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Exactamente al cumplirse una semana del mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa, en la Casa Rosada comenzó a desarrollarse oficialmente el plan descripto por Javier Milei en el Congreso. Con la presencia de representantes de veinte gobernadores y cuatro vices, el mandatario no tuvo de qué quejarse respecto de la recepción que tuvo su llamado: hasta los gobernadores más hostiles (que se pueden contar con los dedos de una mano) estuvieron representados en el encuentro presidido por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.
Fue por eso que si bien los gobernadores sabían quiénes serían sus anfitriones, esperaban como un gesto mínimo que el presidente pasara al menos un instante para saludar. No sucedió, aunque ninguno de los gobernadores expresó públicamente desazón alguna por esa actitud, más bien prefirieron justificarlo. Pero esa actitud de Milei no les pasó desapercibida.
Pudo haber incidido que el único encuentro que registra el presidente con los gobernadores tuvo después comentarios críticos de sus interlocutores respecto del desempeño presidencial durante la reunión.
Esa toma de distancia del mandatario respecto de los gobernadores va en línea con lo que el propio mandatario se encargó de expresar en su visita a lo que días antes había definido como “nido de ratas”: el recinto donde se apiñaron diputados y senadores nacionales para escucharlo atentamente. Allí, en la última parte de un discurso que fue áspero pero respetuoso -para lo que podía esperarse-, ofreció dos caminos: uno “de paz y no de confrontación”, y otro de confrontación. “Si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán”, remarcó, dejando claro que no tiene demasiada confianza en que los legisladores tomen el camino de los acuerdos. “Acuerdos sí, no el consenso contra el cambio”, dejó claro.
Puede ser -en rigor, queda claro que lo es- su estrategia para negociar sin demostrarlo. Pero se sabe que está en su naturaleza confrontar con la casta. Entendiendo casta como todo aquello que está en la vereda de enfrente. Está presente todo el tiempo y en la previa de la cumbre con gobernadores, lo dejó claro una vez más el vocero presidencial, quien al referirse a esa reunión deslizó que “sin el apoyo de buena parte de la política, estamos haciendo un montón de cosas; imagínense lo que podríamos hacer si efectivamente nos empieza a apoyar el resto de la política, que hasta el día de hoy no lo hace”.
Más allá de esa cuestión que en definitiva tiene que ver con el relato que construye la administración libertaria, la realidad es que ambas partes se retiraron el viernes con la sensación de haber tenido una reunión positiva; un comienzo alentador pero nada sencillo, que deberá sortear obstáculos complicados en su camino hasta el 25 de Mayo, fecha límite que el presidente marcó el 1° de marzo. 86 días de trabajo -prácticamente el mismo tiempo que Milei lleva al frente del Ejecutivo- para alcanzar resultados distintos a los conseguidos durante el verano, en el primer intento fallido de tratamiento de la ley de Bases.
Los gobernadores tuvieron datos puntuales referidos a lo que será el nuevo proyecto, que pasará de los 664 artículos originales conocidos el pasado 28 de diciembre, a alrededor de 190.
La nueva ley incluirá delegación de facultades, desregulación energética y el tema biocarburífero, entre otras cosas. Según pudo saber este medio, comienza por lo que se denomina la “reorganización administrativa”, que no es otra cosa que las delegaciones al presidente. Ese camino ya fue saldado durante el debate trunco del verano. En cuanto a los fondos fiduciarios -tema en el cual se empantanó la discusión en particular-, se dispondrá la modificación, disolución o extinción de los mismos, como así también la reversión de sus recursos al Tesoro nacional hasta la próxima ley de presupuesto.
Avanzarán con el proceso de privatización de empresas, tema donde no se discutirá YPF, como ya se había acordado oportunamente, pero sí tallarán los gobernadores que están especialmente interesados en muchas de las empresas que tienen que ver con sus provincias.
Hay un capítulo especial para la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos y uno dedicado al empleo público. En cuanto al meneado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al mismo le corresponde el Título III de la ley, donde se deja claro que se mantienen acciones de empresas dentro del FGS en ANSeS.
Un tema de vital importancia es el de la movilidad jubilatoria, que había sido quitado del texto anterior y ahora volverá, con una fórmula establecida que prevé un ajuste mensual por IPC a partir de abril, más 10 puntos porcentuales de recomposición. La cuestión reviste singular atención en momentos en que en el Congreso hay una fuerte presión sobre la misma, al punto tal que para el próximo miércoles la oposición dialoguista pidió una sesión especial para tratar el tema.
Hay un capítulo dedicado a la desregulación económica, en el que se delegan al Poder Ejecutivo la modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de costos, atenten contra la libre competencia y generen escasez o distorsiones en los precios de mercado, según reza el proyecto.
Hay un título dedicado a la energía, con una nueva Ley de Hidrocarburos, donde se atiende el gas natural, biocombustibles y la transición energética.
El proyecto incluye la moratoria impositiva (blanqueo) que había sido borrado por el ministro Luis Caputo el viernes previo al inicio del debate en el recinto y también una nueva Ley de Ingresos Personales, que no es otra cosa que el tema Ganancias, una cuestión que genera fuertes resistencias de parte de algunas provincias, sobre todo las patagónicas. En ese título se incluye la eliminación de ciertas exenciones que aplican sobre la cuarta categoría.
Sobre este punto, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck reveló que el Gobierno prevé un nuevo piso de $1.500.000, que rechazó de plano. En rigor, el proyecto en cuestión ya existe y fue enviado al Congreso el 24 de enero pasado, con esas cifras.
Se modificará también el monotributo, aumentando las escalas de montos de facturación y las cutas fiscales.
Así como los gobernadores se anoticiaron del tema este viernes, quienes tendrán la última palabra son los legisladores y por eso es que el jueves pasaron por la Casa Rosada los jefes de los bloques PRO y UCR, Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo respectivamente. Ellos también fueron puestos al tanto de la nueva ley que llegará en los próximos días a la Cámara baja. El radical aclaró que no hay manera de que el restablecimiento del impuesto a las Ganancias -proyecto al que en su momento JxC se opuso- pueda ser retroactivo.
Miguel Pichetto, titular de Hacemos Coalición Federal que pidió esa sesión del miércoles que viene y otra para el siguiente, por el FONID, visitó la Rosada el viernes, con el mismo fin. Guillermo Francos lo puso al tanto de lo que deberán debatir y encontró el beneplácito del excandidato vicepresidencial, por la eliminación de temas de menor importancia.
Con todo, este es el inicio del camino y son muchas las partes que deben ponerse de acuerdo. Pero hay una base sobre la que se debe trabajar y es auspiciosa, según dejaron entrever los interlocutores legislativos de Francos: los 144 votos positivos que encontró la aprobación en general de la primera ley de Bases.
Para esta nueva instancia se destaca la participación del jefe de Gabinete, al que la gran mayoría de los gobernadores recién conoció el viernes pasado. Y la convicción del ministro del Interior que se siente más “empoderado” para esta ocasión. Se verá.
Ha habido en la previa “ruidos” que no contribuyeron -a ojos de los legisladores- en esta negociación en ciernes, como la discusión en torno a las dietas legislativas, que los miembros más conspicuos del Parlamento enmarcan en el discurso antipolítica. Recuerdan que el acuerdo salarial se había alcanzado el 24 de febrero pasado, solo que esa vez no se difundió que incluía a los legisladores, cosa que está escrita en el reglamento. No hace falta una ley para revertirla -que llevaría mucho más tiempo-, como pomposamente se anunció “por disposición presidencial” el jueves pasado. Suficiente con un decreto en cada una de las cámaras. Además, dejaron claro los legisladores más respetados, un presidente no puede inmiscuirse en cuestiones inherentes a otro poder.
Tampoco cayeron bien en los legisladores expresiones presidenciales que trascendieron del paso de Milei por ExpoAgro, donde dicen se refirió de manera impropia a los gobernadores, a los que habría dicho tener “agarrados de las pelotas”. Y del Congreso, amenazó con cerrarlo, según deslizaron algunos interlocutores.
En la semana, legisladores que se reunieron con una delegación alemana escucharon comentarios laudatorios respecto de las perspectivas de nuestro país, pero reparos en materia de “seguridad jurídica”. Un gobierno que a diferencia del anterior no se pelea a muerte con la Corte Suprema, pero mantiene una mala relación con el Congreso y una propensión especial a apelar a los decretos, no resulta un buen antídoto para aventar ese resquemor.
Fuente Mendoza Today
