Lima, 14 de agosto de 2025 – Total News Agency-TNA-. En un acto cargado de simbolismo político y con un mensaje de firmeza frente a las presiones internacionales, la presidente de Perú, Dina Boluarte, promulgó la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La medida, respaldada por el Congreso y cuestionada por el Poder Judicial, la Fiscalía y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, busca “rendir justicia” y “honrar” a quienes arriesgaron y, en muchos casos, entregaron su vida para derrotar a grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA.
Desde Palacio de Gobierno, Boluarte aseguró que la norma “reconoce el sacrificio y devuelve la dignidad” a hombres y mujeres que cargaron durante décadas con juicios interminables y acusaciones que, según sus palabras, no solo dañaron a los veteranos, sino también a sus familias. La mandataria insistió en que la ley se enmarca en la legalidad nacional e internacional y rechazó de plano la intromisión de organismos externos.
“No podemos permitir que hombres de 70 u 80 años, que cumplieron con su deber constitucional de defender el Estado de derecho, sigan sometidos a procesos que destruyen sus vidas y las de sus seres queridos”, afirmó, exigiendo respeto a la soberanía peruana.
La norma ampara a quienes fueron denunciados, investigados, procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos en el marco de operaciones contra el terrorismo, otorgando amnistía tanto a los que no tienen sentencia firme como a mayores de 70 años con condenas en ejecución. Para sus impulsores, como el exministro y legislador Fernando Rospigliosi, la ley no significa impunidad, sino un acto de justicia hacia quienes enfrentaron la amenaza subversiva.
Este paso dado por Perú abre un debate en la región y se convierte en un ejemplo que Argentina debería considerar. A diferencia de Lima, que busca cerrar las heridas de su pasado violento, Buenos Aires mantiene abiertas las divisiones políticas y judiciales en torno a la lucha contra el terrorismo de las décadas de 1970 y 1980, un fenómeno que en el continente estuvo alimentado por Cuba y la ex Unión Soviética. El caso peruano demuestra que, sin olvidar las lecciones del pasado, un país puede honrar a sus defensores y avanzar hacia la reconciliación nacional.
