Los vientos de la política cambiaron. En los primeros meses del año, hubo más enfrentamientos públicos entre Javier Milei y sus partidos aliados, que con los sectores del peronismo que le habían heredado el gobierno. Si bien cuando el Presidente toreaba a la “casta política” lo hacía incluyendo a todos, en el inicio los cruces más fuertes se dieron con gobernadores cercanos, como el cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro y el chubutense del PRO Ignacio Torres. Eran los tiempos de la primera versión de la Ley Bases, y el enojo libertario por la falta de acompañamiento de legisladores de partidos que sentía cercanos, fue inocultable. Después llegó el escándalo de los seguros que puso como blanco a Alberto Fernández (a quien nadie salió a defender) y Sergio Massa recién reapareció con la marcha por la educación.
La pulseada por el presupuesto universitario incluyó fuertes encontronazos con los sectores del radicalismo que maneja los hilos de la UBA. Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti padecieron los impiadosos embates presidenciales y militaron la marcha, así como lo hicieron Axel Kicillof y varios intendentes del conurbano.
Quien tomó ahora la palabra por la oposición fue Cristina Kirchner, que más allá de su discurso del sábado en Quilmes, ayer salió a advertir sobre algunas inconsistencias y riesgos de la Ley Bases. La pregunta que se hacen empresarios e inversores es si esta rotación de jugadores altera los planes de la gestión. El kirchnerismo tiene en su mano los resortes del Senado, la cámara en donde se jugará el destino de la Ley Bases y el paquete fiscal. Pero hay otros factores en juego, que tienen que ver con el argumento más persuasivo de la negociación política: el dinero.
El paquete fiscal es una promesa explícita de fondos para las provincias. La mayor cuota la aportará la restitución de Ganancias. Pero también pueden llevar fondos (no inmediatos, pero son recursos al fin) la moratoria impositiva e incluso el blanqueo de capitales.
Donde puede haber algo más de caja a corto plazo es en el Impuesto a los Combustibles, que el Ejecutivo volverá a actualizar en mayo. Del total de su recaudación, 10% va a las provincias. Pero hay un 32% que va a dos fondos fiduciarios. Si esa segmentación desaparece porque los fondos se disuelven, ese ingreso podría volver a la torta coparticipable. Así lo conversaron con los gobernadores y así quedó en la Ley Bases. Argumentos como estos pesarán en varios votos del Senado.
Fuente El Cronista
