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Por Nicolás J. Portino González
Los últimos 16 días han dejado al descubierto las profundas fallas y desinteligencias que caracterizan el caso “LOAN”, una situación que, tristemente, no es nueva en nuestro país. Nos encontramos nuevamente frente a las consecuencias de un desguace planificado y sistemático de los organismos de Seguridad e Inteligencia que se ha perpetuado durante las últimas dos décadas.
Desde el retorno de la democracia, pero intensificado en los últimos 20 años, se ha observado un desmantelamiento progresivo y deliberado de las instituciones encargadas de la seguridad del Estado. Este proceso ha sido facilitado por la cooptación y corrupción de casi todos los organismos de control y Justicia, elementos fundamentales en la estructura del estado de derecho y la protección ciudadana. Esta corrupción, emblemática de los 20 años de kirchnerismo, ha dejado a nuestro sistema de seguridad e inteligencia en un estado de vulnerabilidad alarmante.
El caso “LOAN” es un ejemplo paradigmático de esta situación. Las inconsistencias y fallos observados no son meros accidentes ni errores aislados, sino síntomas de un problema más profundo y sistémico. La incapacidad de coordinar operativos, la filtración de información crucial y la falta de respuesta eficiente ante emergencias son reflejos de un entramado institucional debilitado y corrupto.
Es imperativo señalar que lo que estamos viendo hoy es el resultado de políticas deliberadas. Durante estos años, hemos sido testigos de la desarticulación meticulosa de los organismos de inteligencia, cuya finalidad es la protección y seguridad del estado y todos los bienes. Estos organismos han sido reducidos a meros fantasmas de su antigua capacidad operativa, víctimas de una política que prioriza intereses partidarios y personales sobre el bienestar y la seguridad nacional.
El desguace institucional no solo ha afectado a la inteligencia, sino que ha permeado todos los niveles de la seguridad estatal. La falta de recursos, la mala gestión y la politización de las fuerzas de seguridad han llevado a una crisis de confianza y eficiencia. El resultado es un Estado incapaz de responder de manera efectiva a las amenazas internas y externas.
Paralelamente, la corrupción ha penetrado profundamente en el sistema judicial y en los organismos de control, pilares esenciales para el funcionamiento de un Estado de derecho. La justicia, en muchos casos, ha sido convertida en un instrumento al servicio de intereses particulares, perdiendo su capacidad de actuar de manera imparcial y efectiva. Los organismos de control, que deberían velar por la transparencia y el correcto funcionamiento de las instituciones, han sido cooptados, convirtiéndose en cómplices del desmantelamiento institucional.
El kirchnerismo, a lo largo de sus dos décadas de influencia, ha cimentado un paradigma de control y corrupción que ha minado las bases de nuestras instituciones de seguridad e inteligencia. Este modelo ha priorizado la lealtad política sobre la competencia y la integridad, creando un entorno donde la ineficiencia y la corrupción prosperan.
El caso “LOAN” no es un hecho aislado, sino la manifestación visible de un problema estructural profundo. Las aberrantes desinteligencias observadas en este caso son solo la punta del iceberg de un sistema corroído por décadas de mala gestión y corrupción.
Es crucial que se ponga sobre la mesa, de manera seria y responsable, la necesidad de una reforma integral de las estructuras de seguridad e inteligencia del Estado. Esta reforma debe comenzar por el reconocimiento de los errores del pasado y la implementación de medidas contundentes para corregir el rumbo. Sin mencionar, la conformación de los organismos mencionados, por profesionales idóneos. Cosa que, hoy también, sigue sin ocurrir.
Restaurar la confianza en nuestras instituciones requiere un compromiso firme con la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas. Los organismos de seguridad e inteligencia deben ser dotados de los recursos necesarios y deben ser gestionados por profesionales competentes, alejados de la influencia política y la corrupción.
Solo a través de un esfuerzo concertado y decidido podremos recomponer las estructuras de seguridad e inteligencia del Estado, devolviendo a nuestros ciudadanos la seguridad y protección que merecen. El caso “LOAN” debe servir como un llamado a la acción, una advertencia de que es imperativo actuar ahora para evitar que estas fallas se repitan en el futuro.
Otra vez y van…
