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Por Lucía Salinas
Era con la firma Corredores Viales, que en 2020 había tomado otro seguro.
Un año después, desplazaron al gerente de la empresa y a otros directivos, y reemplazaron el seguro por una firma de Héctor Martínez Sosa.
La semana pasada, Alberto Fernández pidió suspender la investigación que pesa sobre él por presuntos hechos de corrupción en el llamado escándalo de los seguros. La causa judicial analiza los 45 contratos que diversos organismos estatales firmaron con Nación Seguros, utilizando la intermediación de brokers. Una serie de números están en estudio: El 80,56% del dinero que se pagó en concepto de comisiones fue absorbido sólo por cinco compañías. Una de las principales pertenece a Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente. Su firma logró quedarse con uno de los contratos más importantes por siete millones de dólares anuales, bajo una maniobra que estudia la justicia.
El entramado sobre los contratos de seguros que organismos del Estado tuvieron que firmar, de forma exclusiva, con Nación Seguros por imposición del Decreto 823/2021 de Alberto Fernández, continúa sumando documentación con la que el juez federal Julián Ercolini busca determinar si hubo un millonario perjuicio contra el Estado, como así también un entramado de contrataciones que benefició a unos pocos en detrimento de concursos “transparentes” que garantizaran “una verdadera compulsa de precios”.
Uno de los primeros informes que recibió el juzgado fue una extensa auditoría que detalla 45 contrataciones en las que participaron brokers, el juez del caso busca desentrañar el circuito que terminó favoreciendo especialmente a cinco compañías sobre un conjunto de 25 que quedaron bajo análisis.
La actividad de los productores asesores de seguros se encuentra regulada por la Ley 22.400, según la cual los encargados de intermediar entre las empresas y los asegurados deben estar matriculados ante la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), que es la encargada de su aplicación y control.
Lo que el juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo investigan las presuntas irregularidades alrededor del Decreto 823/2021, a través del cual el entonces presidente Fernández impuso la obligación al Estado nacional a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. Esto habilitó la segunda parte de la maniobra: la participación de los intermediarios en esos contratos.
En el marco del expediente se estudian dos posibles comisiones de delitos: por un lado el pago de comisiones que estarían por encima de los valores de mercado y un direccionamiento en la elección de los brokers en los 45 contratos que se estudian.
Durante toda la presidencia de Alberto Fernández, en concepto de comisiones a los intermediarios se abonaron un total de 3.453.302.77 pesos. Al tipo de cambio oficial, eso arroja unos 17 millones de dólares.
Cuando el juez observó las fechas de los contratos determinó que había un conjunto de contrataciones que fueron previas al Decreto del 2021. Por ese motivo, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se solicitó que la hipótesis de investigación se ampliara y se tuviera en cuenta toda la presidencia de Alberto Fernández.
El desglose realizado por Nación Seguros muestra una sustancial diferencia entre las cifras de dinero que percibieron un grupo de intermediarios. El listado está conformado por 25 empresas destinadas a dicho rubro.
Teniendo en cuenta el monto de dinero cobrado, se explicitó el siguiente orden: Bachellier SA, vinculada al broker amigo de Alberto Fernández, encabeza el extenso listado con un total de 1.665.741.081 pesos. Le sigue Héctor Martínez Sosa con 366.635.744 pesos. Castello Mercuri SA, con 285.956.773 pesos, se ubica tercero.
En el puesto número cuatro, figura San Ignacio Sociedad de Productores con 231.918.674 pesos y finalmente, cerrando el “Top Five” está TG Broker, llamativamente con la misma cifra: 231.918.674 pesos.
Estas cinco compañías cobraron un total 2.782.170.946 sobre los 3.453.302.777 pesos erogados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan el 80,56% de las comisiones abonadas.
Un gran beneficiario
Sin embargo, el broker amigo de Alberto Fernández logró ser adjudicatario de los principales contratos.
Héctor Martínez Sosa fue contratado por 19 organismos del Estado Nacional, ministerios y entes descentralizados. Por ejemplo, Vialidad Nacional ($ 10.450.624), Gendarmería Nacional ($ 254.091.184), Policía Federal ($ 23.610.992), Corredores Viales SA ($ 30.260.148), también recibió comisiones del Ministerio de Turismo ($ 7.200.451), Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible ($ 2.535.387), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ($ 2.437.703) y el Ministerio de Seguridad ($ 5.895.230), entre otros.
Uno de esos contratos fue otorgado un año después de que otro prestador había sido seleccionado para intervenir en “carácter de asesores de seguros respecto de las pólizas vigente, renovaciones y contratación de nuevas coberturas” para Corredores Viales, indica el documento al que accedió Clarín.
Ese contrato se había constituido -antes del Decreto que firmó Alberto Fernández- en el segundo de relevancia dentro de Nación Seguros: era por siete millones de dólares anuales.
El 14 de diciembre de 2020, el directorio de Corredores Viales informó que Castello Mercuri era la compañía que iba a asumir la “responsabilidad civil, todo riesgo operativo, seguro ambiental, operaciones viales y terceros en tránsito, responsabilidad civil y/o todo riesgo flota vehículos, entre otros aspectos”. En el documento oficial se explicitó que la contratación respondía a la necesidad de la empresa de “proceder a la optimización del esquema de las diversas coberturas provenientes de una decena de concesionarios viales”.
Un año después, y más específicamente tras la firma del Decreto que la justicia estudia y que lleva la firma de Alberto Fernández, la compañía Castello Mercuri recibió la notificación de que no continuarían con dicha contratación.
Antes de que eso ocurriera, se había realizado una reunión de directorio de Corredores Viales donde fue corrido su entonces presidente, Gonzalo Atanasof -quien había otorgado el contrato a la firma Castello Mercuri- y además se designó un nuevo gerente general y un asesor de asuntos legales. Acto seguido, quedó designado Bri Broker SA, llevada por Héctor Martínez Sosa, lo que devino en el cobro de una comisión.
El dato es que, un año después de ese cambio de Castello Mercuri a Bri Broker, de 2022 a 2024 Corredor Viales está dentro de los organismos que terminó contratando a Héctor Martínez Sosa. Por esa contratación percibió en concepto de comisiones 30.260.148 pesos.
Según fuentes judiciales, hay un punto central en esta operación: “Martínez Sosa tiene relación con más de una de las compañías contratadas por fuera de los contratos que obtuvo su propia firma, y se investiga ese circuito de vínculos”, explicaron a Clarín.
La justicia sospecha de un posible “entrelazamiento entre compañías” cuyo común denominador es el amigo del ex presidente de la Nación y a su vez, esposo de María Castello, histórica secretaria privada de Alberto Fernández.
Hay que recordar que, aún antes de los allanamientos realizados, el juez Ercolini determinó las supuestas “irregularidades en torno a la posible sede de otra de las firmas señaladas en la maniobra, Bachellier SA, la cual aparecería vinculada a Héctor Martínez Sosa y CIA SA”.
La justicia no descarta un posible vínculo entre las dos compañías que más dinero recibieron del Estado durante el gobierno de Alberto Fernández. Los dos acumulan comisiones por 2.032.376.825 pesos sobre los más de 3.400 millones abonados a los 25 brokers.
Los investigadores buscan determinar si esas comisiones fueron “realmente a dos empresas individualizadas o si hay un patrimonio cruzado”, explicaron fuentes judiciales a Clarín. Todo se encuentra en etapa de hipótesis.
Notorias diferencia en las comisiones
En la auditoría interna de Nación Seguros sobre las 25 aseguradoras contratadas por el Estado, siguen desde el puesto seis dos aseguradoras que recibieron 171 y 152 millones de pesos, respectivamente.
Pero de allí hacia el final del listado, las cifras son sustancialmente inferiores: una sola percibió 86 millones de pesos, la que le sigue en el puesto nueve, cobró 44 millones de pesos, debajo de la misma se registran 32 y 23 millones de pesos y desde allí, seis de las aseguradoras rondaron los 15 millones de pesos. El resto son pagos de entre 2 y 17 millones de pesos.
Por ejemplo Bachellier SA -que encabeza el Top Five de comisiones cobradas-, fue contratada por Gendarmería Nacional ($ 1.363.649.059), el Ministerio de Seguridad de la Nación ($ 29.493.862), la PSA ($ 57.810.184), Policía Federal ($ 192.274.332), Prefectura Naval ($ 22.435.471) y la Superintendencia de la Policía Federal ($ 78.172).
El segundo puesto, como se detalló, lo ocupa Martínez Sosa. El listado sigue. La firma Castello Mercuri SA (tercera en el listado de la que más dinero recibió), fue contratada por la Empresa de Argentina de Navegación Aérea SE ($ 8.641.496), INVAP SE ($ 34.451.623), por Jefatura de Gabinete ($ 2.574.659), el Ministerio de Desarrollo Social ($ 239.621.093) y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología ($ 667.902).
Las dos aseguradoras que cierran este corte son San Ignacio Sociedad de Productores y TG Broker. Cada una recibió de parte de la ANSES, la misma cifra: 231.918.674 pesos. El Ministerio de Educación de la Nación también le pagó a dicha compañía una cifra de 69.453.924 pesos.
Los organismos que usaron este sistema
Hay otro listado al que hay que prestarle atención: los organismos del Estado que más utilizaron este sistema. Por lejos, la Gendarmería Nacional encabeza el listado. Desde allí se pagaron 1.617.740.243 pesos en comisiones a los broker, sobre todo a Bachellier.
La ANSES, que condujo la camporista Fernanda Raverta, ocupa el segundo puesto, con pagos de comisiones por 463.837.349 pesos. En tercer lugar se ubica la cartera que dirigió Victoria Tolosa Paz, el Ministerio de Desarrollo Social, con erogaciones por 239.621.093 pesos.
El “Top Five” de los organismos del Estado que más desembolsaron en concepto de comisiones, tiene en el cuarto lugar a la Policía Federal, con una cifra de 215.885.324 pesos y en el quinto puesto, figura en el informe Corredores Viales con 148.337.674 pesos.
Fuente Clarin
