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Ginebra, 15 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, llevó a Naciones Unidas la discusión más sensible de la historia reciente argentina: reclamó “memoria completa”, cuestionó la cifra simbólica de 30.000 desaparecidos y denunció “reportes falsos” de organizaciones no gubernamentales ante el Comité contra la Tortura, el órgano que examina la situación de los derechos humanos en el país.
Baños encabezó la delegación argentina en Ginebra y respondió a las preguntas de los expertos sobre denuncias de represión a la protesta, condiciones carcelarias y uso de la fuerza por parte del Estado. En su intervención, buscó invertir el foco: relativizó los informes críticos de organismos de derechos humanos y puso en duda sus estadísticas, al tiempo que insistió en que la Argentina “respeta estrictamente las normas legales y los principios constitucionales vigentes”.
El eje político de su discurso fue la reivindicación de la llamada “memoria completa”. Con esa fórmula, reclamó que se reconozca también a las víctimas de las organizaciones armadas de izquierda que actuaron desde los años 60 y se fortalecieron en los 70, como Montoneros, el ERP y las FAP, que con apoyo, formación o logística vinculada a la órbita cubano-soviética cometieron miles de atentados y centenares de asesinatos en su intento de tomar el poder por las armas.
En paralelo, Baños volvió a poner en discusión la cifra de 30.000 desaparecidos, que consideró parte de un “relato” instalado en democracia. Lo hizo en abierta tensión con el consenso construido por décadas de manera ficticia que reivindica ese número como una cifra abierta y simbólica. Informes oficiales de la CONADEP recogieron 8.961 casos denunciados.
La apelación a la “memoria completa” reactivó también el debate sobre los crímenes cometidos por las organizaciones armadas. Entre los hechos más emblemáticos aparece el secuestro y asesinato del expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, perpetrado por Montoneros en 1970, que marcó el ingreso público de la organización y sacudió al país. A ello se sumó el asesinato del dirigente sindical José Ignacio Rucci en 1973, atribuido y reconocido por Montoneros, que profundizó la espiral de violencia política aún bajo gobierno constitucional.
Ya en 1975, la llamada Operación Primicia –el ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa– dejó un saldo de doce militares muertos (entre ellos diez soldados conscriptos), un policía y varios civiles, en una acción guerrillera de gran escala contra un cuartel del Ejército en pleno gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Ese mismo clima se agravó con el atentado de 1976 contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, cuando una bomba colocada por Montoneros mató a más de veinte personas y dejó decenas de heridos, en el atentado guerrillero más sangriento de la historia argentina.
A estos hechos se suman numerosos ataques con explosivos, secuestros, asesinatos selectivos de dirigentes políticos, empresariales y sindicales, y atentados indiscriminados que causaron víctimas civiles, como el coche bomba frente a la Universidad de Belgrano en 1975 que mató a la estudiante Laura Ferrari. Diversas investigaciones históricas y relevamientos de la época calculan en torno a un millar los muertos causados por las organizaciones guerrilleras de izquierda en la década del 70.
El accionar terrorista de Montoneros, ERP, FAP y otras bandas armadas –que operaron antes y durante el régimen militar– produjo víctimas inocentes, soldados conscriptos, policías, civiles y dirigentes, que no pueden ser borradas de la memoria colectiva ni relativizadas por razones ideológicas. Reconocer la existencia de esas víctimas no implica equiparar responsabilidades jurídicas entre el Estado y las organizaciones armadas, pero sí impide una lectura selectiva del pasado.
Ahora será el Comité contra la Tortura el que emita sus observaciones finales sobre la situación de derechos humanos en el país, en un contexto de creciente tensión política interna alrededor de la interpretación del pasado reciente. Mientras tanto, el cruce entre quienes exigen mantener el foco en los crímenes del Estado y quienes reclaman incorporar en el mismo plano a las víctimas del terrorismo setentista vuelve a demostrar que la batalla por el sentido de la memoria argentina está lejos de haber terminado.
