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El Partido Popular ha cumplido su amenaza y ha tumbado en el Senado los objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Gobierno y aprobados por el Congreso de los Diputados. Ya votó en contra de este mismo reparto hace un mes y advirtió al Gobierno que volvería a hacerlo si no aceptaba negociar una senda diferente u otras concesiones a las regiones. Este rechazo conduce al proceso presupuestario a un vacío legal que está por ver cómo se soluciona. El Senado ha rechazado finalmente el reparto de los objetivos de déficit con 146 votos negativos frente a los 115 positivos.
La norma que determina cómo es el proceso presupuestario está deterimanda en la Ley de Estabilidad (2/2012) y fija meridianamente que los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno tienen que ser aprobados tanto en el Congreso como en el Senado. En el caso de que no haya acuerdo entre las dos Cámaras, se recuperan los aprobados inmediatamente antes, ya que la senda se elabora para tres años. Sin embargo, ocurre la particularidad de que no existe senda anterior para el año 2024, ya que las reglas fiscales llevan suspendidas desde el año 2020. Es un callejón sin salida.
La Ley de Estabilidad no contemplaba que el Gobierno no fuese capaz de conseguir el apoyo de las dos Cámaras para la senda de estabilidad y mucho menos que no hubiese una senda anterior a la que vincular los presupuestos. El resultado es que se abre un vacío legal que sentará un precedente para futuras ocasiones en las que se repita esta situación.
De hecho, se da la paradoja de que la senda de estabilidad incorporada al Programa de Estabilidad va más lejos de lo que podría hacer una senda de estabilidad aprobada por las Cámaras. El motivo es que no se puede imponer a ninguna administración la exigencia de superávit. El artículo 135 de la Constitución determina que la ley orgánica de estabilidad fijará “el déficit estructural máximo permitido al estado y a las comunidades autónomas”, por lo que no puede obligar a tener superávit. Y en el caso de los ayuntamientos, se determina que “deberán presentar equilibrio presupuestario”. Además, la ley de estabilidad refuerza que el equilibrio presupuestario ya se considera estabilidad presupuestaria. Sin embargo, la senda del Programa de Estabilidad que se aplicaría ahora como norma obliga a los ayuntamientos a tener un superávit del 0,2%, algo que excede las competencias de la ley.
El motivo de la diferencia entre la senda de estabilidad legal y la que se inlcuye al Programa de Estabilidad es que esta segunda no impone ningún límite a las administraciones, sino que Hacienda la elabora teniendo en cuenta sus previsiones teniendo en cuenta el impacto de las restricciones de la regla de gasto. Como los ayuntamientos no pueden gastar todo lo que ingresan, cada año tienen superávit, lo que llevó al Ministerio de Hacienda a fijar en el programa de estabilidad un superávit del 0,2% para los ayuntamientos. Ese superávit, que no era más que un cálculo, se convertirá ahora en una obligación que excede los límites de lo que puede exigir la Ley de Estabilidad.
El Ministerio de Hacienda posee un informe de la Abogacía del Estado en el que señalaría que la falta de consenso con cualquiera de las dos Cámaras conllevaría que entre en vigor la senda de estabilidad comunicada a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad. Esto es, los presupuestos de todas las administraciones públicas vendrían determinados por un documento que no tiene ningún rango legal y que no se ha votado en ningún parlamento, ni estatal ni autonómico. Ni siquiera necesita el visto bueno del Consejo de Ministros. El argumento de la Abogacía expuesto por Montero es que la oposición del Congreso o el Senado no puede abocar a España a incumplir un mandato europeo de tener unos objetivos de estabilidad presupuestaria.
Dicho informe señala que “a falta de aprobación, conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo”. Sin embargo, la existencia de este informe tampoco garantiza que la decisión adoptada por la Abogacía no pueda ser impugnada. Se abre ahora un periodo de incertidumbre hasta conocer qué decisiones adoptarán las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos.
El Gobierno no negociará más
Lo que sí determina específicamente la Ley de Estabilidad es que el Gobierno tiene un mes de plazo para rehacer los objetivos de estabilidad y remitirlos nuevamente a las Cortes. Sin embargo, Montero ha rechazado este extremo, ya que considera que el PP va a votar en contra de cualquier senda que proponga, por lo que no negociará más. No obstante, los populares han señalado que están dispuestos a acordar una nueva senda que aumente el margen de déficit concedido a las comunidades autónomas, o se les autorice a bajar los impuestos o a bonificar los tributos cedidos.
Si finalmente se impone la senda de estabilidad incorporada al Programa de Estabilidad, el reparto del déficit será más beneficioso para el Estado y más perjudicial para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no tendrán ningún margen de déficit. Esto es, supondrá un tiro en el pie para el Partido Popular, que es quien ostenta la mayor parte del poder regional y local. En concreto, la senda de estabilidad del Programa de Estabilidad contemplaba que las corporaciones locales tendrían un superávit del 0,2% del PIB, extremo que ahora pasaría a ser obligatorio.
Las comunidades autónomas tendrían que ceñirse al equilibrio presupuestario, frente al déficit del 0,1% del PIB que había concedido el Gobierno en su propuesta. Esto significa que las CCAA tendrán que ajustar sus presupuestos en una cuantía superior a los 1.500 millones de euros respecto a sus cuentas ya aprobadas. Sin embargo, está por ver cómo se sustancia este cambio, ya que históricamente las CCAA han icumplido los objetivos de déficit sin que sus cuentas hayan sido intervenidas por los diferentes gobiernos estatales.
En definitiva, toda esta situación abre una nueva vía de agua a una Ley de Estabilidad que ha sido incumplida de forma recurrente en diferentes puntos. El último ejemplo está en el plan de reequilibrio presentado por el Ministerio de Hacienda en 2023 y que, según ha denunciado la Autoridad Fiscal (AIReF) “no se ajusta al contenido previsto en la Ley” en su artículo 22. La fragmentación política, los déficits de financiación de las comunidades autónomas y la incapacidad de los partidos políticos para alcanzar grandes consensos han provocado que una de las normas clave aprobadas durante la crisis financiera haya sido pisoteada sistemáticamente. Y que lo vaya a seguir siendo.
El Partido Popular ha cumplido su amenaza y ha tumbado en el Senado los objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Gobierno y aprobados por el Congreso de los Diputados. Ya votó en contra de este mismo reparto hace un mes y advirtió al Gobierno que volvería a hacerlo si no aceptaba negociar una senda diferente u otras concesiones a las regiones. Este rechazo conduce al proceso presupuestario a un vacío legal que está por ver cómo se soluciona. El Senado ha rechazado finalmente el reparto de los objetivos de déficit con 146 votos negativos frente a los 115 positivos.
Fuente El Confidencial
