambos fueron detenidos entre el jueves y el viernes. Este 5 de enero, resultaron imputados como parte de una investigación preparatoria, según indicó Télam.
La esposa de Gerardo Morales quiere que se investigue quiénes instalaron el rumor sobre la paternidad de su hija
Fuentes vinculadas a los imputados también agregaron que “las pruebas de imputación son únicamente un posteo en la red social X (antes Twitter) en el caso de Morandini y la difusión de un flyer en redes sociales por parte de Villegas”. Ambos replicaron de forma irónica versiones que circulaban masivamente en las redes y distintos diarios digitales locales sobre una supuesta infidelidad de la esposa del exmandatario y ex presidente de la Unión Cívica Radical (UCR).
“Les atribuyen delitos graves, habitualmente imputados en casos de apropiación de bebés en causas de lesa humanidad”, manifestaron.
En medio del escándalo, el fiscal Walter Rondón solicitó 60 días de prisión preventiva para ambos detenidos “invocando una posible obstaculización de la investigación, sin dar más fundamentos”, dijeron allegados a los imputados.
Si bien la defensa pidió que sus detenciones sean domiciliarias, el juez Roberto Darío Assef rechazó el pedido. Sobre la situación de privación de la libertad, indicaron que “hasta el momento los detenidos están a cargo del Servicio Penitenciario de la provincia, sin tener las familias aún certeza de dónde serán alojados”.
“Por replicar un par de publicaciones de las miles que existieron en las redes, Marcelo Morandini y Roque Villegas se encuentran privados de su libertad, en una actuación exprés de la justicia jujeña que denota doble arbitrariedad: una prisión preventiva innecesaria e injustificada, por un lado, y la imputación exagerada de graves delitos, por el otro”, afirmaron los familiares de los detenidos en un comunicado que circuló en redes sociales.
También hubo repudio de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), que sostuvo que “nadie puede ir preso ni ser imputado penalmente por difundir un rumor, y menos aún por expresarse libremente sobre el mismo”.
Finalmente, hubo críticas respecto de cómo se dieron las detenciones, que las familias de ambos acusados denunciaron como “irregulares”, realizadas “por policías de civil, en vehículos sin patente y en la vía pública”.
