Puente apuesta por una “alternativa española” a la opa de Talgo y duda de Magyar Vagon

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, considera que se puede constituir una “alternativa española” a la opa en marcha sobre Talgo por parte de la húngara Magyar Vagon, de cuya capacidad de producción ha dudado.

El ministro ha citado a otros constructores ferroviarios como Alstom, Stadler y CAF, como los grandes que podrían participar en esa operación para que se pueda constituir una alternativa “incluso sin el auspicio del Gobierno”.

El Ejecutivo “observa la opa con máximo cuidado y a la espera de otros actores en el juego, inversores y otros fabricantes“, ha añadido en un desayuno organizado por Europa Press. Entre ellas Talgo es la más pequeña, pero “por su carácter histórico y su tecnología crítica tenemos que protegerla”. “Hasta ahí puedo decir“. Ha abundado en que la tecnología de Talgo es “única en el mundo“, y está en el grupo de las compañías españolas “que sacamos por el mundo”.

Según Puente, Talgo tiene una buena cartera de pedidos y mucho éxito, para lo que necesita capacidad productiva “pero no tenemos claro que (el grupo húngaro) tenga la capacidad de producción que se nos dice para que en el corto plazo se pueda resolver el problema de producción de Talgo”. Tener una fábrica medio vacía no significa que se tenga la capacidad tecnológica necesaria, ha explicado.

Opa de Magyar Vagon

Magyar Vagon lanzó una opa el pasado 4 de abril para comprar el 100 % de Talgo por un total de 619,3 millones de euros, operación que, en principio, cuenta con el respaldo de los accionistas y el consejo de administración de la compañía española.

Según el consorcio húngaro, la operación pretende reforzar la capacidad industrial de Talgo y abrirle mercados estratégicos y en crecimiento en Europa.

Magyar señala que aporta al nuevo grupo ocho fábricas-taller en diferentes localidades de Hungría, que producen material rodante y hacen también mantenimiento y reparación, con una plantilla de 2.460 personas.

La operación está sujeta a aprobación por el Consejo de Ministros una vez recibido el informe preceptivo, aunque no vinculante, de la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), un órgano en el que participan diversos ministerios pilotado por la Secretaría de Estado de Comercio, que dispone de tres meses para su evaluación.

Fuente El Confidencial