Fernández fue titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de Carlos Menem.Fernández, incluso escribió un libro, “Saqueo asegurado”.
En aquellos años, Fernández había arreglado con las aseguradoras pagarles 1200 millones de dólares para saldar la deuda del Estado, pero según había calculado el liquidador esa deuda era de menos de 500 millones.
Además, pidieron a la Auditoría General de la Nación que analice la contratación de seguros en todo el ámbito del sector público. En la mira se encuentra el ex Presidente Alberto Fernandez. Cabe recordar que Fernández fue titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de Carlos Menem.Fernández, incluso escribió un libro, “Saqueo asegurado”.
En aquellos años, Fernández había arreglado con las aseguradoras pagarles 1200 millones de dólares para saldar la deuda del Estado, pero según había calculado el liquidador esa deuda era de menos de 500 millones. Alberto Fernández conoce muy bien el negocio del seguro.
Luego de que Clarín revelara una presunta “caja negra” de la política que destapó el eyectado titular de la Anses, Osvaldo Giordano, y que era financiada con seguros que contrataba el Estado para otorgar créditos a jubilados durante el gobierno de Alberto Fernández, diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto que habilitaba la maniobra.
A la par, los legisladores que responden a Elisa Carrió hicieron un pedido a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que investigue sobre el tema. Mientras que por estas horas preparan una presentación ante la Justicia.
Clarín reveló el pasado domingo que las aparentes maniobras “recaudatorias” que el dirigente cordobés visibilizó mediante una auditoría interna generaban una masa de $ 20 mil millones.
Ese monto era lo que pagaba la Anses a una entidad del Banco Nación Seguros para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que daban los créditos en operaciones de las que también participaban, con suculentas comisiones, firmas privadas a modo de “coaseguro”.
Ese requisito, el de armar una póliza en favor de los beneficiarios, fue implementado en 2021 bajo la gestión de Alberto Fernández ya que en los diez años precedentes los préstamos se habían otorgado sin esa modalidad.
La diputada Alejandra Torres que votó en contra de la ley ómnibus (ley de bases) y su marido el ex titular de La ANSES Osvaldo Giordano
Ahora, diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto 823/2021 que habilitaba la contratación de los seguros. El texto lleva la firma de los legisladores Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Victoria Borrega, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.
En los considerandos, el proyecto destaca que se impuso durante el gobierno de Alberto Fernández “la obligación al Sector Público Nacional de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros S.A., sin licitación previa”.
“Esta medida, lejos de fomentar la competencia y transparencia en las contrataciones públicas, consolidó un monopolio en el sector de seguros estatales, lo cual contradice los principios de eficiencia y transparencia que deben regir en la gestión de recursos públicos”, subrayaron.
Los diputados recordaron que el decreto que justificó esta medida se enmarcó “como una excepción para favorecer a entidades públicas” y resultó, de acuerdo a los legisladores, “en la consolidación de un monopolio en el sector de seguros estatales, y facilitó la participación de empresas privadas como coaseguradoras y brokers intermediarios en operaciones poco transparentes”.
La irregular contratación de seguros por parte de la ANSES fue revelada en una nota de Clarín. Foto Orlando Pelichotti
Además, el texto solicita a las entidades del Sector Público Nacional que revisen las contrataciones de seguros llevadas adelante durante la vigencia del decreto.
A la par, elevaron una nota al presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, para solicitarle “la realización de un examen especial en el ámbito de todo el Sector Público Nacional cuyo objeto sea la totalidad de los contratos de seguro celebrados durante la vigencia del Decreto 823/2021”.
En la solicitud piden que se aborden “sus aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimonial, legal y los demás que considere pertinentes”.
