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Por Nicolás J. Portino González
En las últimas horas, la sociedad ha sido testigo de una evitable e innecesaria tragedia -entre otra más- que vuelve a colocar en el centro del debate público la convenientemente irresoluta problemática de las mafias, el Narco y sus recurrentes e impunes actos de violencia. El lamentable fallecimiento de Bruno Bussanich, víctima de un acto de violencia indescriptible en Rosario, infecta aún más las heridas y enciende nuevamente las alarmas sobre la urgencia de abordar de manera efectiva y decidida el flagelo del narcoterrorismo y el crimen organizado.
Este suceso, lejos de ser un incidente aislado, se inscribe en un contexto donde la ciudadanía demanda a gritos soluciones que restituyan la seguridad de los ciudadanos y bienes de la nación. La indignación y el hartazgo público es palpable y atraviesa todos los estratos sociales, unificando voces en un clamor común por justicia y medidas concretas que ataquen de raíz esta problemática.
Para tener en cuenta: Legisladores que votaron contra la intervención de Fuerzas Federales en Rosario, contra el narcotráfico.
A su vez, continúa el malestar entre aquellos civiles, formados y especializados profesionalmente en dichas áreas, externos a la esfera gubernamental de la administración pública. Según parece, solo pueden ser convocados -con idénticos malos resultados- aquellos que merodean a los políticos en buscar de “mojar el pancito”, sin ninguna idoneidad, más nisiquiera CV aplicable. Pues bien. Cabe destacar que recursos los hay especializados y muy buenos profesionales en Inteligencia, Seguridad y Defensa -además formados en las leyes competentes de dichas áreas- a la espera (Aunque algunos ya no) de que el estado, los municipios y funcionarios, entiendan que no da lo mismo quien, no da lo mismo como y no es posible gestionar estas carteras tal cual se gestionan las demás. Principalmente porque mal manejadas, nos seguirán arrojando el mismo pésimo resultado de la no resolución del problema y seguirá agravando la situación de muertes inútiles e innecesarias a lo largo y ancho de nuestro país.
Asimismo, el debate se ha intensificado -como cada vez que ocurre un hecho como los recientes- poniendo sobre la mesa la discusión -otra vez- acerca de la estrategia de seguridad pública a implementar. Figuras políticas como José Luis Espert han manifestado posiciones contundentes, ya desde hace tiempo, que subrayan la necesidad de replantear urgentemente el enfoque hacia la delincuencia, casi de la misma forma y en linea con el viraje 180° propuesto, anunciado y pretendido en la economía, poniendo énfasis en la acción decisiva contra quienes perpetran estos actos criminales INACEPTABLES. Ahorren frases y eslogans, por más duros y rimbombantes que sean. NO SIRVIERON, NO SIRVEN y NO VAN A SERVIR si todo el sistema integral no funciona de modo virtuoso alguna vez.
Es crucial entender que la pérdida de una vida a manos de la violencia delictiva es, sin lugar a dudas y valga la redundancia, inaceptable. Se ignora si será finalmente este, el punto de inflexión que debe servirnos para reflexionar sobre las causas profundas de la inseguridad y cómo nuestras políticas de seguridad y justicia pueden ser recalibradas para prevenir eficazmente estos desenlaces. A saber: Como se han analizado y tratado en estos últimos 40 años, NO ES! Quienes han analizado y observado este problema los últimos 40 años, NO SON! Legislado por quienes han legislado hasta aquí estos temas, NO ES! Con las leyes y capacidades que se han utilizado hasta aquí, NO ES!
La discusión no debe centrarse únicamente en las consecuencias, sino en cómo podemos, como sociedad, abordar RECONOCER las raíces del problema, que quienes conocemos el tema sabemos desde hace al menos 20 años, que ineludiblemente no son otras más que la complicidad y el intercambio con el entramado completo que nutre al crimen organizado de algunos sectores de legisladores, empresarios prebendarios, iglesia, Jueces, Policías, medios de comunicación, Gobernadores, “Gerentes de la pobreza”, “Punteros”, Clubes de Fútbol, Dirigentes políticos, gremiales, sindicales, Abogados y funcionarios judiciales.
Ante este panorama, es imperativo que los responsables de la seguridad pública y defensa nacional, consideren un abanico más amplio de soluciones -definitivamente de contundencia superior- que no solo contemplen la necesidad vital de una acción arrasadora, sino que también incorporen otras estrategias que desarticulen, por ejemplo, la preferencia laboral para con el narcotráfico que tiene una viciada parte de la juventud, afectada por la “cultura del aguante” que se ha esparcido desde 2003 a la fecha con la voluntad política del Kichnerismo y todo el espectro político del centro a la izquierda de “la casta”. Así como también, los sueldos de miseria que paga el estado a los que arriesgan su propia seguridad por garantizar la de la ciudadanía, que los hace pasibles de tentaciones inigualables.
La historia nos enseña que el enfoque garantista abolicionista ha fallado por completo y que solo ha creado y exacerbado ciclos de violencia y corrupción difíciles de romper.
Hoy es tiempo de que las autoridades logren transformar lo que se ha implementado hasta aquí con un colapso y fallo total, en lo opuesto -implementado con idoneidad por IDÓNEOS- que permita seriamente dar solución a problemas como el crimen organizado y el narcoterrorismo. Nada tienen que hacer aquí organismos como el CELS, CIDH, FLACSO, Control Arms, ONU y compañía, dado que han sido y son, participes necesarios de esta tragedia y quienes han propiciado y favorecido filosóficamente a todas estas facciones que trafican y asesinan con la facilidad e impunidad que estamos observando hace años. Motivo por el cual, nada debe consultarse y mucho menos participarse a estos cómplices digeribles.
Sra. Ministro de Seguridad de la Nación;
Sr. Ministro de Defensa de la Nación:
ES AHORA. ES SIN DUDAR Y ES DE MODO ABSOLUTAMENTE CONTUNDENTE.
