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IsraelEl acuerdo del Partido Socialista de Cataluña con Esquerra Republicana, distribuido formación independentista, salta por los aires el sistema de financiación autonómica. Cataluña saldría del Régimen Común y lograría un concierto propio y bilateral con el Estado como el que ya poseen País Vasco y Navarra. Este concierto incluye una reducción de la aportación de la comunidad autónoma a la solidaridad territorial que vendrá determinada por el criterio de ordinalidad, aunque el acuerdo no fija cuantías. El sistema de financiación singular debería completarse en el primer semestre de 2025, aunque muchas de las cesiones tardarán años en completarse. Hasta entonces, el acuerdo fija que el Estado proveerá de un “incremento sustancial de los recursos” transferidos a Cataluña a modo de transición hacia el nuevo sistema.
La Generalitat pasará a gestionar íntegramente la recaudación de los impuestos dentro de su territorio. Será la Agencia Tributaria Catalana quien se encargue de todo el proceso recaudatorio, incluyendo la inspección. El acuerdo incluye el compromiso de que la Agencia Tributaria estatal (AEAT) transfiera “medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos” a la Agencia catalana.
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Cataluña también conseguiría aumentar su capacidad normativa para establecer tributos y su diseño. Esto permitiría a la Generalitat fijar una política fiscal propia y diferente del resto de CCAA aprovechando los recursos que ganaría con la reducción de la solidaridad. Estas modificaciones requieren de la reforma de la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA), lo que implica la necesidad de unas mayorías en el Congreso que podrían no existir. Pero el acuerdo contempla que, hasta que se logre lo pactado, Cataluña recibirá una mejora de la financiación para compensar el “déficit” que sufre en la actualidad. A continuación se explica el contenido del acuerdo con más detalle:
Cataluña está infrafinanciada
Las dos partes firmantes reconocen que Cataluña está infrafinanciada y que realiza una contribución a la financiación territorial que “supera con creces” lo que le correspondería a un modelo de solidaridad. El acuerdo señala, específicamente, que Cataluña sufre “una insuficiencia financiera crónica”. Una afirmación que no avalan las liquidaciones anuales del sistema de financiación, que sitúan a Cataluña en línea con la media nacional de ingresos por habitante ajustado. A partir de este diagnóstico, el resto del acuerdo va dirigido a reducir la contribución de Cataluña a la solidaridad territorial.
Un concierto económico
Cataluña logra su propio concierto económico similar al que tienen País Vasco y Navarra. Con el sistema actual, la Agencia Tributaria estatal recauda los impuestos nacionales y los reparte entre las CCAA del Régimen Común según los criterios fijados en la ley de financiación autonómica. Esto cambiaría radicalmente con la aplicación del acuerdo alcanzado. Cataluña recaudaría sus propios impuestos y pasaría a abonar al Estado una cuantía anual para sufragar los gastos que hace el Estado en Cataluña y una cuota de solidaridad territorial que no está fijada en el texto. En el caso de Euskadi, esto es lo que se conoce como cupo, el cálculo anual de la aportación de la comunidad autónoma al resto del Estado por las competencias no soportadas.
El cálculo de estos gastos se fijaría a través de “un porcentaje de participación en los tributos”. Esto es, un sistema idéntico al que tienen actualmente el País Vasco y Navarra. Esta cuantía, que se denomina índice de imputación, está fijada en el 6,24% para Euskadi.
La aplicación del acuerdo implica que las negociaciones de la financiación de Cataluña pasarían a ser bilaterales, lo que abre la puerta a la compra de apoyos de los partidos independentistas o nacionalistas. La experiencia de la opacidad del cupo vasco y la aportación navarra suponen un buen ejemplo de cómo un gobierno puede mejorar la financiación de un régimen foral sin que llegue nunca a conocerse.
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Recorte de la solidaridad
Con la aplicación del acuerdo, Cataluña pasaría a realizar una transferencia específica a la solidaridad territorial. Este cambio es muy relevante, porque ya no participaría en los fondos de nivelación entre territorios, como tampoco hacen Navarra y el País Vasco. De este modo, la aportación de Cataluña al conjunto del territorio dependerá de la negociación bilateral que haga con el Estado.
Lo que sí fija el acuerdo es que la solidaridad tiene que estar limitada por el principio de ordinalidad. Esto es, que las comunidades que más aporten sean las que más reciben. Esta vía, reclamada por Esquerra Republicana en numerosas ocasiones, es la fórmula para reducir la aportación al resto de territorios. “Esta solidaridad ha de estar limitada por el principio de ordinalidad”, señala el pacto.
Mayor capacidad fiscal
El acuerdo también contempla que la Generalitat aumente sus competencias a la hora de fijar impuestos, aunque debe realizarse “en coordinación con el Estado y la Unión Europea”. Logra así la otra particularidad que actualmente solo tienen los regímenes forales, y es la capacidad para fijar una fiscalidad diferente a la del resto del territorio.
“Es necesario un aumento sustancial y progresivo de la capacidad normativa de todos los tributos generados en Cataluña”
“Es necesario un aumento sustancial y progresivo de la capacidad normativa de todos los tributos generados en Cataluña”, indica el acuerdo. Por ejemplo, la comunidad podría utilizar la ganancia de capacidad fiscal que lograría reduciendo su aportación a la solidaridad para rebajar sus impuestos por debajo de la media nacional.
Gestión de los impuestos
Cataluña también conseguiría la recaudación íntegra de todos los impuestos generados en el territorio, desde el IRPF, hasta el IVA o sociedades. Esto incluye también la inspección. La gestión sería realizada por la Agencia Tributaria Catalana, que sucederá a la Agencia Tributaria estatal. El acuerdo contempla que el Estado ayudará al desarrollo de la Agencia catalana enviando los recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos que sean necesarios. Esto implicaría el desmontaje de la Agencia Tributaria en Cataluña, ya que perdería todas sus competencias actuales.
Medidas compensatorias
El acuerdo es tan ambicioso que las partes reconocen que serán necesarios varios años hasta culminar todo su contenido. Pero, para empezar, acuerdan que Cataluña recibirá un “incremento sustancial de los recursos” que no está determinado.
Las dos partes coinciden en que el Estado tiene que “compensar” inmediatamente los desequilibrios que el actual modelo le ha generado a Cataluña. Esto significa que el Estado tendría que realizar una transferencia a la Generalitat hasta que se complete la creación del concierto catalán.
“Cataluña sufre una infrafinanciación que supera lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios”
Competencias no homogéneas
Este es un término muy utilizado en los últimos meses y que también figura en el acuerdo. Las dos partes abren la puerta a cuantificar algunos gastos adicionales que soporta la Generalitat y que aumentarían el porcentaje de los tributos que se quedan dentro del territorio. Este dato tampoco está cuantificado.
Un consorcio inversor
Los partidos firmantes también señalan que el Estado ha provocado un “déficit de inversiones” en Cataluña. Para evitar que esta situación se repita, se creará un “consorcio paritario” entre el Estado y la Generalitat que gestionará la ejecución de las inversiones dentro del territorio.
Los presupuestos del Estado deberán destinar a Cataluña una financiación que esté en línea con su participación en el PIB y este consorcio será quien reciba esos fondos y los ejecute. De esta forma, la Generalitat también participará de las inversiones en Cataluña financiadas con cargo a los presupuestos nacionales.
¿Y el Régimen Común?
Este cambio en el estatus de Cataluña provocaría que el Régimen Común salte por los aires. El sistema de financiación tendría menos recursos para repartir y, por tanto, las CCAA beneficiarias netas tendrán menos ingresos. Es probable que todas las CCAA salgan perdiendo. Pero hay más, porque la salida de Cataluña también altera la situación relativa de las CCAA respecto de la media.
Algunas regiones que actualmente son receptoras netas, podrían pasar a ser contribuyentes si su renta pasa a situarse por encima de la nueva media resultante de perder a Cataluña. Además, las que actualmente están por encima de la media, Madrid y Baleares, se alejará aún más, por lo que les podría corresponder una aportación mayor a la solidaridad. Todo depende de la cuantía de la solidaridad que se fije para el nuevo régimen catalán.
Fuente El Confidencial
