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Los auditores pertenecientes a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) afirman que realizan entre dos y tres visitas por semana a diferentes obras sociales sindicales. El objetivo es cumplir con el plan de reordenamiento del sistema sanitario que impulsa el ministro de Salud Mario Russo en conjunto con el presidente Javier Milei.
Esto se hace bajo la presunción -no solo de los funcionarios sanitarios sino de otros alfiles de gran importancia en el Gobierno como Federico Sturzenegger- de que las obras sociales son la principal caja política de sus respectivos sindicatos y que “se deben acabar con los curros con los que se financian”.
Obras sociales: la reforma pendiente que tiene el Gobierno
Ante sus allegados, el ministro de Desregulación y Transformación todavía se relame por el intento fallido para eliminar la obligatoriedad de las “contribuciones solidarias” -una de las principales fuentes de ingresos para los gremios-. Funcionarios que lo conocen muy bien indican que es la reforma que más lo obsesiona, ya que la cree como el punto decisivo para debilitar la posición de los gremios.
Quien por el momento le pone un freno en esa misión es el propio Milei, que pese a estar de acuerdo a esa propuesta, sabe que sería generar ruido en un contexto donde dosificar los conflictos políticos. Pareciera ser que el Congreso más robusto que se le presentará a La Libertad Avanza luego de las legislativas de 2025 sería un escenario más propicio para insistir con un paquete de reformas recargado.
Los principales líderes de la CGT al salir de la Casa Rosada meses atrás luego de una reunión con la cúpula del Gobierno. (NA)
¿Qué implicaría la quita de la obligatoriedad de esos aportes? En muchos casos la baja sustancial del principal aporte que reciben esas obras sociales. En la actualidad, los trabajadores registrados direccionan el 3% de su sueldo a su obra social, mientras que el empleador aporta un 5% del mismo. La idea de hacerlo voluntario hará que los contribuyentes se reduzcan considerablemente.
Aunque más del 80% se destina directamente para la obra social, el porcentaje restante se destina al Fondo de Solidario de Redistribución (FSR), que -como lo indica su nombre- redistribuye dinero a las entidades de la salud para poder costear tratamientos complejos de salud o para que estas puedan cumplir con los requisitos del Programa Médico Obligatorio (PMO).
La fase actual del reordenamiento de obras sociales
Cada uno de estos programas tiene un propósito detrás, los cuales están siendo revisados. Un ejemplo es el SUMA, un subsidio creado durante el 2012 para corregir asimetrías entre obras sociales más grandes y las que tienen menos de 5000 afiliados, dándoles más fondos por cabeza.
Justamente ese programa fue retocado meses atrás por la gestión de la SSS, a cargo de Gabriel Oriolo, para equiparar los fondos por afiliados para todos los casos. Desde la Superintendencia lo justificaron diciendo que había obras sociales que eran sellos de goma y tenían afiliados fantasmas para cobrar mayores subsidios. Por el caso contrario, marcaban que había otras que tenían subregistros para no superar la barrera de 5000 afiliados.
Según publicó El Cronista en junio en base a registros oficiales, en su primer mes de aplicación se evidenció un ahorro total de $ 3.481.169.537,22. A modo de ejemplo, la más perjudicada por la medida, la Obra Social de Modelos Argentinos, dejó de percibir cerca de $ 124.695.532,91.
La OSMA contaba con 4420 afiliados: si el SUMA se hubiera mantenido bajo los anteriores parámetros, el OSMA habría recibido $ 29.270 por afiliado ($129.376.104,50 en total); ahora será $ 1058 por cabeza ($4.680.571,59).
Ejemplo de obras sociales que sufrieron grandes variaciones en sus percepciones por el programa SUMA. Mirar las variaciones entre el acumulado del primer semestre con los montos mensuales posteriores de julio y agosto.
Aunque no se replica en todos los casos, algunos de esos ejemplos fueron divisados en las decenas de auditorías que ya realizó la SSS. Además de controlar los balances, memorias y registros de las empresas de salud; el objetivo también es atestiguar si hay una prestación de servicios genuina.
Al menos eso no se divisó en cuatro obras sociales, lo que hizo que se iniciaran acciones para intervenirlas. Las primeras fueron la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF) y la Obra Social de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La noticia por esta última fue revelada por El Cronista, tratándose de una de las decisiones más resonantes de la cartera sanitaria por ser la segunda obra social más grande del país con más de 650.000 afiliados.
Esta decisión se dio por dos factores determinantes. En primer lugar, acusaron que la deuda financiera que acarrea (de $43.949 millones hasta marzo de 2024) pone en peligro la sostenibilidad de la entidad; en segundo, indicaron que presenta enormes irregularidades administrativas y años de falta de información necesaria como para funcionar como agente del sistema de salud.
Durante la última semana, el Gobierno tomó el primer paso para intervenir otras dos entidades más a través del nombramiento de administradores provisorios: el lunes, la Superintendencia sacó una resolución en la que oficializó eso en la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) y el miércoles la Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM).
Fuente El Cronista
