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Por Lucia Salinas
Desde 1994, la investigación avanzó sobre pistas falsas, maniobras de encubrimiento y trabas políticas, tanto bajo el gobierno de Menem como el de Cristina.
Milei impulsa la aprobación del “juicio en ausencia” para poder condenar a los iraníes que planificaron, financiaron y ejecutaron el ataque.
El expediente judicial que investiga el atentado terrorista de mayor envergadura ocurrido sobre suelo argentino sigue abierto y acumulando años en Comodoro Py. De los casos políticos, se convirtió en la investigación más vieja en los tribunales federales, como en la más voluminosa. Atravesado por el persistente reclamo de los familiares y de las querellas, continúa con líneas de trabajo abiertas y alertas rojas vigentes sobre los iraníes señalados como responsables del ataque, pero que aún, tres décadas después, siguen sin rendir cuentas ante la justicia argentina.
El 18 de julio de 1994, a las 9.53, un coche-bomba impactó y detonó su carga explosiva contra el frente del edificio de la AMIA, en Pasteur 633 de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho provocó el fallecimiento de 85 personas, heridas en al menos otras 151 y cuantiosos daños materiales en un radio cercano a los 200 metros. El atentado ocurrió sólo dos años después de la voladura de la Embajada de Israel.
Una década después del ataque terrorista, y cuando el expediente ya había sufrido el traumático desplazamiento del primero juez que lo instruyó –Juan José Galeano fue acusado de “plantar pruebas falsas” en la investigación-, se creó una Unidad Fiscal para actuar en el caso de manera conjunta o alternativa con las fiscalías correspondientes. Desde entonces, la UFI-AMIA interviene, además, en las causas relacionadas con el encubrimiento u obstaculización de la acción de la justicia.
Las ideas y vueltas de un caso que se desdobló en varios
En 1996, Carlos Telleldín -quien vendió la Trafic que impactó en el edificio de la AMIA- involucró a un grupo de oficiales de la policía bonaerense, en una supuesta “conexión local” del atentado. Todos comparecieron en un juicio oral realizado entre 2001 y 2004, a cargo del Tribunal Oral Federal 3. En ese debate, sin embargo, salió a la luz que aquella versión habría sido falsa, y que le habían pagado a Telleldín 400.000 dólares mentir. “Todo ello había sido orquestado desde las esferas del propio Estado que debía individualizar a los responsables”, indicó la fiscalía.
Los jueces del TOF 3 señalaron que el “juez instructor -Galeano- orientó su actuación a ‘construir’ una hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender, de ese modo, las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. Fue el primer traspié para poder llegar a la verdad y consumió una gran cantidad de tiempo perdido, porque después se realizó otro juicio contra Galeano -condenado y destituido-, que duró unos tres años más.
Desde entonces, se escribieron más de 434.000 páginas durante la etapa de instrucción del caso, que aún sigue en ese mismo lugar. Sucede que en este expediente, que estuvo a cargo de distintos jueces intervinientes -el último fue el del exjuez Rodolfo Canicoba Corral-, se abrieron al menos, 470 líneas de investigación: el 76% destinadas a establecer quiénes fueron los responsables del atentado terrorista.
En un momento, el expediente penal tuvo a 145 personas imputadas. La mayoría (110) eran argentinos, 21 acusados son de nacionalidad iraní, 10 libaneses, y los restantes eran paraguayos, franceses, iraquíes y españoles. Pero de ese universo, 67 fueron absueltos por ser ajenos al ataque, otros 32 por pedido de la fiscalía de instrucción, 9 fueron sobreseídos por fallecimiento y 8 terminaron absueltos en los juicios orales. Hasta la fecha, hay 11 pedidos de capturas internacionales de los acusados extranjeros. El primer pedido se libró el 9 de noviembre de 2006.
Irán, el cerebro y la billetera detrás del atentado
La justicia argentina considera que el ataque fue ideado y preparado por quienes por entonces ejercían el gobierno en la República Islámica de Irán, y ejecutado por la organización terrorista libanesa proiraní Hezbollah. Fue la UFI-AMIA la que motorizó un pedido de captura internacional para un grupo de sujetos que considera sospechosos del ataque. El juez del caso, además de hacer lugar, declaró al hecho como un crimen de lesa humanidad.
Actualmente, son seis las personas –cinco iraníes y un libanés– que, en la órbita de Interpol registran un pedido de captura internacional con máxima prioridad de búsqueda, lo que se denomina una “notificación roja”.
Los iraníes que nunca rindieron cuentas ante la justicia federal argentina, y que se encuentran señalados como responsables del atentado, son Ali Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman Hussein, Mounir Mouzannar Farouk y Abdul Hay Omairi Abdallah Salman. Todos ellos tienen alerta roja vigente en Interpol por pedido de la Argentina. Los otros dos acusados que no tienen este nivel de alerta son Hadi Soleimanpour Alí Akbar Velayati.
Dos imputados con pedido de captura internacional fallecieron: Imad Fayez Moughnieh, uno de los líderes de Hezbollah, quien estaba acusado de dirigir el grupo que atacó la sede de la mutual judía en Buenos Aires; y el ex Presidente de Irán, Alí Rafsanjani, quien estaba acusado por su participación en la elaboración y aprobación de la propuesta de atentar contra la sede de la AMIA. En 2017 se impuso el sobreseimiento por fallecimiento.
Según el informe confeccionado por la UFI-AMIA, ahora a cargo del fiscal Sebastián Basso, seis de los acusados permanecen en suelo iraní, tres en Líbano, otro en Brasil y uno tiene paradero desconocido. El circuito se logró establecer tras el análisis de 1.300.000 llamadas nacionales e internacionales.
Tres décadas después, ninguno de los acusados por la explosión del edificio de la AMIA rindió cuentas y la Argentina discutió en diversas ocasiones si convenía avanzar con una ley que posibilite el juicio en ausencia. Sobre este punto volvió la administración de Javier Milei, que presentó en el Congreso una iniciativa que pone en debate dicha posibilidad de cara a la causa penal que, excepto las de lesa humanidad, es la más antigua de Comodoro Py.
Expedientes judiciales como cajas chinas
“Además de que lleva 30 años y a nivel político hablamos de la causa más antigua, es que estuvo el expediente de la explosión, después la causa por el encubrimiento de la explosión, después la causa de la muerte de Alberto Nisman -quien era titular de la UFI-AMIA y denunció a Cristina Kirchner- que es el encubrimiento del encubrimiento. Es tan complejo no sólo porque pasó hace tres décadas, sino porque tenés tres líneas de investigación: el hecho, el encubrimiento del hecho y el encubrimiento de esto último”, indicó un juez federal que conoció la causa de cerca.
En la actualidad, además de la AMIA y la DAIA, como querellantes intervienen en la causa otras cuatro agrupaciones que nuclean damnificados y familiares de víctimas, entre los que sobresalen APEMIA, Memoria Activa y 18J. Todas tienen un sólo objetivo: que la sociedad conozca la verdad de lo sucedido y llevar a juicio a los responsables. Aún siguen reclamando.
El abogado Tomás Farini Duggan dijo a Clarín: “La trama AMIA es un emergente más de todo lo que está mal en la Argentina. Combina corrupción, inoperancia, descrédito de las instituciones, injerencia política y prejuicios. Y digo la trama y no la causa AMIA porque la cuestión abarca mucho más que el atentado a la sede de la AMIA. También comprende el atentado a la embajada de Israel, el asesinato del fiscal Nisman y todos los encubrimientos ocurridos, como por ejemplo la causa ominosa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán”, con el que el gobierno de Cristina Kirchner intentó abrir una negociación amigable con el régimen de los ayatolás.
Entre las novedades más recientes en materia judicial, la Sala II de la Cámara de Casación Federal confirmó a Irán como el promotor, financiador y ejecutor de los atentados ocurridos en 1992 y 1994. Este dato también resulta de los informes de la SIDE recientemente desclasificados en la causa AMIA, “que obviamente el Gobierno de Cristina Kichner conocía al firmar el pacto con Irán”, dijo el abogado.
A la inmensidad del expediente sin mayores avances sobre los acusados, se suma otro dato. Desde 2015 la UFI AMIA recibió la totalidad de los informes de inteligencia que fueron desclasificados. “Para dimensionar adecuadamente el volumen de material a relevar, ese material estaba guardado en tres depósitos del organismo de inteligencia. En el primero de ellos, había 997 cajas o paquetes distribuidos en 698 metros lineales; en el segundo se encontró un fondo heterogéneo en cuanto a materiales y formatos de 730 metros lineales, y en el depósito de la ex Dirección de Observaciones Judiciales había 465 metros lineales. Es decir, que la cantidad aproximada de documentación en poder de la Agencia de Inteligencia y sujeta a este proceso es de 1.893 metros lineales”, informó el Ministerio Público Fiscal.
Se trata del mayor volumen de documentación afectada a un expediente penal, que expone otra dificultad: está distribuida en distintos depósitos y oficinas, en malas condiciones de conservación y sin criterios de organización archivística ni instrumentos de control (inventario, catálogo, etc.).
Así, treinta años después la investigación sobre el mayor atentado terrorista que nuestro país sufrió sigue acumulando años, documentación que aún falta sistematizar y líneas de investigación abiertas.
Fuente Clarin
