Positivo: Nueva imputación penal para Juan Grabois, tras una investigación, le faltan dos barrios por $1250 millones

Imputaron a Juan Grabois por un presunto fraude en la construcción de dos barrios

Lo hizo el fiscal federal Guillermo Marijuán para investigar el destino de dos fondos para la construcción de barrios que no se habrían terminado

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó hoy al dirigente social Juan Grabois por un presunto fraude al estado nacional en la construcción de viviendas en la localidad bonaerense de Luján. También fueron imputadas otras seis personas, entre ellas el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación Juan Zabaleta y el intendente de Luján, Leonardo Boto.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que se trata de una denuncia para investigar el destino de 1.250 millones de pesos para la construcción de dos nuevos barrios -“Los Laureles” y “Colonia Montes de Oca”- que no se habrían terminado. La imputación implica el inicio de una investigación penal para corroborar o no los hechos denunciados. Para eso, el fiscal Marijuán pidió una serie de medidas de prueba.

La denuncia fue presentada por el fiscal General ante el Tribunal oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, que planteó que un programa periodístico se informó sobre presuntas irregularidades en la construcción de esos barrios a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) del Ministerio de Desarrollo Social. Concretamente que el 12 de diciembre de 2021 el entonces ministro Zabaleta firmó un convenio junto con Fernanda Miño, a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana, y el intendente Boto para esos barrios.

Sin embargo, las obras no se habrían realizado, principalmente en el barrio Los Laureles. El denunciante señaló que luego de la firma del convenio intervino el Concejo Deliberante del Municipio de Lujan y en junio del 2022 aprobó la desafectación de tierras para la creación de 850 lotes con servicios en el barrio Torres y Los Laureles y luego la intendencia llamó a licitación pública para su desarrollo con un presupuesto total de $603.971.362,07. Quien salió adjudicada fue la empresa “News Constructora S.A.”, cuyo presidente es Martín Cosentino.

“Sin embargo, en la denuncia se expone que la información periodística anteriormente mencionada evidenciaría el estado de abandono del terreno, visualizándose la existencia de pastizales altos, sin trazado de calles ni servicios de instalación iniciados y un obrador abandonado”, planteó el fiscal Marijuán en su dictamen al que accedió este medio.

El Municipio de Luján informó que recibió los fondos nacionales pero la denuncia señala que un integrante de una ONG sostuvo que las obras están paralizadas desde el año pasado.

Guillermo Marijuán (Adrián Escandar)

“Por otra parte, se puso en conocimiento que el Intendente de Lujan habría realizado diferentes actos públicos para entregar los certificados de los lotes de servicios a los vecinos adjudicatarios. Así los días 11 y 20 de septiembre del año 2023 se habrían entregado alrededor de 70 certificados a los vecinos para el barrio ´Los Laureles´”, agregó el fiscal en su imputación y agregó que la empresa adjudicataria recibió un anticipo financiero por más de 120 millones de pesos.

“Finalmente, explicó el denunciante que posiblemente existiría una vinculación política entre el intendente Leonardo Boto y el responsable de la UTEP -Juan Grabois-, dado que éste último habría realizado presentaciones en ese partido bonaerense (promoción del libro de su autoría “Los peores”)”, completa el dictamen que sobre eso agrega que “En esa ocasión, también se hallaba presente otro referente del UTEP Luján, Diego Motto, quien resultaría titular de las cooperativas denominadas “Asociación Civil por el Cambio Climático” y “Vencedores y Vencidos” -ambas con domicilio en calle Rawson 1337 de Lujan- las que habrían recibido durante el año la suma aproximada de 168 millones de pesos procedentes del FISU”.

“Concluyó el denunciante que quedaba evidenciado no sólo la falta de ejecución de la obra que debía realizarse con los fondos de dinero asignados, sino también la ausencia de control por parte de la Secretaría de Integración Socio Urbana, siendo su responsable Fernanda Miño; como así también la posible existencia de vinculaciones políticas entre Grabois, Miño y Boto con motivo de la gran cantidad de convenios celebrados -25 en los últimos cuatro años- para la realización de obras con un importe total aproximado de $5.862.988,338″, cerró el fiscal.

Fuente Infobae