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Acuerdo entre colegisladores para la revisión de la gobernanza económica de la Unión Europea, es decir, las reglas fiscales del club. Los ministros de Finanzas de la UE ya habían llegado a un pacto en diciembre, un equilibrio difícil entre las exigencias de Alemania, las necesidades de Francia, Italia o España, y la voluntad de la Comisión Europea de que las nuevas normas sean más sencillas que el régimen anterior. El acuerdo final entre los negociadores del Consejo (que representa a los Estados miembros), del Parlamento Europeo y la Comisión, que se ha alcanzado en la madrugada de este sábado, mantiene prácticamente intacto el pacto de diciembre.
Las viejas reglas fiscales quedaron suspendidas en 2020 por la pandemia de coronavirus, que puso a los Estados miembros en una situación económica crítica, y siguieron suspendidas después por el inicio de la guerra de Ucrania y los altos precios de la energía. El objetivo en estos años era acordar unas nuevas reglas fiscales más sencillas y fáciles de aplicar para que cuando se reactivara la gobernanza económica de la Unión se hiciera ya con nuevas normas. Aunque las reglas fiscales antiguas han vuelto a activarse en enero de 2024, la Comisión Europea ya tenía la intención de aplicarlas siguiendo el espíritu de lo acordado por los ministros de Finanzas de los Veintisiete.
En las nuevas reglas, los dos pilares de la vieja gobernanza económica se mantienen intactos: los Estados miembros deben tener un déficit presupuestario inferior al 3% y una deuda pública inferior al 60% del PIB. La clave es el gasto neto primario, es decir, excluyendo gastos cíclicos e intereses de la deuda. Los técnicos comunitarios, tras hacer un análisis de la sostenibilidad de la deuda (DSA, por sus siglas en inglés), dibujarán una trayectoria técnica expresada en gasto neto primario, que se convertirá en la referencia para analizar las normas, que haga que “a más tardar al final del periodo de ajuste, suponiendo que no se adopten nuevas medidas presupuestarias, el ratio de deuda pública proyectado se sitúe o se mantenga en una trayectoria descendente plausible, o se mantenga en niveles prudentes por debajo del valor de referencia del Tratado del 60% del PIB a medio plazo” y que “el déficit público previsto se sitúa por debajo del valor de referencia del Tratado del 3 % del PIB durante el período de ajuste y se mantiene por debajo de dicho valor de referencia a medio plazo, suponiendo que no se adopten nuevas medidas presupuestarias”. Los primeros planes nacionales deberán enviarse en septiembre de 2024.
El acuerdo incluye también, por ejemplo, el margen de desviación que pueden tener los Estados miembros de esa senda técnica que le marque la Comisión Europea. La idea es que estas nuevas normas dejen más espacio para las inversiones y que den un mayor poder a los Estados miembros para diseñar su propio ajuste fiscal, pero muchos en Bruselas creen que las reglas serán más duras que las anteriores para muchos Estados miembros. Y lo serán, precisamente, porque uno de los objetivos de las nuevas normas es que pudieran ser más aplicables que las anteriores. Las viejas podían ser más duras, con puntos como la veinteava parte de reducción de la deuda pública cada año, pero al no aplicarse generaron un status quo que hace que las nuevas normas sean mucho más estrictas.
Los negociadores de la Eurocámara tenían un trabajo complicado, porque como apuntaban fuentes diplomáticas, el margen de maniobra era mínimo: el acuerdo de diciembre ya había sido muy complejo y había obligado a la presidencia española del Consejo de la UE a hacer unos equilibrios muy complejos para sacar adelante un texto común, por lo que cualquier cambio que quisieran imponer desde el Parlamento Europeo podía provocar que algunos Estados miembros retiraran su apoyo al acuerdo final, que todavía tiene que ser aprobado en el Consejo y en la Eurocámara.
Y no hay tiempo para dar vuelta atrás si se quieren aplicar las nuevas normas fiscales en 2025. En cuestión de semanas el Parlamento Europeo entrará en receso ante las elecciones europeas de junio de 2024, por eso todos los Estados miembros tenían mucha urgencia por cerrar un pacto rápido con la Eurocámara, para asegurarse de que este hemiciclo aprobaba las nuevas normas en uno de los próximos Plenos y la reforma queda ya finalmente sellada y lista para empezar a aplicarse. Fuentes europeas apuntaban que el límite para un acuerdo era el mes de marzo.
Los negociadores del Parlamento Europeo sabían que tenían muy poco margen, así que se han centrado en obtener concesiones para que se tenga más en cuenta la dimensión social, haciendo que en sus análisis de los planes nacionales de los Estados miembros la Comisión Europea tenga que comprobar la “aplicación de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales” y analizar los “riesgos para la convergencia social”. Otra cesión obtenida por la Eurocámara es que el gasto nacional en la cofinanciación de programas financiados por la UE quedará excluido del cálculo del gasto neto primario, lo que permitirá a los Estados miembros tener algo más de espacio para invertir.
Acuerdo entre colegisladores para la revisión de la gobernanza económica de la Unión Europea, es decir, las reglas fiscales del club. Los ministros de Finanzas de la UE ya habían llegado a un pacto en diciembre, un equilibrio difícil entre las exigencias de Alemania, las necesidades de Francia, Italia o España, y la voluntad de la Comisión Europea de que las nuevas normas sean más sencillas que el régimen anterior. El acuerdo final entre los negociadores del Consejo (que representa a los Estados miembros), del Parlamento Europeo y la Comisión, que se ha alcanzado en la madrugada de este sábado, mantiene prácticamente intacto el pacto de diciembre.
Fuente El Confidencial
