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Tras mantener reuniones por separado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior Guillermo Francos en la Casa Rosada, los cuatro bloques de diputados dialoguistas –incluido Pro, el aliado más cercano del Gobierno– decidieron ayer cerrar filas para ganar impulso en el planteo de modificaciones a la versión acotada de la Ley de Bases que promueve el Gobierno. Reclamarán, por caso, que se incorpore en la iniciativa la reforma laboral, la reintroducción de los artículos que garanticen el pago equitativo de impuestos al sector tabacalero, un esquema alternativo a la derogación de las moratorias previsionales, entre otros puntos.
Asimismo, los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal reclamarán que la actualización del piso mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, como así también de las respectivas escalas, sea trimestral y no anual, tal como propone el Gobierno. Legisladores patagónicos plantearán, por su parte, sus objeciones al monto mínimo a partir del cual se gravarán los salarios con el impuesto ($1.8 millones para los solteros y 2,2 millones para los casados) por considerar que un amplio abanico de trabajadores asalariados de aquella región quedarían comprendidos por el tributo.
La reversión del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría está incluida en el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo envió este miércoles por la tarde a la Cámara de Diputados y será uno de los puntos salientes en la discusión que arrancará este jueves en la Comisión de Presupuesto.
La versión acotada de la Ley de Bases, en cambio, todavía no tiene fecha de discusión en la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es tomar como base el dictamen que tuvo aprobación en enero pasado, cuando se discutió el texto original –que luego naufragó en el recinto-, e incorporarle las modificaciones acordadas con la oposición dialoguista durante las rondas de negociación que se desarrollaron en la Casa Rosada. Estos bloques, si bien anticiparon que votarán en general la iniciativa, advierten que todavía persisten artículos sobre los que no están de acuerdo y reclamarán cambios.
Esos puntos son los siguientes:
- Fondos fiduciarios. Este fue uno de los temas que hizo naufragar la versión original de la Ley de Bases. La nueva versión faculta al Poder Ejecutivo a modificar o cancelar los fondos fiduciarios y que los recursos que los nutren –provenientes de asignaciones específicas de impuestos coparticipables- vayan al Tesoro. La oposición sostiene que los recursos de los fondos fiduciarios, si éstos son eliminados por el Gobierno, deben ir a la masa de coparticipación, no al Tesoro.
- Disolución e intervención de organismos públicos. A instancias de la oposición, el Gobierno excluyó en la iniciativa a varios organismos pasibles de ser disueltos o intervenidos por el Poder Ejecutivo a partir de las facultades delegadas en la iniciativa. Los opositores propondrán ampliar esta lista e incluir al Instituto Malbrán; el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Anmat; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); el Servicio Meteorológico Nacional; el Senasa y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
- Privatizaciones. La privatización del Banco Nación y sus seis empresas anexas, promovida por el Gobierno, genera posiciones contrapuestas entre los bloques: algunos están a favor, otros en contra. Propondrán al Gobierno separar, en un artículo aparte, a esta entidad bancaria del resto de las empresas públicas a ser eventualmente privatizadas. Asimismo, sugerirán que en el caso de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) emita un informe crítico sobre la privatización de una determinada empresa, el proceso se frene durante 45 días para permitir que el Congreso tome cartas en el asunto.
- Desregulación de la economía. No aceptarán el artículo 70 de la iniciativa por considerar que es demasiado concesivo. Allí se faculta al Ejecutivo a disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.
- Incorporación de la reforma laboral. Fue presentada por la UCR el jueves pasado. Si bien los bloques no tienen una posición unívoca sobre esta iniciativa –que, entre otras cosas, propone eliminar las llamadas “cuotas sindicales”-, sí están de acuerdo en que debería ser incorporada en la nueva versión de la Ley de Bases.
- Moratoria previsional. El Gobierno propone derogar este régimen, pero los opositores plantearán que se incorpore un esquema alternativo que permita que aquellos individuos en condiciones de jubilarse que no cumplieron con los 30 años de aportes que exige la ley puedan recibir una prestación proporcional.
- Tabaco. El Gobierno eliminó del proyecto el capítulo para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, resistido por las empresas grandes del rubro como Tabacalera Sarandí. Los opositores insistirán en que este capítulo sea reincorporado.
- Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a u$s200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios: una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales. Los opositores insistirán en que las PyME puedan participar de este régimen de incentivos (con la consiguiente baja en el monto para ingresar) o bien que los beneficios fiscales no sean tan “generosos” para las grandes empresas en condiciones de participar.
- Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El Gobierno tiene la intención de consolidar las tenencias de los títulos de deuda pública en poder de las entidades del Sector Público Nacional (SPN), entre ellos los $26.000 millones en títulos que están en manos del FGS. Los opositores quieren condicionar la aprobación de este artículo a que, previamente, el Gobierno garantice que la Anses se afrontará la deuda con las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación, como también el pago aún pendiente de las sentencias jubilatorias.
Respecto del paquete de leyes fiscales, los opositores acordaron analizar cada una de las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo tras escuchar a los funcionarios de Economía que asistirán mañana a la Comisión de Presupuesto, comandada por el oficialista José Luis Espert. Además de las objeciones sobre el impuesto a las Ganancias miran con recelo el nuevo régimen que se propone para el pago del impuesto a los bienes personales, por considerarlo demasiado concesivo para las grandes empresas y contribuyentes.
Este régimen le permite al contribuyente adherido adelantar el pago del impuesto este año a tasa reducida por los períodos fiscales 2023-2027 por los bienes registrados hasta el último día de 2023. El pago inicial no podrá ser inferior al 75% del total, con tasas que van del 0,5% al 0,75% (en la actualidad es del 2,25%). Los contribuyentes que opten por este régimen gozarán de estabilidad fiscal por 14 años, hasta 2038: los opositores cuestionan que el gobierno de Javier Milei establezca condiciones tributarias que excedan su mandato.
Fuente La Nacion
