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Durante la época veraniega, es muy común ver en algunas playas españolas, una hilera de sombrillas recubriendo una parte importante de la misma durante las primeras horas de sol del día. Estas pertenecen a ciertos ciudadanos que pretenden reservar un hueco en la transitada costa. Con este método dejan guardado el sitio para que, más tarde, puedan disfrutar sin tener en cuenta la marabunta de bañistas que visitan el mar en horas puntas.
No obstante, este hábito puede salir muy caro a los que lo practican, ya que, en numerosos municipios españoles, está castigado con multas que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros. Esta es una problemática que viene arrastrada desde hace varios años y con la que muchos bañistas se encuentran al tratar de disfrutar de un día en la playa, los cuales no pueden depositar sus pertenencias en ningún rincón de la misma.
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Los ayuntamientos de múltiples municipios se muestran cada vez más exhaustivos contra este tipo de costumbres, puesto que la guerra de sombrillas es un factor que afecta negativamente al turismo de los lugares que lo padecen. Es por ello que las medidas que se toman para solventar este inconveniente son cada vez más severas.
Importantes sanciones en varios lugares de España
Una de las zonas más afectadas por este fenómeno es el litoral mediterráneo, en el que la imagen del panorama costero es más similar cada año. Y es que ya son varias localidades malagueñas las que han decidido tomar cartas sobre el asunto e imponer cuantiosas sanciones a los que continúen llevando a cabo este acto. Se pueden encontrar casos, como en los municipios de Torrox y Vélez, en el que las multas pueden alcanzar los 300 euros. Añadir que la policía podrá confiscar la sombrilla y tumbonas a los ciudadanos que lo sigan practicando y que deberán pagar 50 euros si quieren recuperarlas.
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El primer municipio en imponer sanciones a los usuarios de la guerra de sombrillas en la provincia de Málaga fue Algarrobo, que desde el año 2015 mantiene vigente la prohibición de reservar sitio en la playa. Esto fue crucial para imponer medidas en otras localidades de la zona, como Nerja, en la que se obligó a todos los ciudadanos a los que la policía les había incautado su material de playa a pagar 30 euros en caso de querer recuperarlas.
Otro que siguieron su ejemplo fueron Benidorm o Gandía. Allí las sanciones económicas por llevar a cabo esta práctica se encuentran en una horquilla de entre 300 y 3.000 euros de multa, la cual dependerá del grado de infracción cometido. Cada vez son más las localidades en España en responder a esta costumbre, que puede conllevar un impacto realmente negativo en el turismo del lugar.
Fuente El Confidencial