Tras varias postergaciones, Lázaro Báez se sentó, al fin, en el banquillo de los acusados en Chaco. Afronta cargos por la presunta evasión de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública a través de una de sus constructoras. Y de ser hallado culpable, la condena configuraría el “delito precedente” de otras maniobras delictivas, como la “ruta del dinero K”.

Sujeto al régimen de la prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires, Báez participó en la primera audiencia oral a través de la plataforma Zoom, a diferencia de su socio en la firma “Sucesores de Adelmo Biancalani”, el otrora senador nacional por el Partido Justicialista, Fabio Biancalani, quien sí se presentó en la sala donde el Tribunal Oral Federal desarrolla el juicio.

La apertura se concretó tras tres postergaciones causadas por las demoras para producir algunas pruebas; entre ellas, un peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según había informado el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.

Así, fijada para el 20 de octubre pasado, la apertura del juicio se postergó para el 5 y 19 de diciembre y, por último, para el 22 de este mes, cuando el presunto testaferro de la familia Kirchner y Biancalani coincidieron de manera virtual con el expresidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, otro de los lugartenientes de Báez, el contador Claudio Bustos, y el abogado Jorge Chueco, que al igual que Báez ya afrontan otras condenas.

La acusación contra los cinco acusados se centra en las presuntas maniobras delictivas con facturas truchas que habrían desarrollado a través de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, con un perjuicio para el fisco estimado en decenas de millones de pesos, cifra que está sujeta a una actualización sustancial.

En ese sentido, Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno con el fin de cubrir, de ser hallados culpables, la cifra que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó hace años que habrían evadido en los impuestos a las Ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.

Durante la primera audiencia, las defensas plantearon objeciones a las que deberán responder en la próxima audiencia del juicio, fijada para este jueves 29, el fiscal federal, Federico Carniel, y los abogados de la AFIP, organismo que participa en el proceso como querellante.

Tanto para para Báez -que ya acumula dos condenas penales en los casos “Vialidad” y “ruta del dinero K”-, como Mendoza y Bustos, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representa una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como miembros de una presunta asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio de las arcas públicas por más de $673 millones y los embargó por $120 millones. Pero la Cámara Federal con asiento en esa ciudad revocó el procesamiento de Báez, a mediados de 2021, tras concluir que él y sus alfiles ya eran investigados por esos mismos hechos en Buenos Aires. Tras esa decisión, el juez sólo remitió a juicio oral a los empresarios bahienses que trabajaron para el dueño de Austral Construcciones.

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, procesó a Báez, Mendoza y Bustos en marzo de 2018 por la presunta evasión de al menos $ 70 millones a través de Austral Construcciones, y elevó a juicio oral a Báez y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana a juicio, como también a Mendoza, Bustos, Chueco, César Andrés y otros alfiles. Todos deberán afrontar la instancia oral ante el Tribunal en lo Penal Económico N° 3, que por estos días avanza con la concreción de medidas de prueba suplementarias.

En ese sentido, también la semana pasada, la Cámara del fuero en lo Penal Económico, rechazó las apelaciones de Lázaro y y Martín Báez, Mendoza y otros dos acusados, César Andrés y Eduardo Arrejín. Con el voto concurrente de Roberto Hornos y Carolina Robiglio confirmó sus procesamientos y los embargos de Lázaro Báez y Mendoza, actualizados a $2000 millones cada uno, y de Arrejín, cifrado en $700 millones.

Chaco, eslabón clave

El expediente que tramita ante la Justicia federal en Chaco se inició, cabe recordar, con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos multimillonarios al revisar los libros contables de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, en la que Fabio Biancalani continúa como accionista minoritario.

En septiembre de 2020, el juez federal subrogante, Enrique Bosch, procesó a Báez y los demás acusados a pedido del fiscal federal Patricio Sabadini. Estimó que había pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.

Esas facturaciones, según estimó Bosch –quien preside el tribunal oral que juzgará a Báez, aunque se excusó de intervenir-, “sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.

Ocho meses después, la Cámara Federal de Resistencia confirmó los procesamientos de todos los acusados. “Tenemos por acreditada la autoría de los procesados por prueba indiciaria sumada a los restantes elementos objetivos aunados”, remarcaron los camaristas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Juan Manuel Iglesias.

Para Báez, qué ocurra en Chaco resulta clave para su estrategia defensiva. Entre otros motivos, porque el tribunal con sede en Buenos Aires que en 2020 lo condenó por la “ruta del dinero K” a 12 años de prisión (pena que la Cámara Federal de Casación redujo luego a 10 años) junto a Chueco (6 años), Mendoza (6 años, que se redujo a 5 años) y Bustos (4 años y 6 meses, que bajó a 3 años), argumentó que el origen de esos fondos fue el fraude fiscal de fortunas que recibió de la obra pública. Y a lo largo de la sentencia, invocó repetidas veces lo ocurrido en territorio chaqueño.

Según determinó el tribunal oral conformado por las juezas Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero, las audiencias se celebrarían una vez por semana y se prevé que se extiendan a lo largo del primer semestre de 2024.

Fuente La Nacion