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En medio de los aumentos de tarifas de gas y electricidad, la empresa estatal AySA, que brinda el servicio de agua y cloacas a más de 3,8 millones de hogares en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), elevó una propuesta de aumento de tarifas de 138% al entonces Ministerio de Infraestructura. Sin embargo, tras pasar esa cartera a Economía, el ministro Luis Caputo rechazó la sugerencia y la empresa deberá diseñar otro esquema con una variable de ajuste menor.
La empresa había realizado el cálculo de aumento de tarifas sobre la base de gastos e inversiones a precios de diciembre de 2023, según habían dicho, y justificado el pedido diciendo que “la inflación en 2023 fue superior a lo previsto (222% anual), por lo que los ingresos tarifarios resultan insuficientes para sostener los gastos operativos”.
Con ese aumento, AySA había estimado que una factura promedio iba a subir de $6400 a $15.000. “A fin de contribuir lo más rápidamente posible a la reducción de la brecha de ingresos tarifarios y costos de operación y mantenimiento de los servicios, se propone un ajuste tarifario de emergencia”, habían comunicado.
Sin embargo, ayer Economía rechazó la propuesta tarifaria y pidió que se presente esta semana un nuevo plan con un ajuste de precios menor.
No es la primera vez que la cartera que conduce Caputo pide amortiguar el impacto de los aumentos tarifarios en la inflación. Lo mismo ocurrió con el gas, que debía empezar a subir este mes. Si bien las áreas técnicas de Energía habían dicho que estaban preparadas para aplicar los aumentos, dijeron que hubo una “decisión política de Economía” de demorar las subas.
Caputo dijo ayer que la variación de los precios minoristas de febrero estará “más cerca de 10% que de 20%”, en una entrevista con LN+. “No me gusta adelantarme a los números, pero la inflación está en retroceso. La inflación por ahora está bajando más rápidamente”, dijo el ministro.
AySA era una de las empresas estatales que estaba en la mira del Gobierno para ser privatizada. Formaba parte del conjunto de compañías listadas en la ley ómnibus, que se cayó en la sesión de Diputados. Al igual que todas las empresas públicas, en los últimos dos meses no recibió transferencia del Tesoro Nacional.
Los aumentos de tarifas de AySA los decide la Secretaría de Obras Públicas, que depende ahora del Ministerio de Economía. La Secretaría le trasmite la orden de qué tarifa aplicar al ente regulador de agua y saneamiento (ERAS), quien detalla el nuevo cuadro tarifario a AySA. Cuando la empresa estatal elevó la propuesta inicial, la Secretaría convocó a una audiencia pública para mediados de marzo para tratar el tema, que todavía sigue en pie.
En la audiencia también se tratará un cambio en la medición del consumo de agua que salió publicado hoy en el Boletín Oficial, bajo la resolución 641/2023. La misma habilita la posibilidad de que en los edificios con medidores globales se les cobre a los usuarios de forma individual bajo el régimen tradicional no medido y se le abone al consorcio un cargo variable medido. En otras palabras, que los usuarios que viven en PH o los consorcios de edificios vuelvan a tener factura individual.
“Además, se dispuso una nueva guía con criterios para las instalaciones sanitarias domiciliarias. Los usuarios habían reclamado la posibilidad de continuar con la facturación individual en aquellos edificios que cuentan con un medidor global de consumo. El nuevo esquema permitirá que los usuarios puedan contar con un cargo individual calculado según los criterios y parámetros del régimen no medido. En tanto, se emitirá un cargo variable medido complementario al consorcio, en el caso de que el consumo registrado por el medidor global supere la suma de los consumos equivalentes de las facturas individuales del edificio”, explicaron en AySA.
“Es decir, se podrá optar por una modalidad de facturación individual o unificada en los edificios que cuenten con un único medidor. Esta nueva modalidad será voluntaria, optativa y reversible, y lo que busca es una mejora para los usuarios y usuarias del servicio”, agregaron.
Fuente La Nacion
