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El ministro Alberto Martínez Simón conversó sobre la situación de la senadora expulsada del Congreso Kattya González (PEN), ya que en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está hacer lugar o no a la acción que ella presentó para volver a la Cámara Alta. Recientemente llamaron a autos para sentencia.
El ministro de la Corte Alberto Martínez Simón fue consultado por radio Monumental 1080 AM sobre cuánto tiempo podría demorar la máxima instancia judicial en integrar el pleno para definir la situación de la senadora expulsada Kattya González, a partir de los autos para sentencia.
La política encuentrista fue destituida de la Cámara de Senadores en febrero pasado por un bloque compuesto por el cartismo y sus aliados.
El Ministerio Público fue previamente consultado al respecto y recomendó a la Sala Constitucional de la CSJ hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la legisladora para volver a ocupar su curul. La Corte también pidió su opinión al Senado.
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“Normalmente no tarda, pero tuvimos casos donde se han demorado. En el caso de mi gabinete, las pruebas están a la vista y se devuelve el expediente con la aceptación”, explicó.
Además, indicó que normalmente esta etapa tiene un trámite administrativo que implica la integración por secretaría. Es decir, en primer lugar se dicta una providencia por cualquiera de los ministros, se pide la ampliación y luego se pasa a los distintos gabinetes.
“Es un trámite que no debería demorar mucho tiempo en cumplir. Esta es la situación procesal del caso”, prosiguió.
Por otro lado, le preguntaron si existe o no un plazo para devolver el expediente alegando alguna causal de inhibición o aceptando la competencia, y respondió que no hay ninguno. La demora dependerá de la respuesta de cada ministro, si tiene o no causales de inhibición.
“No recuerdo. Tendría que decirlo, no hay ningún plazo al respecto, pero normalmente, como te digo, es un trámite que no debe durar mucho”, sostuvo.
Kattya fue destituida por una mayoría cartista y sus aliados, pese a las posturas en contra y dejando de lado el reglamento por el cual el mismo pleno había aumentado a 30 el número requerido para la expulsión de los legisladores.
La abogada no tuvo mucho tiempo para ejercer su defensa, apoyada incluso por algunos disidentes del Partido Colorado que consideraban que correspondía una suspensión, pero no su destitución del Congreso.
Fuente Última Hora
