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Por Joaquín Morales Solá
Los fondos fiduciarios son financiados con recursos del Estado para un fin determinado; el problema consiste en que su manejo es opaco y están fuera de cualquiera de los controles previstos para la administración pública; los diputados decidieron no delegarle al Presidente su control
Pudo haber sido una casualidad. O pudo haber sido simplemente lo que parece: que la dirigencia política (dejémosle el apelativo de “casta” a Javier Milei) haya decidido resguardar una de las cajas negras que usa para financiarse. Sucedió hace poco, cuando el Presidente decidió retirar del tratamiento parlamentario su proyecto de ley ómnibus, porque gran parte de los diputados se habían trabado en el tratamiento del inciso “h” del artículo 4 de ese proyecto. Cuando llegaron a ese inciso, fue como si se hubiese levantado un bloque sombrío que les impedía a los legisladores seguir el debate. El inciso de la ruina le delegaba facultades al Presidente para que dispusiera de 29 fondos fiduciarios. Según una investigación de Hugo Alconada Mon publicada en La Nación, tales fondos guardan dinero por valor de entre 8000 y 10.000 millones de dólares. Luego, el vocero presidencial, Manual Adorni, anunció que el Presidente eliminará fondos fiduciarios por valor de 2000 millones de dólares; también precisó que perdurarán algunos de esos fondos, pero de manera transparente, aclaró. Es muchísimo dinero. Esos fondos son financiados con recursos del Estado para un fin determinado; el problema consiste en que su manejo es opaco y están fuera de cualquiera de los controles previstos para la administración pública. Muy pocos argentinos sabían, antes de que un haz de luz cayera sobre ellos, que esos fondos fiduciarios existían. El haz de luz se convirtió en un potente reflector cuando apareció Juan Grabois manejando uno de esos fondos, el de Integración Social Urbana, creado para la urbanización de barrios humildes. En rigor, el control del fondo no lo tenía directamente Grabois, sino una dirigente surgida de su organización, Fernanda Miño. Según una reciente investigación, ese fondo administró más de 1200 millones de dólares en los cuatro años de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La primera pregunta que debe hacerse es por qué dirigentes sociales, como Grabois o Miño, tuvieron el control de semejante caja para hacer obras públicas. El caso remite de manera inevitable a las Madres de Plaza de Mayo, a la franja liderada entonces por Hebe de Bonafini, y a los hermanos Schoklender por el plan oficial de construcción de casas llamado Sueños Compartidos. Todos terminaron investigados por la Justicia. María Eugenia Talerico, que cobró notoriedad pública como funcionaria de la Unidad de Información Financiera, declaró a propósito de la denuncia sobre Grabois: “Son unos sinvergüenzas, desde Grabois hasta Máximo Kirchner y Miño. Ponen a una mujer a cargo a la que luego le sueltan la mano”. Talerico contó que las organizaciones sociales, o algunas de ellas, mutaron de cooperativas a fondos fiduciarios porque las cooperativas son más visibles. Aseguró que en los fondos fiduciarios “encontrarán defraudaciones muy escandalosas cuando empiecen a investigar”. Funcionarios oficiales señalaron que ese fondo está siendo auditado por el gobierno de Milei y que harán la denuncia judicial correspondiente si se encontraran malversaciones.
Las versiones falsas siempre tienen un autor presunto y un interés oscuro
Un rumor frecuente en los tribunales federales de Comodoro Py señala que el gobierno de La Libertad Avanza no muestra especial interés en hurgar en la corrupción del kirchnerismo, pero también recalca que no impide las investigaciones de jueces y fiscales. “No hace nada, pero deja hacer todo”, sintetizaron. Tales reflexiones ocurrieron antes de la buena nueva anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien informó que el Gobierno volverá a ser querellante en las causas de corrupción y que lo hará la Oficina Anticorrupción. De todos modos, influyen también la decisión o la desidia de los jueces. El fiscal Carlos Stornelli acaba de mezclarse en una dura polémica con el polémico juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Para desgracia de la causa, cayó en manos de ese juez la investigación sobre los nexos con las cloacas del espionaje y con la política kirchnerista del expolicía federal Ariel Zanchetta. En poder de Zanchetta se encontraron 1196 informes de inteligencia ilegales; el expolicía reportaba como agente inorgánico de la SIDE y les suministraba información sobre jueces y fiscales al dirigente de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez y al diputado hiperkirchnerista Rodolfo Tailhade. Martínez de Giorgi se niega ahora a entregarle a Stornelli la investigación que existe en el expediente con el argumento de que primero tiene que leerla él. ¿Cuándo la leerá? Silencio. Misterio. El juez le negó también al fiscal el acceso al instrumental tecnológico de Zanchetta, con el que este husmeaba en la vida de los otros. Ya en diciembre pasado, Martínez de Giorgi intentó apartar a Stornelli de la causa con la excusa de que el fiscal figuraba entre los magistrados perseguidos por Zanchetta. Es notable, pero Martínez de Giorgi apartó a Stornelli, aunque no se apartó él mismo, porque el juez también figura en la lista de magistrados perseguidos por Zanchetta. La Cámara Federal repuso a Stornelli en la investigación. El fiscal acusó a Martínez de Giorgi de haber “asumido el papel de parte” y de haberse alejado “de la necesaria imparcialidad de un juez”. Martínez de Giorgi es el mismo juez que hizo decomisar las cámaras de seguridad cercanas a LA NACION para ver si descubría las fuentes del periodista Diego Cabot en el caso de los cuadernos de las coimas, la mejor biografía de la corrupción kirchnerista. El magistrado olvidó el artículo 43 de la Constitución, que dice textualmente: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. El juez, así las cosas, violó la Constitución. También es el mismo juez que se sentó sobre varias carpetas que el entonces juez Claudio Bonadio, ya fallecido, encontró en la casa de Cristina Kirchner con muchos informes de los servicios de inteligencia sobre la vida privada y pública de políticos opositores y de poderosos empresarios. Bonadio mandó a sorteo esas carpetas porque no formaban parte del motivo de su allanamiento; desgraciadamente, también cayeron en manos de Martínez de Giorgi. La rumorología entre jueces señala que Martínez de Giorgi tiene solo dos objetivos en su vida, y que son estos: que su esposa sea jueza federal de Hurlingham y el ascenso de él mismo a camarista del fuero penal. ¿Ahí radica la explicación de todo? Es probable.
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En otro juez que hace poco y nada en su despacho, Sebastián Ramos, cayó una denuncia de la Fundación Apolo, vinculada al partido de Ricardo López Murphy, sobre presuntos hechos de corrupción en la aprobación de las importaciones en tiempos de Sergio Massa. El SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) estuvo manchado por las versiones de corrupción desde que el entonces ministro de Economía lo puso en marcha. Según el rumor más asiduo en la política de los tiempos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa, los importadores debían pagar un porcentaje de entre el 6 y el 20 por ciento para que esas autorizaciones salieran velozmente. Pero también habrían existido las sobrefacturaciones para conseguir un dólar barato sin importar nada. De hecho, en la auditoría del actual gobierno sobre las SIRA apareció una diferencia de unos 20.000 millones de dólares entre lo que figuraba como deuda de importadores y los importadores que realmente se registraron. ¿Dólar barato en un país sin dólares? Es probable.
Diputados de la Coalición Cívica (Juan Manuel López y Paula Oliveto) habían denunciado la supuesta corrupción de ese sistema en el juzgado de Julián Ercolini, quien delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. Taiano aseguró luego que no encontró nada y Ercolini archivó la causa por inexistencia de pruebas. Luego, Yamil Santoro, director de la Fundación Apolo, presentó una nueva denuncia sobre la corrupción en las SIRA. Desde mediados de enero, ese expediente está a cargo del juez Ramos, pero hasta ahora, ya a fines de febrero, no hubo ninguna noticia sobre el caso. Silencio, otra vez. Santoro pidió que el juez cite a declarar a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque ella llamó “Tongolini” a las SIRA, haciendo un juego de palabras con “tongo” (fraude o estafa, según un neologismo argentino) y el verdadero apellido del entonces secretario de Comercio, Matías Tombolini, cuya dependencia era una de las tres que debían autorizar las importaciones. Las otras dos eran el Banco Central y la AFIP.
Otro rumor, más judicial que político, indicó falsamente que la Corte Suprema de Justicia, la única instancia judicial prestigiosa del país, estudia ahora si es constitucional –o no– el megadecreto de necesidad y urgencia de Milei. La versión se completaba con la información supuesta de que había un empate de dos votos contra dos porque hay cuatro magistrados en ese tribunal. Nada es cierto. Ni la Corte está tratando el decreto de Milei ni puede haber, por lo tanto, un empate. La mayoría conformada por tres jueces supremos (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda) está vigente y goza de buena salud. Las versiones falsas siempre tienen un autor presunto y un interés oscuro.
Fuente La Nación
