El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que uno de sus objetivos es la incorporación de tecnologías para la prevención de delitos, como la interconexión entre sistemas de vigilancia y el uso de Inteligencia Artificial (IA).
«La parte más difícil es la imprevisibilidad de la delincuencia, entonces la política preventiva es la que ha tenido más éxito con un giro dramático hacia la tecnología», detalló en conversación con la vocera del Gobierno, Paula Carro.
Esto se traduce en la conexión del Sistema 911 con cámaras de vigilancia en comercios privados, y a través de la inteligencia artificial para identificar imágenes sospechosas. Por ejemplo, personas que ingresen con cascos a los locales. «Son imágenes que rápidamente se puede notificar a los Linces y efectivos, eso es lo que estamos apuntando», indicó.
El ministro recordó la necesidad de mayor inversión para el combate a la delincuencia y como es un objetivo del gobierno del presidente Santiago Peña. «El presidente fue enfático: si no hay seguridad, no hay desarrollo».
Estas inversiones serán para adquirir equipamiento y tecnología, además de más personal. Desde el comienzo de la actual administración de Gobierno, se duplicaron los miembros del Grupo Lince con 600 nuevos agentes de la agrupación especializada a fines del año pasado.
En estos momentos un nuevo cohorte de 600 agentes se encuentra realizando el entrenamiento especial, mientras que para la Policía Nacional se tiene previsto incorporar 5.000 nuevos efectivos a fines de este año.
Tenemos 29.000 efectivos en actividad, de los cuales 2.000 son civiles y 3.000 están bajo investigación, por lo que en la práctica se cuentan con alrededor de 12.000 efectivos desplegados al mismo tiempo en todo el país.
Mesa de Justicia a nivel estatal
Riera adelantó que se conformará una «Mesa de Justicia» con el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. «Ninguno de los tres poderes del Estado está pudiendo atender la demanda de una sociedad conflictiva», dijo respecto a la inseguridad en el país, que también se ve afectada por el sistema judicial.
«Tenemos que asumir la realidad de que todo el sistema está colapsado: la Fiscalía no puede atender más del 30% de los casos, hay un abuso de la prisión preventiva, las cárceles están saturadas», sumado a la estadística de que «el 80% de los delitos son cometidos por reincidentes» lo que indica que no funcionan el sistema penal ni la reinserción social, señaló.
Ante esta realidad es obligación del Estado dar respuesta, dijo el ministro. Como representante del Ejecutivo «si tenemos detenidos delincuentes reincidentes, no podemos decir lo que falla es el sistema judicial; no alcanza, es el Estado», acotó el ministro.
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Fuente ADN Digital