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La polémica por el aumento de las dietas de los legisladores lejos está de ceder, más bien lo contrario. Pasan los días y crecen las repercusiones de un tema que nadie esperaba que estallara así, sobre todo teniendo en cuenta que este acuerdo salarial fue suscripto el pasado 24 de febrero, fecha en la que se lo anunció.
Está bien que en esa oportunidad, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no aclaró que el acuerdo salarial que establecía un incremento del 28% dividido entre los meses de enero y febrero se extendería también a los legisladores. De hecho, cuando parlamentario.com difundió esa noticia aclaró que no se había informado si el incremento se haría extensivo a los diputados y senadores.
En rigor, no hacía falta aclararlo, pues a partir de una disposición que ahora todos recuerdan del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner suscripta por los presidentes de las cámaras Amado Boudou y Julián Domínguez –recordar que es otro poder-, esos aumentos están enganchados con los de los trabajadores legislativos. Se hizo precisamente para terminar de una vez con el impacto habitual que en cualquier tiempo genera la difusión del aumento de las dietas, y para evitar los desfasajes entre ambas cámaras. Al estar enganchados, los aumentos son los mismos que perciben los empleados legislativos y se suponía que evitarían en el futuro que todos los ojos se posaran en el Congreso cada vez que trascendiera un aumento.
Eso se alteró en tiempos de pandemia, cuando el común de la gente no sabía si seguiría percibiendo sus haberes, y ni siquiera cómo podría funcionar el Parlamento. En esos tiempos surgieron propuestas de hacer quitas a los sueldos de los legisladores para destinar el dinero al sistema de salud, pero todo quedó en la nada. Algunos se transformaron en proyectos. Nada avanzó en el Congreso nacional, aunque sí en algunas provincias se procedió en ese sentido.
Ahora, al confirmarse esta última semana que los senadores y diputados tendrían un aumento del 28% -que mediáticamente se redondeó en el 30-, estalló un escándalo que desde lo más alto del poder hicieron crecer. Fue cuando surgieron voces desde el oficialismo de la Cámara baja a favor de retrotraer el aumento, luego el presidente de la Cámara avanzó en ese sentido y la remató el presidente de la Nación anunciando que mandaría una ley para retrotraer la disposición que enganchaba los haberes de los legisladores al de los trabajadores.
Alcanzaba con resoluciones de ambas cámaras en ese sentido, no hacía falta que Javier Milei anunciara ningún proyecto de ley relacionado con otro poder del Estado, pero lo cierto es que el tema complicó a una de las autoridades del Congreso: la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel.
Pasa que mientras en la Cámara baja las críticas de la oposición pasaron por hacer hincapié en la necesidad de establecer en todo caso una unidad de medida para todos los poderes del Estado en materia salarial, en el Senado la situación hizo trastabillar el difícil status quo que la presidenta del Cuerpo intenta mantener. Recordemos que el oficialismo cuenta apenas con 7 senadores sobre 72; esto es, tan solo el 10% de la Cámara.
Allí Villarruel no ha tenido que hacer equilibrio aún con la ley de Bases, que si sortea esta vez el escollo de Diputados deberá tratar de aprobar contrarreloj en el Senado -dependerá cuándo salga de la otra Cámara, si sale-, pero sí se las está viendo complicadas con el mega DNU.
Si bien originalmente Villarruel había logrado con mucha muñeca lidiar con un Senado donde la principal oposición tiene 33 miembros (le faltan apenas 4 miembros para ser mayoría), dominar la situación e imponer autoridades para las comisiones que hasta ahora alcanzaron a armarse, las cosas se le complicaron. Logró armar una mayoría especial de 39 miembros, pero tuvo su primer traspié cuando no pudo convertir en ley Boleta Única de Papel. Después, el tema del DNU 70/23 alteró el andar de todo el Senado y ya no pudo volver a convocar a sesionar por el riesgo de que en cualquier momento avance la oposición con el rechazo al decreto de necesidad y urgencia. Así, debió postergar el tratamiento del proyecto de lavado de activos, que perdió así estado parlamentario.
Ahora este tema de los haberes de los senadores nacionales amenaza con complicarle la existencia a Villarruel, quien a diferencia de su par de Diputados no ha opinado públicamente sobre la cuestión, pero ya ha trascendido que no seguirá el mismo camino que Martín Menem. Por el contrario, no piensa retrotraer el aumento, ni avanzar con derogación de ninguna reglamentación sobre el tema.
Pasa que tiene problemas políticos más serios que atender, en los que este tema solo contribuiría a complicarle más la situación y minar de paso su autoridad. Así lo piensa la vicepresidenta de la Nación, que considera que su principal desafío hoy es defender el decreto de necesidad y urgencia 70/23, cuando la oposición tiene el número suficiente para rechazarlo. Sería la primera vez que sucediera eso con un presidente en vigencia (el kirchnerismo alcanzó a rechazarle un DNU a Mauricio Macri cuando éste ya no era presidente). Si bien eso no alcanzaría para que el mega DNU pierda vigencia, sería un ruido político lo suficientemente importante para afectar al Gobierno nacional en su conjunto.
Desde la Casa Rosada, sin embargo, no estarían tan asustados con eso, pues consideran que algo así, que en definitiva no alcanzaría para voltear por completo al DNU, expondría malamente a “la casta” en general y el Congreso en particular. Esa pareciera ser la principal obsesión del Poder Ejecutivo.
Amén de ello, la decisión de la titular del Senado es no avanzar contra el aumento otorgado y prepararse mientras tanto para resistir la sesión especial que ya no la oposición principal del Senado (UP), sino una armada con el resto de la oposición, aquella con la que había alcanzado a conseguir atisbos de gobernabilidad en una cámara adversa numéricamente, para el jueves próximo.
Fuente Mendoza Today
