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Por Nicolás J. Portino González
Ante todo, una pregunta que le haría al Sr. Presidente Javier Milei:
No era más estratégico -y acertado- atacar el desmanejo de Tierra del Fuego para solucionar el déficit con 1 solo enemigo?
Y una pregunta para el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres:
Es correcto que violente la constitución y esté al borde -junto con los demás Gobernadores- de cometer un delito y ser intervenidos?
Dato:
Algunos legisladores habían propuesto eliminar parte de los beneficios fiscales para Tierra del Fuego para que el Estado deje de perder cada año un 2% del PBI de recaudación.
La trama:
Una vez más, ante la irritante espera de mejora de los ciudadanos de a pie, entramos en un dramático giro de eventos que pone en juego la estabilidad energética de Argentina. Los mandatarios patagónicos han elevado el tono de su enfrentamiento con el gobierno nacional, liderado por el presidente Milei. El epicentro de esta disputa se ha situado en un reciente encuentro virtual, donde destacó un áspero intercambio entre el gobernador de Chubut, Nacho Torres, y el presidente. La discordia radica en la exigencia de los fondos adeudados a las provincias, con Torres a la cabeza, amenazando con retener los vitales recursos de gas y petróleo de la región.
La medida, que podría entrar en vigor el próximo miércoles, ha encendido las alarmas no solo en la esfera política, sino también en la judicial. De llevarse a cabo, los gobernadores podrían enfrentarse a acciones legales bajo el Artículo 194 de la Constitución Nacional, que penaliza el entorpecimiento del normal funcionamiento de servicios esenciales, incluyendo el suministro de sustancias energéticas, con prisión de tres meses a dos años.
En una declaración que ha suscitado polémica, el gobernador Torres afirmó que “los gobernadores no son empleados del Gobierno Federal”, una afirmación que contradice directamente al Artículo 128 de la Constitución Nacional, el cual establece a los gobernadores de provincia como agentes naturales del Gobierno Federal.
Ante estas declaraciones, la Oficina del Presidente de la Nación no tardó en responder, emitiendo un comunicado aclaratorio sobre la naturaleza de los “fondos” reclamados por Torres. Según este, la disputa se centra en una deuda que la provincia de Chubut mantiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, cuyo cobro se efectúa mediante descuentos directos de la coparticipación federal.
Un punto adicional, y no menos relevante en este contexto, es el Artículo 124 de la Constitución Nacional. Este articula la propiedad de los recursos naturales, subrayando que, aunque las provincias poseen dominio sobre sus recursos, la explotación de estos se ha cedido a empresas privadas. Estas últimas gozan de libre disponibilidad sobre los hidrocarburos producidos, lo que implica que el crudo ya no pertenece a la provincia. La prohibición de su traslado fuera del territorio provincial no solo desafiaría este principio, sino que además constituiría la creación de aduanas interiores, un acto prohibido por la misma Constitución.
Este enfrentamiento no solo revela las tensiones existentes entre los niveles de gobierno en Argentina, sino que también pone de manifiesto los desafíos inherentes a la gestión y distribución de los recursos naturales, esenciales para el desarrollo y bienestar del país. La comunidad aguarda con expectativa las próximas acciones de ambos frentes, conscientes de que el resultado podría tener implicancias significativas para la seguridad energética nacional.
