El Gobierno aprueba los avales para la entrada de la vivienda con la oposición de Sumar

El Estado avalará a los jóvenes que quieran comprar una vivienda. Como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin este sábado en plena campaña para las elecciones autonómicas gallegas del día 18, el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se fijan las condiciones para que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana firme con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) la línea de 2.500 millones para poner en marcha este instrumento. La medida, que tiene la oposición de una de las dos patas de la coalición (Sumar), ayudará a pagar la entrada de la primera vivienda a menores de 35 años y familias con menores a cargo.

El Gobierno espera que muchos ciudadanos que están atrapados en el mercado del alquiler, que cuentan con empleos estables y salarios dignos, pero no con ahorros suficientes, puedan acceder a una primera vivienda, saliendo así del mercado del alquiler, liberándolo plazas del mismo y contribuyendo a frenar la escalada de las rentas, ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha apuntado que en muchas ciudades el pago de la renta de alquiler supera la cuota de una hipoteca, hay ciudades donde supone el 100% del salario y muchos ciudadanos tienen que destinar más del 40% de su renta al mismo, por lo que sin estos avales no podrían salir del mercado del alquiler. El objetivo, ha agregado, es que no se tenga que destinar más del 30% del salario al pago del alquiler o la hipoteca. Mediante esta fórmula, que avalará hasta el 20% del importe del crédito, se aspira a beneficiar a más de 50.000 personas.

Además, ha agregado que la medida, que el Ejecutivo anunció y aprobó en mayo, antes de las elecciones generales, va encaminada a solucionar el problema de la emancipación y adquisición de una vivienda por parte de estos colectivos. “El Estado será su avalista y dará garantía a las entidades bancarias para la concesión de la hipoteca”, ha recalcado la ministra.

Como parte de esta línea de avales, los adquirientes de la vivienda deben ser personas físicas cuyos ingresos individuales no superen los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). La vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada, que no podrá tener otra en propiedad. Con respecto al precio de las viviendas avaladas, ha explicado que este límite se recogerá en el convenio que firme el ministerio con el ICO y dependerá de la ubicación territorial. Además, podrá ser modificado después por la comisión de seguimiento que se creará al respecto en función de la evolución del mismo.

La ministra ha reiterado que los índices de referencia para controlar el precio de los alquileres en zonas tensionadas van a estar listos en febrero y ha asegurado que para su elaboración se han inspirado en el método de cálculo que aplicó Cataluña. Rodríguez ha añadido que este índice servirá al conjunto de España y espera que el resto de comunidades autónomas que tienen zonas tensionadas apliquen la Ley de Vivienda para controlar el precio del alquiler. También ha asegurado que se va a intervenir el mercado del alquiler turístico, donde el precio está disparado.

La posición de Sumar

La línea de avales ICO cuenta con la oposición de Sumar, la otra pata del Gobierno. El grupo plurinacional ya ha reiterado en varias ocasiones su rechazo a esta línea de avales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció por primera vez en la campaña electoral autonómica de mayo de 2023. Su tesis es que la medida ya ha fracasado en Reino Unido, Canadá o Australia, al provocar una mayor subida de los precios, como recordaba el economista Juan Luis Jiménez en un hilo en la red social X (antes conocida como Twitter). Sumar defiende que los promotores acaban quedándose con la ayuda, de manera que los beneficios van fundamentalmente a los bancos.

Sumar argumenta que los promotores acaban quedándose con la ayuda, de manera que los beneficios van fundamentalmente a los bancos. Fuentes de la formación liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consultadas por Europa Press, defienden adoptar otras medidas, como la mejora de la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en la legislatura pasada, con el objetivo de contener la espiral de precios. De este modo, el partido sugiere incluir elementos como la ampliación de la cobertura de la norma a las comunidades autónomas que se oponen a su aplicación, la regulación de los alquileres de temporada o el impulso de una regulación más exigente con los alquileres turísticos.

También plantean acometer la “mayor inversión en vivienda pública en alquiler social de la historia”, con el objetivo de alcanzar el 20% de vivienda en alquiler social. Para este objetivo, Sumar propone que se movilice el suelo público y las viviendas en propiedad de la Sareb, avanzando en el proceso de trasferencias de los activos del banco malo a las autonomías, condicionado a su uso como vivienda pública de alquiler con fines sociales.

Díaz ha advertido este martes de que la línea de avales públicos “va a tener un impacto probable de seguir subiendo el precio de la vivienda”. La ministra ha reconocido su “discrepancia” con esta medida y su “preocupación” por el hecho de que los socialistas la hayan priorizado frente al compromiso que adoptaron con Sumar en el acuerdo de gobierno de coalición de publicar de inmediato el índice de precios de referencia del alquiler en zonas tensionadas. Tras criticar que en un país con 1.545 euros de salario medio sea “imposible pagar un alquiler”, la vicepresidenta ha destacado que, en una reunión con “cincuenta economistas de muchos sesgos”, estos coincidieron en que las ayudas a la compra de vivienda representan una “política fallida”.

Nueva senda de estabilidad

El Consejo de Ministros también ha aprobado una nueva senda de estabilidad, idéntica a la tumbada la pasada semana por el PP en el Senado, con lo que avanza en los trámites previos a la elaboración del proyecto presupuestario para 2024 que el Gobierno quiere presentar lo antes posible.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el Ejecutivo “no pierde el tiempo” y trabaja para “contar cuanto antes con unos Presupuestos” para que el país avance en el crecimiento y la creación de empleo. Alegría ha afeado al PP que haya tumbado la primera senda, que daba mayor flexibilidad presupuestaria a regiones y ayuntamientos, “perjudicando a los ciudadanos de las comunidades autónomas donde gobierna”. Tras el rechazo de la primera senda, el Gobierno tenía un mes para presentar una nueva, que según fuentes del Ministerio de Hacienda es igual a la anterior y que todo apunta a que volverá a ser rechazada por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

El Gobierno defiende que, de acuerdo a un informe de la Abogacía del Estado que no se ha hecho público, una vez presentada esta segunda senda, y aunque no sea aprobada en las Cortes, ya puede elaborar el proyecto presupuestario, aunque basado en los objetivos de déficit remitidos a Bruselas en abril —que ya fueron avalados por la Comisión Europea— en lugar de en los nuevos.

La senda de estabilidad prevé reducir el déficit público al 3% del PIB este año, cumpliendo las reglas fiscales europeas, para después bajar al 2,7% del PIB en 2025 y el 2,5% en 2026. La deuda bajará al 106,3% del PIB en 2024, el 105,4% del PIB en 2025 y el 104,4% del PIB en 2026. La senda va acompañada por el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2024, que no se somete a votación, y que asciende a 199.120 millones de euros una vez incluidos los fondos europeos, un 0,5% más que en 2023. La senda de estabilidad propuesta por el Gobierno recoge el mismo dato de déficit público para 2024 que la referencia remitida a Bruselas en abril, un 3% del PIB, pero da mayor flexibilidad a comunidades autónomas (una décima de déficit en lugar de equilibrio) y ayuntamientos (equilibrio en lugar de dos décimas de superávit).

Fuente El Confidencial