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El pasado jueves por la noche, la prisión pontevedresa de A Lama sufrió un grave incidente. Alrededor de las 21 horas, un interno del módulo de aislamiento prendió fuego al colchón de su celda con el objetivo, denuncian los funcionarios, de crear problemas y conseguir que lo enviasen a otro centro penitenciario. El interno en cuestión tenía activado el protocolo de prevención de suicidios, por lo que disponía de otro reo que lo observaba de cerca por si hacía algo que atentase contra su vida. Fue este interno de apoyo el que alertó a los funcionarios cuando su compañero empezó a prender fuego en el interior de la celda. Los empleados del penal se presentaron de inmediato y vieron que del interior de la celda salía un denso humo que «impedía la visión y la respiración de cualquier persona que estuviese dentro», por lo que procedieron a abrir la celda.
Según el relato trasladado a ABC, en medio de la humareda pudieron ver que el preso estaba tendido en el suelo, en mal estado pero consciente. El siguiente paso fue auxiliarlo, ponerle las esposas y sacarlo de la celda. Posteriormente, indican las mismas fuentes, fue necesario trasladar a todos los internos en esta galería debido a que el humo se extendió y afectó a toda la instalación. Desde el sindicato Tu abandono nos puede matar (TANPM) denuncian que los funcionarios que se vieron obligados a intervenir en el suceso «ni son bomberos ni tienen la ropa adecuada para este tipo de cometido». Tampoco, reprochan, cuentan con los medios materiales para poder extraer a una persona de la celda sin poner en riesgo su integridad física.
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Por suerte, explican, ese día había en el penal pontevedrés un médico y un enfermo, algo que, insisten desde el sindicato, «no siempre ocurre». Para evitar situaciones de riesgo como la vivida en A Lama, los funcionarios de prisiones exigen mayor formación y calendario de prácticas con simulacros, medios materiales actualizados y que «desde la secretaría general se apueste por la seguridad e integridad física de sus trabajadores». Su queja tiene como telón de fondo la necesidad, aseguran, de modificar un marco jurídico que está obsoleto (1979) y que implica «combatir la delincuencia en el interior de las cárceles con medios del siglo pasado».
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Fuente ABC
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