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El Senado aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal con cambios, en especial en uno de los puntos que más polémica suscitó en el debate en comisiones: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Entre los cambios se incluyó el detalle de los sectores que pueden adherir, un porcentaje mínimo de desarrollo de proveedores locales del 20% de la inversióny cambios en el esquema de acceso a divisas de libre disponibilidad.
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Acceso a divisas desde el séptimo año
Sobre este último aspecto, señalaron que puede implicar que los beneficios lleguen recién a partir del séptimo año de inversión.
Esto es porque en la nueva versión se especificó que los proyectos (denominados como VPU) tendrán acceso a divisas de libre disponibilidad por el 20% de lo recibido a partir de exportaciones a partir del primer año de su puesta en marcha, en el caso de los proyectos considerados estratégicos, el 40% de acceso se realizará a partir del segundo y el 100% a partir del tercero.
Gonzalo Brest, socio de Tax & Legal KPMG Argentina, analizó que esto implica que los beneficios del acceso del 100% se podrían concretar a partir del séptimo año, una vez transcurridos los tres años desde la puesta en marcha, ya que en muchos casos, en particular en algunos considerado de “Exportación Estratégica a Largo Plazo”, se ponen en marcha a partir del cuarto año y en particular para algunos proyectos mineros, cuya construcción puede llevar hasta más de 4 años.
La diferencia planteada por el Senado se aleja de los plazos iniciales que establecían que estos beneficios podían materializarse contando desde la fecha de adhesión al RIGI. En este caso, se especifica que los plazos se calculan desde la puesta en marcha.
En el mismo sentido lo explicó Carlos Freytes, director de Recursos Naturales de Fundar, que criticó la laxitud con la que se mantuvieron los beneficios fiscales (la quita de retenciones, la reducción de ganancias, entre otros).
Sin embargo, agregó: “El cronograma progresivo en el proyecto que giró Diputados empezaba a correr desde la adhesión del proyecto al RIGI. Si había un proyecto minero que adhería y necesitaba 4 años para empezar a exportar, en el primer año que lo hiciera ya estaba eximido de liquidar divisas. En la versión del Senado, los proyectos están eximidos de liquidar el 20% de las divisas al segundo año (en el caso de los proyectos no estratégicos) de la puesta en marcha del proyecto. Esa exención no corre en los primeros tres años. Hay alguna obligación medio residual de liquidar divisas en el país”.
Inclusión de proveedores: los temas pendientes
El proyecto que aprobó el Senado incluye la obligación de destinar el 20% de la inversión a compras a proveedores locales. Freytes explicó que un cambio central es la inclusión de estos dentro de los beneficios para importar con arancel 0 los insumos que sean necesarios para abastecer a los proyectos adheridos al RIGI.
“Esto los coloca en mejores condiciones para competir contra proveedores extranjeros” ya que, de no haberse incluido, deberían importar con aranceles mientras que los proyectos podrían hacerlo sin ese adicional.
Sobre la inclusión del 20% de proveedores locales, Brest agregó que la letra contempla que la medida solo será aplicable cuando “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Según su análisis, “la experiencia en regímenes que preven condiciones similares indica que no siempre es fácil conciliar las características de los productos ofrecidos localmente con otros que puedan adquirirse en el exterior”, por lo que señaló que se debe aguardar a la reglamentación para “evitar abusos y distorsiones al comercio”.
Además, destacó que se atendió al reclamo de los proveedores locales sobre las condiciones de competitividad a la hora de importar.
En sintonía con esto último, Matías Baglietto, vice presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, destacó la inclusión del arancel cero para las importaciones de proveedores y que se evite la importación de bienes de capital usados que pueden valer hasta el 40% de uno nuevo.
Sin embargo, fue taxativo: “20% es poco”. “Un proyecto así puede tener hasta el 60% de la inversión en proveedores. Esto determina que hasta el 20% debe ser local y siempre con la condición de que sea competitivo y que esté disponible”, agregó.
Si bien consideró que no está mal que se puedan importar bienes de capital usados si no se producen en el país, pero opinó que puede priorizarse aquello que sí ya que “muchas inversiones vienen con ingenierías de afuera con otras especificaciones” a las que se desarrollan a nivel local.
Por último, apuntó que el 20% destinado a proveedores locales puede agotarse “en sectores de mano de obra intensiva, como construcción, catering, exploración, perforación y pueden no incluir fabricantes de bienes industriales”.
El rol de las provincias.
Brest opinó que si bien el RIGI se declara de interés nacional, el nuevo texto limita las competencias de las provincias y municipios que hayan adherido. “Esto debilita la protección contra las jurisdicciones locales que menoscaben los beneficios del RIGI a través de incrementos de tributos locales o tasas que pudieran considerarse abusivas”.
Fuente El Cronista
