Por Nicolás J. Portino González
La Cámara de Diputados aprobó una ley que, lejos de garantizar mayor seguridad para los ciudadanos, es otro eslabón en la cadena de la inoperancia estatal y el desmantelamiento de la capacidad de defensa civil. Con un disfraz progresista, esta “Ley de Regularización de Armas” se presenta como una respuesta a la violencia armada, pero en realidad es una clara maniobra hacia el desarme de los ciudadanos responsables, y su principal cómplice en este desastre es el ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), una entidad cuyo funcionamiento deja mucho que desear. Milei habia prometido agilizar las portaciones de armas.
Bajo la dirección de Juan Pablo Allan, el ANMAC ha demostrado ser un organismo ineficiente, desconectado de la realidad y sin ninguna intención seria para enfrentar el problema de las armas ilegales. En lugar de actuar como un verdadero regulador, el ANMAC continúa con el espíritu de la gestión anterior de “La Cámpora”, siendo una institución burocrática, ineficaz y desorientada, que castiga a los ciudadanos honestos y deja a los delincuentes al margen de cualquier control real. Cuando hablamos de “delincuentes” en muchos casos son aquellos empleados del organismo que Allan ha encubierto con los espurios arreglos a los que nos tiene acostumbrados, ahora con el sindigarco de UPCN. En La Plata, el mismo Allan nombra a delegado de La Campora, raro.
El mayor reflejo de su inoperancia es su “comisión de portaciones y sanciones”, integrada por personajes que de idóneos y expertos parecieran no tener absolutamente nada, a pesar de años en el organismo y muchos almuerzos con legítimos usuarios en el caso de Julio Cesar Mazzoni, los otros integrantes son, Juan Carlos Della Paolera y Lagueza Blas. Estas figuras, lejos de tener el “tino” que el cargo exige, han convertido al ANMAC en una máquina de trabas administrativas y sanciones desmedidas para quienes cumplen con la ley, mientras que las armas ilegales siguen circulando impunemente por las calles. Su falta de preparación y su desconexión con la realidad son tan evidentes que resulta ofensivo para cualquier civil que haya seguido las normas y haya demostrado ser un usuario responsable de armas de fuego.
Si el ANMAC es el monumento a la inoperancia, Juan Pablo Allan es el arquitecto. Su liderazgo ha sido, en el mejor de los casos, incompetente, y en el peor, una complicidad descarada con la agenda del desarme civil que financian organismos internacionales como el BID. En lo que va de su mandato, el ANMAC no ha sido más que una herramienta para implementar políticas que castigan al ciudadano idóneo y responsable, y su gestión está marcada por la falta de transparencia y de criterio técnico para tomar decisiones sobre la portación y tenencia de armas.
Tanto así que Allan llegó a rechazar las portaciones solicitadas por la nueva SIDE.
En lugar de generar políticas que garanticen el uso responsable de armas y permitan que los ciudadanos se defiendan en sus hogares, Allan ha convertido al ANMAC en un vehículo de represión burocrática, donde la portación de armas es vista como un lujo inalcanzable, y no como un derecho legítimo de defensa.
- La farsa de la comisión de portaciones y sanciones:
La “comisión de portaciones y sanciones” es un fiel reflejo de la gestión berreta de Juan Pablo Allan.
El ex SIDE Julio Cesar Mazzoni, Juan Carlos Della Paolera y Lagueza Blas son nombres que, lejos de inspirar confianza, solo generan dudas y rechazo. En cambio, sus decisiones parecen ser arbitrarias, desprovistas de sentido común y orientadas a desarmar sistemáticamente a la ciudadanía responsable.
Bajo su administración, los trámites se han vuelto interminables, los requisitos se han multiplicado de manera absurda y las sanciones, muchas veces injustificadas, han generado un clima de desconfianza entre los usuarios que cumplen con la ley. Es un sinsentido: mientras los delincuentes siguen actuando con total impunidad, el ANMAC se dedica a entorpecer y sancionar a quienes, en un marco legal, intentan defenderse y proteger a sus familias.
- Un sistema roto.
El ANMAC, bajo la gestión de Juan Pablo Allan, y con la colaboración de su incompetente “comisión de portaciones y sanciones”, se ha convertido en una entidad que no solo no cumple su función, sino que es un obstáculo directo para la seguridad ciudadana. Este organismo, que debería estar destinado a garantizar el uso seguro y responsable de las armas, se ha transformado en una herramienta de desarme y represión burocrática, siempre en detrimento de los ciudadanos honestos.
Lo que se ha votado hoy en la Cámara de Diputados no es más que el reflejo de esta política vacía, ineficiente y perjudicial. Esta ley no resuelve los problemas de la inseguridad ni combate la tenencia de armas ilegales. Al contrario, castiga al civil idóneo mientras deja margen de acción a los delincuentes, que en caso de tenencia ILEGAL, cuentan con 360 -trescientos sesenta días- para entregar sus armas al organismo. Francamente nos toman el pelo.
Sepan disculpar, pero lo que han votado hoy, y lo que el ANMAC ejecuta bajo Allan y su lamentable equipo, no sirve absolutamente para nada.
